El hombre tiene hambre,
hambre de ley natural
ante tanta ley sin ley,
de justicia social,
necesidad de vuelo,
ansiedad de verdad,
frente a tantas
necias necedades.
Víctor Corcoba Herrero |
Por Octaviano Lozano Tinoco
Analista político internacional
La sentencia de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez marca un hito en Colombia, un país cuya historia cambió tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Ese día, el líder liberal, cuya popularidad desató un fervor único en el siglo XX, fue ultimado en Bogotá, desencadenando el llamado “Bogotazo”, una revuelta que se extendió por el país y dio origen a un periodo de violencia que gestó guerrillas y marcó décadas de inseguridad.
Aquel viernes, Gaitán, un exitoso abogado, celebraba un triunfo jurídico. Al salir a la Carrera Séptima, cerca de la Avenida Jiménez, recibió cuatro disparos. “¡Mataron a Gaitán!”, se gritó, y el país se incendió. El crimen, según hipótesis, pudo ser obra de oligarquías, jerarcas políticos, intereses petroleros o incluso del gobierno estadounidense, temeroso de nacionalizaciones si Gaitán llegaba al poder.
Su muerte dejó un saldo trágico: más de 260,000 muertos, miles de desaparecidos y casi siete millones de desplazados en un conflicto que aún resuena.
Uribe, quien forma parte de la ultraderecha colombiana, no ha sido condenado por los peores crímenes que se le atribuyen, como sus presuntos vínculos con el paramilitarismo, la secuela de asesinatos por estas bandas, los falsos positivos —jóvenes presentados como guerrilleros asesinados en combate durante su política de Seguridad Democrática—, las masacres de El Aro y La Granja, y una estela de centenares de crímenes y graves violaciones a los derechos humanos.
Las Madres de Soacha aún piden justicia por sus hijos asesinados durante el gobierno de Uribe.
El fallo contra Uribe, emitido el 1 de agosto de 2025 por la jueza Sandra Heredia, lo halló culpable de soborno a testigos y fraude procesal.
La magistrada le impuso prisión domiciliaria, una multa de 776 mil dólares y una inhabilitación de ocho años para cargos públicos. Uribe, presidente entre 2002 y 2010, apeló el fallo, calificándolo de “persecución política” y alegando sesgo judicial.
La jueza argumentó que Uribe manipuló a exparamilitares con dinero o beneficios para que declararan a su favor, aunque lo absolvió de un caso de soborno a una exfiscal.
El caso comenzó en 2012, cuando el senador Iván Cepeda denunció los supuestos vínculos de Uribe con paramilitares.
La Corte Suprema cerró la investigación contra Cepeda y abrió una contra Uribe por manipulación de testigos. En 2020, El exmandatario estuvo dos meses en arresto domiciliario, pero recuperó la libertad al renunciar al Senado, pasando el caso a la fiscalía.
Entre los testigos clave está Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar que acusó a Uribe de planear matanzas en una hacienda familiar, aunque luego se retractó, alegando presiones del abogado de Uribe, Diego Cadena.Uribe, líder del Centro Democrático, despierta admiración y rechazo.
El presidente Gustavo Petro negó que el gobierno esté detrás de la condena, señalando que Uribe inició el proceso al denunciar a Cepeda.
Con casi 60 investigaciones abiertas contra él, Uribe enfrenta acusaciones que van desde homicidio hasta compra de votos. Su legado incluye una ofensiva contra las FARC, una reelección inédita y la victoria del “No” en el plebiscito por la paz de 2016.
Sin embargo, su condena marca un precedente: es la primera vez que un expresidente colombiano es sentenciado por la justicia ordinaria.
El fallo, que será revisado en segunda instancia, genera debate global. La congresista estadounidense María Elvira Salazar lo calificó como una persecución del gobierno de Petro.
Mientras, Colombia sigue buscando la justicia que Gaitán soñó, en un país donde la paz sigue siendo esquiva.
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