Por ELVIA ANDRADE BARAJAS

CIUDAD DE MEXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, México, 12 de octubre de 2022.- En medio del escándalo del hackeo del grupo internacional Guacamaya Leaks a los archivos secretos de la Secretaria de la Defensa Nacional y del lanzamiento del libro EL REY DEL CA$H hoy la Cámara de Diputados aprobó la minuta que reforma el artículo quinto transitorio del decreto que deroga disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional, a fin de que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública “de forma extraordinaria”.

La aprobación de militarizar México ocurre después de que los diputados aprobaran por 483 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención reformar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito para que sean decomisadas por el Estado, las cuentas bancarias abandonas en los últimos tres años, y destinen ese dinero, de los ciudadanos, a pagar tareas de seguridad pública y militar.

En el proyecto de militarizar México, el presidente de la República se obliga, a partir de 2023, a destinar un presupuesto mayor a las Fuerzas Armadas para su desempeño.

En prevención de esta erogación, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, propuso que el Estado confisque las cuentas bancarias de ciudadanos que están abandonadas por lo menos tres años.

Tras la aprobación de esta iniciativa, la senadora Lilly Téllez, de Acción Nacional, llamó a los ciudadanos a través de redes sociales a hacer movimientos en sus cuentas bancarias.

“El gobierno de Morena tiene licencia para robarle su dinero y darlo al ejército”, alertó la senadora panista, que ha manifestado su interés de lanzar su candidatura para las presidenciales de 2024, asegurando que “de llegar voy a meter a la cárcel a López Obrador”.

A través de redes sociales, la legisladora panista aseguró que “el gobierno de Morena tiene licencia para robarle su dinero y darlo al ejército”.

“Hagan algún movimiento en ellas para que Morena no les robe sus ahorros”, alertó la aspirante a la Presidencia de México, quien tras conocerse los documentos de Guacamaya Leaks, calificó de “bola de corruptos a los militares”, mientras que el presidente López Obrador los exhibe como lo más honesto del gobierno.

El colectivo Guacamaya, un grupo de activistas latinoamericanos que se define como “la naturaleza”, atacó los servidores de los ejércitos de Chile, Perú, Colombia, El Salvador y México, y distribuyó  documentos confidenciales entre periodistas y medios de comunicación de distintas latitudes para difundir la corrupción que existe dentro de esas instituciones militares.

El 19 de septiembre pasado la organización Guacamaya Leaks  hackeo el sistema de seguridad del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile (EMCO), filtrando cerca de 400 mil correos electrónicos del organismo. Hasta ahora los ataques de la red de hackers estaba centrada en empresas mineras y petroleras, las policías y varias agencias reguladoras latinoamericanas.

En México, los piratas informáticos entraron a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y extrajeron más de seis terabytes de información con miles de documentos confidenciales, fotografías y videos, hecho que fue confirmado por el presidente López Obrador, aunque desestimó que se encuentre en riesgo la seguridad nacional y dijo que todo lo que se ha revelado ya era del conocimiento público.

Desde la revelación del hackeo a la SEDENA a diario se han dado a conocer una serie de hechos de corrupción en los que participó el Ejercito, y pese a ello la Cámara de Diputados aprobó su participación en tareas de seguridad.

El dictamen aprobado será enviado a los 32 Congresos Locales para su aprobación al menos en 17 de ellos, y regrese a la Cámara alta.  Pase al Ejecutivo, para su publicación en el Diario de la Federación y entre en vigor.

En un caluroso debate y tras muchas horas de sesión, los diputados propusieron incluir una disposición para que la participación de las Fuerzas Armadas respete los Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Tras su aprobación en lo por lo menos 17 Congresos Locales, las Fuerzas Armadas participarán en Seguridad Pública hasta 2028 o nueve años después de la publicación de las reformas al proyecto aprobado hoy en San Lázaro.

Las Fuerzas Armadas de México están integradas por tres instituciones militares permanentes, agrupadas en dos Secretarías de Estado: Secretaría de la Defensa Nacional (a cargo del Ejército México y la Fuerza Aérea Mexicana) y la Secretaría de Marina (a cargo de la Armada de México).

