Transición

Por MARIO LUIS ALTUZAR SUAREZ
Impresiona ver el despliegue militar en la República. Como si poco  a poco se convirtiera en zona de guerra. Impacta el mensaje presidencial en medios electrónicos para convocar a la unidad de todos los mexicanos para combatir a la delincuencia. Un marco en donde el Ejecutivo confirma su proyecto económico y político para 30 años más.
Una realidad que se hace cotidiana. El 18 de mayo, al dirigirnos de San Luis Potosí a Zacatecas un grupo de periodistas, encontramos un retén militar. El comportamiento de los soldados fue amable, es cierto, pero en los 40 minutos que tardó la revisión del vehículo nos permitió observar una guarnición superior a los 30 elementos armados y nerviosos.
Eran las 16 horas. Tal vez sea distinto en la oscuridad de la noche. El riesgo aumenta por una cuestión natural: Los soldados están visibles y por lo menos en ese retén se carece de observadores de avanzada que permita establecer el tránsito de los vehículos antes de llegar al punto de revisión. Si se tratase de unidades hostiles, sería tarde su detección.
Podría decirse que es un error producto de la acelerada incursión militar para recuperar la seguridad del país. Pero preocupa. El 22 de mayo se informó que inició el ejército el patrullaje de Monterrey. Antes lo iniciaron en Michoacán y después en Cananea, Sonora y ya se desplazaron a Morelos y sigue en el resto del país. ¿Cuántos errores se cometerán?
Hay razón. La Comisión Nacional de Derechos Humanos documenta violaciones a las garantías de ciudadanos en zonas de conflicto. Es complejo. Sería difícil que un militar solicite al criminal que por favor se entregue y ponga el mismo las esposas para evitar lastimar sus muñecas. Y casi imposible que el delincuente responda a esa civilidad.
Otro elemento a considerar es que los criminales se mimetizan en la comunidad. La crónica de la mujer de 28 años es un ejemplo. Los vecinos la consideraban una tranquila comerciante de ropa a plazos. Hasta que se dio el feroz enfrentamiento con el ejército. Mostró su agresividad al disparar armas de alto poder hasta caer muerta.
Surge la pregunta: ¿Cómo saber en que casa se acaban de instalar los criminales? ¿Cómo saber si se metieron en un domicilio contra la voluntad de los residentes? ¿Cómo diferencias a un criminal que camina normalmente por la calle al lado de otros ciudadanos con similitud en vestimenta? Y tantas más.
Elementos que hacen reflexionar sobre la función de las fuerzas armadas para preservar la seguridad de la nación y que están entrenados como maquinas de guerra para enfrentar al enemigo, ya sea un ejército de otro país o guerrillas en zonas montañosas y rurales. Es como un buldózer que arrasa con una edificación o los obstáculos agrestes.
Si se trata de realizar reparaciones a la edificación, es difícil que un arquitecto o albañil utilice un buldózer y en cambio, buscará personal que analice los daños para repararlos, que sería el trabajo encomendado a las diferentes corporaciones policíacas, y que muestran una sospechosa incapacidad para realizar sus actividades.
Desde 1993 en que se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha servido de pretexto para justificar la parálisis policíaca. A partir del 2000, por ejemplo, el Gobierno del Distrito Federal se amparó en el supuesto obstáculo del organismo para inhibir la denuncia de los delitos al entregar la información al criminal y negarla a la víctima.
El académico Bernardo Batiz, fiscal capitalino explicó que su personal detenido en flagrancia, cometía los ilícitos en su tiempo libre. A nivel federal hay silencio sobre los funcionarios foxistas, incluso uno de la Residencia Los Pinos, ligados al hampa. Y nadie está a salvo. Ni militares, directivos judiciales, ni políticos, periodistas o ciudadanos.
Pareciera que tiene un mayor fondo la parálisis policíaca que mantiene en la impunidad los crímenes atribuidos al crimen organizado y que supera los registros del foxismo. Se presiente que la militarización del país es parte de un plan bien diseñado para realizar una tersa transición hacia la dictadura, avalada por la desesperada población.
Un panorama que lleva a recordar que históricamente los dictadores crean enemigos externos o internos, para apelar, en nombre de la seguridad nacional, la unidad de sus gobernados y perpetuarse en el poder. No sería casual, entonces, que en medio de esta guerra anticrimen el presidente Calderón tenga proyectos para 30 años más. Al tiempo.

