|
10/08/ 2025 |
Europa de rodillas
ante Trump
|
“Bajo su máscara de generoso futurismo, el progresista no se preocupa del futuro: convencido de que no tiene sorpresas ni secretos, peripecias ni innovaciones esenciales; seguro de que ya el mundo irá en vía recta, sin desvíos ni retrocesos, retrae su inquietud del porvenir y se instala en un definitivo presente”
José Ortega y Gasset
|
Por Octaviano Lozano Tinoco
Analista político internacional
La Unión Europea (UE), surgida de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial para fomentar la cooperación y prevenir conflictos, enfrenta una crisis que amenaza su cohesión.
Fundada en 1951 con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, la UE evolucionó con los Tratados de Roma de 1957, que crearon la Comunidad Económica Europea (CEE) y Euratom.
En 1993, la CEE se transformó en la UE, ampliando su alcance a políticas económicas, sociales y políticas, buscando una tercera vía entre el socialismo soviético y el capitalismo estadounidense.
Hoy, la UE parece haber perdido su rumbo. Su apoyo a la guerra en Ucrania, el despliegue de tropas de la OTAN cerca de Rusia y el aumento de tensiones geopolíticas la han debilitado.
Además, un reciente acuerdo comercial con Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ha generado críticas por someter a los 26 países miembros (tras el Brexit en el Reino Unido) a los intereses de Washington, alineándose con la agenda de “hacer a América grande otra vez”.
El 27 de julio de 2025, Trump anunció desde Turnberry, Escocia, un pacto con la UE tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El acuerdo impone aranceles del 15% a exportaciones europeas y compromete a la UE a comprar 750,000 millones de dólares en energía y a invertir 600,000 millones en Estados Unidos.
Von der Leyen lo calificó como “enorme” y un garante de “estabilidad y previsibilidad” para ambas economías. Sin embargo, el pacto requiere la ratificación de los 26 países miembros, cuyos intereses y dependencias comerciales varían, evidenciando divisiones internas.
Mientras algunos países aceptan el acuerdo con cautela, otros lo critican duramente. El primer ministro francés, François Bayrou, lo calificó como “un día oscuro” para una alianza de pueblos libres. El premier húngaro, Viktor Orbán, fue más contundente: “Trump se desayunó a Von der Leyen”.
Estas divisiones se suman a las tensiones por la guerra en Ucrania y otras crisis que debilitan al bloque.
Un reciente episodio en Finlandia expuso estas fracturas. Durante una visita oficial, un manifestante confrontó a Von der Leyen por las políticas de la UE.
Su respuesta, “Agradezca estar en un país de la UE, porque en Rusia lo encarcelarían por protestar”, seguida del arresto del manifestante, desató controversia.
El incidente, viral en redes, fue criticado por trivializar el derecho a la protesta y contradecir los principios de libertad de expresión que la UE defiende.
“Hablar de represión en Rusia mientras se detiene a un manifestante en una democracia como Finlandia es contradictorio”, señaló un analista a un diario europeo.
Las protestas ciudadanas crecen, alimentadas por el descontento con las políticas económicas, la gestión energética y la intervención de la UE en asuntos nacionales. La figura de Von der Leyen, cada vez más polarizante, está en el centro del debate sobre el liderazgo europeo y su capacidad para mantener la unidad en un contexto de crisis.
Un futuro incierto
El acuerdo con Estados Unidos y el incidente en Finlandia reflejan el delicado momento de la UE. Las decisiones de sus líderes, las tensiones internas y externas, y la dificultad para conciliar derechos civiles con estabilidad política plantean dudas sobre el futuro del bloque. La UE, creada para unir a los pueblos europeos, debe recuperar su identidad en un mundo polarizado o arriesgarse a su desintegración.
|
04/08/ 2025 |
Bukele y Trump: una alianza que consolida el autoritarismo en El Salvador
|
No olvides nunca
que los menos fascistas
de entre los fascistas
también son
fascistas.
Roque Dalton |
Por Octaviano Lozano Tinoco
Analista político internacional
Nayib Bukele, presidente de El Salvador desde 2019, ha consolidado un régimen autoritario, pasando de ser un líder carismático a un gobernante acusado de reprimir voces disidentes. Aunque sus maniobras legales para mantenerse en el poder no generan rechazo en Estados Unidos —a diferencia de lo que ocurre con los procesos electorales en Cuba, Venezuela, Bolivia o Nicaragua—, Bukele goza de buena imagen en la Casa Blanca, lo que sugiere su intención de perpetuarse en el poder.
Su alianza con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fortalecida tras la reelección de este en 2025, refuerza esta deriva autoritaria. La popularidad de Bukele, que alcanza el 85.2% según encuestas, se sustenta en la reducción de la violencia, aunque a costa de la democracia.
Nacido el 24 de julio de 1981 en San Salvador, hijo de un empresario palestino y una salvadoreña, Bukele abandonó sus estudios de derecho para trabajar en la agencia publicitaria de su familia, vinculada al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Fue alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y de San Salvador (2015-2018), hasta que el FMLN lo expulsó en 2017.
En 2019, llegó al poder conectando con jóvenes y ciudadanos desencantados. Casado con Gabriela Rodríguez desde 2014, tiene dos hijas y confía en sus hermanos y excompañeros escolares para su círculo cercano.