Actualmente las Fuerzas Armadas de México combaten permanente el tráfico de narcóticos y auxilian a la población civil ante desastres naturales.

En Conjunto, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México tienen 333 mil 001 mil elementos, cuyo comandante supremo es el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Ejército Mexicanos cuentan con 227 mil 304 (2022) soldados responsables de defender el territorio mexicano y la soberanía nacional, garantizar la seguridad interior e instrumentar el Plan DN-III_en caso de desastre. Sus integrantes surgen del Servicio Militar voluntario al que todo mexicano hombre está obligado a partir de los 18 años.

La Armada de México tiene 75 mil 181 (2022) marinos y se encarga de vigilar y salvaguarda las costas, el mar territorial, la zona económica exclusiva y el espacio aéreo marítimo de México, para garantizar la soberanía nacional y la seguridad interior; inspecciona las aguas interiores, vías fluviales y lacustres navegables, e instrumenta el Plan Marina en caso de desastres.

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) es la que tiene menos elementos con 30 516 (2022). Es la rama del aire y depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se encarga de la defensa del espacio aéreo, el territorio y soberanía nacional, garantizar la seguridad interior e instrumentar el Plan DN-III-E en caso de desastres.

La minuta que modifica el artículo Quinto Transitorio del decreto que reforma disposiciones de la Constitución Política en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario de la Federación, el 26 de marzo de 2019, fue aprobada con 399 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones.

La participación de las Fuerzas Armada debe ser extraordinaria, es decir sólo en casos de absoluta necesitad y debe ser solicitada por la autoridad civil, cita el documento.

El dictamen aprobado indica que las tareas de Seguridad Pública debe realizarlas con su organización y medios, y capacitarse en la doctrina policial civil del artículo 21 Constitucional.

Subraya que las acciones que lleve a cabo, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.

Establece que el Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral, proporcionando indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Para el análisis y dictamen de los informes, añade que, en un plazo no mayor a 60 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, se integrará una Comisión Bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las cámaras del Congreso de la Unión.

La Comisión Bicameral se reunirá cada que lo solicite su directiva y para la emisión del dictamen semestral, convocará a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina.

Ese dictamen, añade, evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas para la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida su presencia en esas labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que contribuyan al cumplimiento del plazo establecido.

Puntualiza que la Comisión Bicameral remitirá a cada una de las cámaras del Congreso los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez aprobados se enviarán al Ejecutivo Federal, quien deberá informar de la atención que brindó a las recomendaciones emitidas.

El dictamen indica que la Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, a fin de garantizar que, luego del plazo señalado, la Fuerza Armada permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de la Constitución.

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de Seguridad Pública la evaluación integral, en una perspectiva de seis años, contados a partir de la entrada en vigor de la reforma del programa señalado en el artículo Séptimo Transitorio.

Los resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido programa y su calendario de ejecución por los órganos competentes.

Expone que, a partir de la entrada en vigor del Decreto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y los programas señalados en el artículo Séptimo Transitorio del decreto de fecha 26 de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, a fin cumplir lo establecido en el segundo párrafo de dicho transitorio.

A partir del ejercicio fiscal 2023, añade, el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública, mismo que se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El Fondo no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año y recursos no podrán ser utilizados para otro fin.

Subraya que el fondo se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hasta un 25 por ciento de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En adición a esos recursos federales establecidos, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas establecerán anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios, en especial aquellos con menor población o mayor grado de marginación.

Los recursos que se asignen por cada entidad federativa deberán ser al menos en una proporción uno a uno, respecto de los recursos federales a que se refiere este mismo artículo transitorio.

Las partidas presupuestales no se exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política.

En la discusión en lo particular, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC y PRD presentaron reservas, las cuales fueron desechadas.

El proyecto será enviado a los 32 Congresos locales para su aprobación al menos en 17 entidades, para regresar al Congreso de la Unión para dar la declaratoria de publicidad, pasar al Ejecutivo para su entrada en vigor y publicación en el Diario de la Federación.