Por Lic. Hugo Arriaga*

El pasado viernes 4 de mayo, y luego de que el Consejero de la Judicatura Federal Lic. Luis María Aguilar anunciara ante los medios de comunicación que existían ya alrededor de 52,000 demandas de amparo en contra de la nueva Ley del ISSSTE, en el Diario Oficial apareció un “Acuerdo General” (18/2007) del Consejo de la Judicatura Federal, que “crea” un “Juzgado de Distrito Auxiliar”, con competencia en toda la República y residencia en el Distrito Federal, que conocerá de los juicios de amparo indirecto relacionados con la Ley del ISSSTE, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007. Según el acuerdo, dicho Juzgado de Distrito Auxiliar, iniciará funciones el lunes 7 de mayo de 2007.

El artículo Cuarto del acuerdo además señala que los asuntos que a la fecha de entrada su vigor (es decir el lunes 7 de mayo) se encuentren en trámite o con audiencia celebrada, en los diversos juzgados de Distrito de la República, relacionados con la Ley del ISSSTE, deberán remitirse para la continuación de su sustanciación y resolución al Juzgado de Distrito Auxiliar. Luego añade en su artículo Quinto, que los tribunales colegiados en materia administrativa del primer Circuito conocerán de los recursos que se interpongan contra las determinaciones y resoluciones que dicte el Juzgado de
Distrito Auxiliar.

El acuerdo de que se trata viola abiertamente lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y VIII, inciso a) de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a) y114, fracción I de la Ley de Amparo, y 10, fracción II, inciso a) y 55, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que disponen que los únicos competentes para conocer de los juicios en que se controvierte la Ley del ISSSTE son los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de los recursos de revisión que se lleguen a interponer contra las sentencias dictadas por dichos jueces.

De lo así expuesto destaca que el acuerdo no indica la materia del juzgado que se crea (que debería ser laboral), lo que resulta grave, pues el artículo 55, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ordena que los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, siendo que al combatirse la Ley del ISSSTE, que es el ordenamiento reglamentario de la fracción XI del artículo 123 apartado B de la Constitución, es irrefutable bajo cualquier óptica, que la materia de este juicio de garantías es una ley que tiene un contenido laboral in genere, y de seguridad social in specie.

Esto cobra mayor relevancia, pues se priva a la Corte de su competencia establecida en la Carta Magna y en la Ley para conocer de los recursos de revisión, que inexplicablemente se pretenden remitir a tribunales colegiados de circuito que carecen de atribuciones para conocer de constitucionalidad de leyes, y menos aún los que tienen a su cargo la materia administrativa, que es ajena al problema planteado.

Esto no es poca cosa, pues en la materia laboral los tribunales federales están obligados por el artículo 76 bis, fracción IV de la Ley de Amparo, que los constriñe a suplir los conceptos de violación de la demanda, así como los agravios formulados en los recursos que dicha ley establece, lo que implica que en tales asuntos y materia, se velará por el interés de los trabajadores y se les complementarán los argumentos que sirvan para concederles el amparo, cosa que no ocurre en la materia administrativa, en la que opera un principio distinto, conocido como el “estricto derecho” que estriba en que sólo lo que se adujo expresamente se tomará en cuenta.

Pero las cosas no quedan en eso, en términos del artículo 14 de la Constitución, los juicios deben ventilarse ante tribunales previamente establecidos, pero el acuerdo dice que se crea un juzgado para que conozca de los juicios que ya se están ventilando ante otros juzgados preexistentes al problema. Finalmente, el acuerdo sólo dice que el juzgado que se crea conocerá de los juicios contra la Ley del ISSSTE, lo que da pauta a suponer fundadamente que al concluir dicha actividad carecerá de objetivo. Si esto es así, también es nítido que nos encontramos ante un tribunal especial, prohibido expresamente por el artículo 13 de la Ley Fundamental.

En las relatadas condiciones, ningún otro órgano del Poder Judicial de la Federación puede avocarse a conocer del juicio de amparo, ni del recurso de revisión sino aquéllos que la Constitución y la Ley previeron antes de que se suscitase el conflicto, pues de hacerlo, vulnerará todos los dispositivos mencionados, a más de los preceptos 14 y 16 de la propia Constitución Federal, por tratarse de tribunales sin competencia al efecto.

La creación del “Juzgado de Distrito Auxiliar”; la velada remisión del conflicto a la materia administrativa y la pretensión de que no sea el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que conozca de los recursos de revisión, dan en qué pensar, pues parecería que quienes tienen a su cargo el velar por que se proteja la Constitución tratan de rehuir tan elevada misión, con una preconcebida definición de lo que ha de ser el resultado de los juicios de garantías, cuando el Poder Judicial de la Federación está llamado a ser el pilar del Estado de Derecho, tan referido y a la vez tan ignorado por los políticos de nuestro país.