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Por ELVIA ANDRADE BARAJAS

* Dicen que es hasta 2028, pero una cláusula lo amplia hasta 2031
* Se ha construido un toque de queda suave: Germán Martínez
* Se aprueba entre el hackeo y lanzamiento de “El rey del cash”

Por ELVIA ANDRADE BARAJAS

CIUDAD DE MEXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, México, 04 de octubre de 2022.- Como estaba previsto y en medio del escándalo del hackeo y del libro “El rey del cash, el Senado de la República aprobó que el Ejército Mexicano colabore con tareas de seguridad pública hasta 2028, cuatro años después de que concluya el presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2024, con lo que garantiza impunidad a sus aliados y a él mismo, ante las acusaciones de tener nexos con el narcotráfico y el crimen organizado, manteniendo una ola de violencia imparable en el país.

Con 87 votos a favor y 40 en contra, los senadores modificaron la minuta que envió la Cámara de Diputados añadiendo mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de seguridad pública que realicen las Fuerzas Armadas. 

Este dictamen mantiene la propuesta de que “durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública”.

O sea que, en realidad, la militarización del país no será hasta 2028 como dicen inicialmente, sino hasta 2031, basándose en la cláusula: “el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública”.

Por ELVIA ANDRADE BARAJAS

CIUDAD DE MEXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, México, 21 de septiembre de 2022.- Mientras en el Senado de la República la oposición freno la militarización del país y regresó  a comisiones el dictamen para extender la permanencia de Fuerzas Armadas en seguridad pública, en Texas, el gobernador Greg Abbott emitió  una orden ejecutiva para que los cárteles mexicanos sean declarados organizaciones terroristas e instruyó al Departamento de Seguridad Pública del estado (DPS) “tomar medidas inmediatas para mantener seguros a los tejanos en medio de la creciente crisis nacional de fentanilo”.

Tras la suspensión de la discusión del proyecto para extender la presencia del Ejército en las calles, el senador de Morena Ricardo Monreal advirtió que los únicos que estarán contentos con el regreso de elementos del Ejército y la Marina a sus cuarteles, sería la delincuencia organizada.

Y, como si le dieran la razón, por la noche ocurrió otra tragedia en Guanajuato, el estado más violento del país.

Un grupo armado, al parecer del cartel de Santa Rosa de Lima, irrumpió fuertemente armado en el billar-bar El Jarras, en la calle Independencia del centro del municipio, y abrió fuego contra unas 10 personas.

Nueve personas murieron en el lugar y una más resultó gravemente herida.

Por la tarde, en Lagos de Moreno, Jalisco, renunció el Comisario General de la Policía, Moisés torres Ramírez, tras registrarse varias balaceras contra elementos uniformados de Jalisco.

Por la mañana, el gobernador texano envió una carta al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris solicitando clasificaciones de terroristas federales para el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, así como otros carteles que producen y distribuyen fentanilo letal.

En opinión del gobernador Greg Aboott los cárteles mexicanos son responsables de miles de muertes en Estados Unidos, refiriéndose al fentalino, droga sintética utilizada en medicina por sus acciones analgésicas y de anestesia.

Sin embargo, el fentanilo fue fabricado por primera vez por Paul Jansen en 1960 y aprobado para uso médico en Estados Unidos, donde era recetado y consumido libremente, provocando una adicción en la población americana, que ha registrado más de 20 mil muertes por sobredosis, entre ellos varios famosos como Prince, Li Peep, Tom Petty y otros.
 
Es en el Estado Shan en Myanmar, antigua Birmania,  se producen estas drogas sintéticas.

No en México, como asegura el gobernador de Texas.

Sin embargo, la violencia de los carteles mexicanos, que se han apartado de “la ética” han provocado una grave crisis de seguridad en el país, con atentados contra la población civil, lo que ahora es utilizado por políticos estadounidenses para atacar México.

El ex presidente Donald Trump, acusado hoy de fraude expansivo, también quería declarar terroristas a los carteles mexicanos y bombardear México.

De proceder esta declaración, Estados Unidos atacaría México, como lo ha hecho en otros países, con la diferencia de que ahora se daría un tiro en los pies, porque además de ser vecinos son socios comerciales.

Estados Unidos tiene en México 5 millones 528 mil 698 negocios, entre centros comerciales y diversos servicios, cuyos propietarios son americanos, de acuerdo con estadísticas del INEGI el 26 de mayo de 2022.

Irónicamente, los carteles mexicanos han crecido con ayuda de empresas estadounidenses que les han suministrado armas y vehículos bélicos que introducen ilegalmente a través de la frontera Estados Unidos-México, generando que la imagen del mexicano sentado con un sombrero  y sarape haya cambiado por la de un hombre violento, armado, rico y muy peligroso.

Las armas de fuego más comunes de contrabando que Estados Unidos vende a México son AR-15 y AK-47, así como pístolas semiautomáticas FN Five-SeveN, fusiles de asalto, carabinas M4 con lanzagranadas M203.

A principios de agosto de 2021, el gobierno mexicano demandó a 12 empresas de armas de Estados unidos, responsabilizándolos de inundar de armamento a México y provocar un devastador derramamiento de sangre.

El 70% de las armas que hay en México provienen de Estados Unidos, por lo que el gobierno mexicano también responsabiliza a su vecino de la narcoviolencia que se vive en tierras mexicanas, donde por las armas automáticas el número de víctimas en un ataque subió de uno a más de 10 a la vez.

Hasta mayo de 2021 estaba documentado que en México había 37 carteles o grupos delictivos, siendo los más poderosos el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que “los carteles no son objetivo del gobierno”, ha provocado que los niveles de inseguridad se disparen, toda vez que los delincuentes tienen la percepción de que gozan a de impunidad.

Este panorama provoca que hacia el extranjero, México se perciba como un país muy peligroso, tanto o más que Colombia.

Sustentado en estos hechos, el gobernador pide que a los carteles mexicanos se les declare terroristas y que en consecuencia se actúe inmediatamente.

Pero, lo más inmediato que ocurrió fue que los senadores de la oposición mexicana frenaron la extensión de la militarización del país hasta 2028 y que el dictamen regresara a análisis.

Lo que esta en firme es que México ha demandado a empresas estadounidenses por trafico de armas y el gobierno estadounidense acusa a los carteles mexicanos de tráfico de drogas.

Y, mientras ambos países se acusan mutuamente, las víctimas, la población americana sigue siendo la principal consumidora de drogas del mundo, sin importarles que para que ellos continúen en su adicción, un ejército de personas de varios países trabaja ilícitamente, corren peligros, son arrestados o mueren en ese camino de violencia y enriquecimiento ilegal.

“Nada de esto ocurriría si los gringos no fueran adictos” dijo durante su mandato el ex presidente Felipe Calderón, quien desde el primer día de su gobierno inició la guerra contra el narcotráfico, con apoyo de la DEA de Estados unidos, la Fiscalía, Policía y Ejercito Nacional de Colombia.

En la guerra contra el narco hubo cerca de 250 mil muertos y más de 121 mil detenidos, entre ellos Édgar Valdez Villarreal, José de Jesús Méndez Vargas alias "El Chango" y Heriberto Lazcano Lazcano.

Entre los narcotraficantes muertos en operaciones realizadas por las fuerzas del gobierno de Calderón se encuentran Arturo Beltrán Leyva, Ignacio Coronel Villarreal, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén y Nazario Moreno.

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Por ELVIA ANDRADE BARAJAS

* PAN impugnará anexión de GN al Ejército
* Despedirán a más de 20 mil de la Policía Federal
* Critican a AMLO por hacer lo que tanto critico

CIUDAD DE MEXICO, Estados Unidos Mexicanos, 04 de septiembre de 2022.- La Cámara de Diputados aprobó la madrugada del sábado reformas a cuatro leyes secundarias para que la Guardia Nacional pertenezca al Ejército, perdiendo su control operativo, administrativo y financiero,  por lo que el Partido Acción Nacional (PAN) prepara una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN) contra esta iniciativa “con lo que la que el presidente Andrés Manuel López Obrador enfila a  México a una dictadura igual a la de Venezuela”, afirmó Marko Cortes, líder nacional panista.