* El Lic. Hugo Arriaga es profesor por oposición de Derecho Constitucional y de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; profesor de Amparo y conferencista en diversas Universidades del país y abogado postulante en materia de Amparo.

Por Jaime ARIZMENDI

* La Cámara baja en EU impide pasen transportes mexicanos su frontera

* Manlio, Creel y Navarrete en una fiesta por el 5 de mayo

* GDF presume de "éxito rotundo" un programita de taxis

México, D.F.--- Interparlamentarias van y vienen, pero las condiciones siguen congeladas… Singular bienvenida brindan legisladores estadunidenses a senadores mexicanos. Ayer, el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa de ley que fija nuevas restricciones al ingreso de camiones mexicanos a esa nación. En votación unánime de 66-0, el Comité, de mayoría demócrata, decidió condicionar el paso de autotransportes de nuestro país a su frontera, hasta que México dé un trato recíproco simultáneo a los transportes de la Unión Americana.

El voto ocurrió pese a que el Departamento de Transporte de EU había anunciado que bajo un programa piloto binacional por iniciar el 15 de julio próximo, sus camiones de carga ingresarían a México seis meses después de que lo hicieran sus contrapartes mexicanos a territorio estadunidense.

Así, mientras el priísta Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Mesa Directiva; el panista Santiago Creel Miranda, quien preside la Junta de Coordinación Política y el coordinador de la fracción perredista, Carlos Navarrete, hacían maletas para viajar a EU, donde retornarán en cuatro semanas más para asistir a la siguiente reunión Interparlamentaria México-EU, desde el Capitolio se ponían nuevas trabas a los cruces de transportes mexicanos con carga.

Como sea, poco a poco podremos notar los efectos que tendrán en las acciones y actitudes de los políticos norteamericanos, las multitudinarias y pacíficas manifestaciones de protesta celebradas este 1 de mayo en más de 10 ciudades de la vecina nación, donde miles de migrantes mexicanos salieron a las calles para reclamar su derecho a una vida digna, mediante la consecuente regularización de su estancia en ese país.

Vale recordar que incontrastablemente, la fiesta mexicana con mayor estridencia que se registra en los Estados Unidos es la remembranza de la batalla del 5 de mayo de 1857, cuando precisamente las tropas comandadas por el general Ignacio Zaragoza derrotaron en Puebla al ejército invasor. A los senadores les tocará participar en el convite donde habrá desfile de carros alegóricos, bailes, juegos pirotécnicos, comida con platillos mexicanos y todo lo que recuerde a México.

En tanto, los asesores de los senadores afinan los detalles de sus respectivas agendas para regresar a EU en los primeros días de junio a encontrarse con sus homólogos con quienes conversarán tres temas centrales: Migración, Narcotráfico y Seguridad Regional. Como esta será la interparlamentaria previa a las campañas presidenciales, se sabe que lo que no se logre acordar ahora, en la siguiente será más complicado hacerlo. Esos lo saben bien los nuestros como los vecinos quienes, buscarán cada vez con mayor afán el creciente voto latino.

La existencia de funcionarios públicos que se ufanan hasta de que su sombra los sigue por dondequiera se da lo mismo en uno que en otro partido . Nada menos ayer mismo el secretario de Transporte y Vialidad del gobierno del DF, Armando Quintero, calificó como un "rotundo éxito" la primera etapa del Programa Integral del Taxi, al sostener que sus huestes consiguieron convencer de que se registraran a 995 de cada mil concesionarios de taxis con terminación de placas 5 y 6.

Con bombo y platillo durante una conferencia de prensa extraordinaria, Quintero informó que hasta el momento se han registrado vía internet 22 mil 962 taxis, de los cuales 14 mil 263 ya hicieron el pago del programa, y que el monto recaudado es de casi 50 millones de pesos. El susodicho programa es para actualizar el padrón de 108 mil taxis legales, y entre sus beneficios incluye reponer el título de concesión, porque la mayoría de las unidades que circulan en la ciudad lo hacen con este documento vencido.

El funcionario reconoció además que no todos los transportistas registrados pagaron el derecho a la reposición; pero nada dijo de las acciones que deberían emprender los supervisores o inspectores a su mando, para incautar las miles de unidades que van de uno a otro punto de la ciudad ofreciendo el servicio de taxi sin contar con la documentación válida, lo cual da impunidad a los operadores para asaltar o hasta violar a quienes caen en su trampa. Tampoco nada dijo Quintero de que se hará para controlar a los microbuseros que se han apropiado de las vialidades de esta otrora "Ciudad de la Esperanza". Lo de siempre, el poder los hace iguales. Aunque su ínsula sea pequeña, los ríos de dinero que corren subterráneos continúan… Hasta la próxima y gracias por enviar sus comentarios y quejas.