Las veces que sean necesarias diremos NO a la militarización de México, NO a la desmantelación de las policías civiles, que demuestran el rotundo fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno morenista, escribió en un tuit Acción Nacional, que también publicó:

“Vivimos la peor ola de violencia, México esta incendiado y López Obrador responde con una iniciativa donde pretende militarizar a la GN, violando la ley mostrando su incapacidad para gobernar.  URGE construir un México en Paz, pero esta no es la solución”.

La polémica iniciativa que apunta hacia la militarización de la seguridad pública fue aprobada con 265 votos a favor, 219 en contra y una abstención.  En próximos días deberá ser aprobada también por el Senado de la República. 

El presidente López Obrador espera que su iniciativa sea aprobada por el Senado antes del 16 de septiembre, pero especialistas en el tema aseguran que el Mandatario terminará su sexenio sin lograrlo.

Las cuatro leyes secundaria modificadas son:

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea.

Los diputados panistas protestaron en la Tribuna Legislativa con letreros, fotos y videos de López Obrador de 2010 cuando protestaba contra la militarización del país y ahora hace justo lo que criticaba, por lo que insisten en señalarlo como el presidente del narco, para tener un solo mando: el de él.

Las reformas propuestas por López Obrador no sufrieron ninguna modificación y se remitieron a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

MODIFICACIONES APROBADAS VIOLAN ARTICULO 21

La Guardia Nacional concluirá el sexenio del presidente López Obrador al margen de la ley, toda vez que la reforma es una iniciativa de decreto inconstitucional porque contradice el artículo 21º que señala que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”, explico Blanca Ivonne Olvera Lezama, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Además, este lunes el gobierno federal iniciará el despido de elementos de la GN que provienen de la Policía Federal y ya se prepara una “separación Voluntaria” que concluirá el 13 de enero de 2023.

Se prevé que habrá mucha inconformidad entre los elementos que serán despedidos, porque “voluntariamente” muy pocos dejan su trabajo.

Actualmente la Guardia Nacional es integrada por 113,833 efectivos desplegados en 266 coordinaciones regionales en el país; 73,805 efectivos provienen de la secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), 16,792 de la Secretaría de Marina (SEMAR) y 23,236 de la extinta Policía Federal, que representan el 20.41%, de quienes se prevé su despido o “separación voluntaria”.

“La Guardia Nacional, para mí, no fue una idea de la creación de una institución a partir de una necesidad; fue la creación de una institución de un enojo personal”, aseguró Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

“La Policía Federal de Felipe Calderón tenía diseño, claridad, profesionalización, organización y una institución que funcionaba bastante bien, pero fue abandonada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que género una debilidad institucional”, apuntó el economista.

Por su parte, José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que López Obrador militariza México y violenta la Constitución con la reforma para dar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control de la Guardia Nacional.

La Constitución debe acatarse, aseveró, y no existe razón alguna para violentar la Carta Magna y mucho menos para apostar por la militarización del país, con una aprobación fast track como ocurrió en la Cámara de Diputados.

AMLO ASEGURA QUE BAJO INDICE DE VIOLENCIA.
COPARMEX ASEGURA QUE SE DISPARO

Responsabilizo al presidente de la ola de violencia que sacude a México, que en lo que va de su Mandato ha registrado 133 mil 134 homicidios dolosos, que se traducen en 99 muertes violentas al día.

Por ello, en un tuit,  el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez exhortó al Senado de la República a no validar las reformas a la Guardia Nacional, porque contravienen el artículo 21 Constitucional y profundizan la militarización.

Tras la polémica aprobación usuarios de redes revivieron discursos, cuando López Obrador era opositor, en uno de ellos decía:

“esta semana se esta discutiendo y seguramente se va a dar más facultades al Ejercito para el flagelo de la delincuencia.   Hay que ver estas cosas con cuidado, yo voy a hablar con los legisladores de nuestro movimiento, del PRD, de Convergencia, del PT  para que no se vayan a otorgar facultades excesivas al Ejército; ya estamos viendo cpmo se están violando derechos humanos, como inocentes están perdiendo la vida.  No podemos aceptar un gobierno militarista”.

Sin embargo, durante el Cuarto Informe de Gobierno, el pasado 2 de septiembre en Palacio Nacional, su discurso es contrario a lo que criticaba:

“Envié el día de ayer (1 de septiembre) al Congreso una iniciativa de reforma legal integral con el propósito de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa con el único afán de que se consolide, mantenga su disciplina y profesionalismo y, sobre todo, no se corrompa, como sucedió con la antigua policía federal”.

“El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar, con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país”, apuntó.

Asimismo, informó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dijo, se disminuyó el número de homicidios en 2.82 por ciento y en lo que va del año se estima la baja en 10.4 por ciento.

Empero, estas cifras no corresponden con la realidad, aunque el gobierno federal las oficilializa con las instituciones y el papel membretado.

Según él el secuestro disminuyó en 81 por ciento y en todos los delitos de robo se ha logrado una disminución en general del 23.4 por ciento.

“Desde que llegamos al gobierno, hasta el día de hoy los delitos del fuero federal han bajado en 29.3 por ciento; de igual forma, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, se ha logrado disminuir el robo de vehículos en 43.1 por ciento”, señaló.

Pero, la realidad es que la narcoviolencia es cada vez más cruenta en todo el país y que cada día más jóvenes ingresan a las filas del crimen organizado, incluso familias completas, sin que bajen los delitos de robos de autos, asaltos a casa habitación, secuestros, y todos los delitos en diferentes modalidades, en las que participan y liderean colombianos, venezolanos,  hondureños y Guatemalteco de la Mara Salvatrucha,  que trabajan en los carteles del crimen organizado mexicano, haciendo “encargos” desde “rentear” puestos de quesadillas hasta vender y transportar droga a Estados Unidos.

Las cifras y el discurso del presidente en su Cuarto Informe son contrario a lo que dice la gente, los líderes de oposición, la COPARMEX y especialistas de la UNAM que insisten en que el  gobierno de López Obrador ha fracasado en seguridad y que la anexión de la Guardia Nacional al Ejercito es para militarizar el país, como lo ha hecho Nicolás Maduro en Venezuela, donde gobierna respaldado por el Ejército, cuyos generales ganan fortunas y viven como reyes en fincas y residencias decomisadas a sus detractores, mientras el pueblo padecen hambre y violencia.

GUARDIA NACIONAL

*Inicia sin estar aprobadas leyes secundarias que la rigen
*En Veracruz, Oaxaca, CDMX y Edomex, bajo preceptos de la PF: Durazo
*Nace con expectativas muy altas que no cumplirá: especialistas en Seguridad

--Primera Parte--
CIUDAD DE MEXICO, Estados Unidos Mexicanos, 29 de abril de 2019.- Sin estrategia ni la aprobación de leyes secundarias y reglamentos que la regirán, la Guardia Nacional inició sus operaciones al margen de la ley el viernes pasado en Minatitlán, Veracruz, para combatir al narcotráfico y al crimen organizado que han disparado los índices de delincuencia en México, convirtiéndolo en uno de los países más peligrosos del mundo no sólo para sus habitantes, sino también para el turismo nacional y extranjero.

UNA INVENCION QUE GN APACIGUARA EL PAIS: LUMBRERAS

* El reto es descomunal, empieza desde la descomposición social
--Segunda Parte--

CIUDAD DE MEXICO, Estados Unidos Mexicanos, 01 de mayo de 2019.- En México muchos de los problemas se resuelven a balazos, incluso los de tránsito, por  la descomposición social que se vive, así como por la entrada de armas provenientes de Estados Unidos, lo que incrementa los índices delictivos, al grado que el crimen organizado utiliza los asesinatos para enviar mensajes entre grupos delictivos, a los que deberá contener la Guardia Nacional, cuyo principal reto será “apaciguar al país”, pero es una es invención que podrá hacerlo sola, porque el desafió que enfrenta México es mayúsculo y sólo se resolverá en conjunto.

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