El 1 de agosto de 2025, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, con mayoría en la Asamblea Legislativa, aprobó una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, elimina la segunda vuelta electoral y extiende el mandato presidencial a seis años. Una disposición transitoria acorta su actual periodo (2024-2027) para que pueda postularse nuevamente.
Esta reforma, que entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial, sigue a una reinterpretación constitucional que permitió su reelección en 2024.
El vicepresidente Félix Ulloa afirmó: “En política, todo es posible”.
Desde marzo de 2025, Estados Unidos ha deportado a 271 migrantes salvadoreños y venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión destinada a presuntos pandilleros.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que entre ellos hay inocentes, como Kilmar Ábrego García, expulsado por un “error administrativo”.
Ni Bukele ni Trump han acatado la orden de la Corte Suprema de Estados Unidos para liberarlo.
En un reciente mensaje en X, Bukele defendió la reforma: “El 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida y nadie se inmuta. Pero si un país pobre como El Salvador lo hace, es el fin de la democracia”. Cuestionó las críticas, afirmando que el problema no es el sistema, sino que “un país pobre se atreva a actuar como soberano”.
Pese a su alta aprobación, el régimen de excepción vigente desde 2022, que ha reducido la violencia, enfrenta acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
Abogados como Ruth López y Enrique Anaya están presos por cargos cuestionados, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alerta sobre la persecución de defensores de derechos.
Más de cien activistas y periodistas, como Ingrid Escobar y Óscar Martínez, han huido al exilio. Medios como El Faro y Revista Factum denuncian un clima de “represión” y califican el régimen como una “dictadura” por medidas como la Ley de Agentes Extranjeros, que grava con un 30% la financiación externa de ONG y medios.
La concentración de poder, justificada por logros en seguridad, amenaza con agravar la pobreza y generar conflictos sociales en El Salvador.
|
04/08/ 2025 |
La justicia es una tortuga
que se alimenta con dinero
|
El hombre tiene hambre,
hambre de ley natural
ante tanta ley sin ley,
de justicia social,
necesidad de vuelo,
ansiedad de verdad,
frente a tantas
necias necedades.
Víctor Corcoba Herrero |
Por Octaviano Lozano Tinoco
Analista político internacional
La sentencia de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez marca un hito en Colombia, un país cuya historia cambió tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Ese día, el líder liberal, cuya popularidad desató un fervor único en el siglo XX, fue ultimado en Bogotá, desencadenando el llamado “Bogotazo”, una revuelta que se extendió por el país y dio origen a un periodo de violencia que gestó guerrillas y marcó décadas de inseguridad.
Aquel viernes, Gaitán, un exitoso abogado, celebraba un triunfo jurídico. Al salir a la Carrera Séptima, cerca de la Avenida Jiménez, recibió cuatro disparos. “¡Mataron a Gaitán!”, se gritó, y el país se incendió. El crimen, según hipótesis, pudo ser obra de oligarquías, jerarcas políticos, intereses petroleros o incluso del gobierno estadounidense, temeroso de nacionalizaciones si Gaitán llegaba al poder.
Su muerte dejó un saldo trágico: más de 260,000 muertos, miles de desaparecidos y casi siete millones de desplazados en un conflicto que aún resuena.
Uribe, quien forma parte de la ultraderecha colombiana, no ha sido condenado por los peores crímenes que se le atribuyen, como sus presuntos vínculos con el paramilitarismo, la secuela de asesinatos por estas bandas, los falsos positivos —jóvenes presentados como guerrilleros asesinados en combate durante su política de Seguridad Democrática—, las masacres de El Aro y La Granja, y una estela de centenares de crímenes y graves violaciones a los derechos humanos.
Las Madres de Soacha aún piden justicia por sus hijos asesinados durante el gobierno de Uribe.
El fallo contra Uribe, emitido el 1 de agosto de 2025 por la jueza Sandra Heredia, lo halló culpable de soborno a testigos y fraude procesal.
La magistrada le impuso prisión domiciliaria, una multa de 776 mil dólares y una inhabilitación de ocho años para cargos públicos. Uribe, presidente entre 2002 y 2010, apeló el fallo, calificándolo de “persecución política” y alegando sesgo judicial.
La jueza argumentó que Uribe manipuló a exparamilitares con dinero o beneficios para que declararan a su favor, aunque lo absolvió de un caso de soborno a una exfiscal.
El caso comenzó en 2012, cuando el senador Iván Cepeda denunció los supuestos vínculos de Uribe con paramilitares.
La Corte Suprema cerró la investigación contra Cepeda y abrió una contra Uribe por manipulación de testigos. En 2020, El exmandatario estuvo dos meses en arresto domiciliario, pero recuperó la libertad al renunciar al Senado, pasando el caso a la fiscalía.
Entre los testigos clave está Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar que acusó a Uribe de planear matanzas en una hacienda familiar, aunque luego se retractó, alegando presiones del abogado de Uribe, Diego Cadena.Uribe, líder del Centro Democrático, despierta admiración y rechazo.
El presidente Gustavo Petro negó que el gobierno esté detrás de la condena, señalando que Uribe inició el proceso al denunciar a Cepeda.
Con casi 60 investigaciones abiertas contra él, Uribe enfrenta acusaciones que van desde homicidio hasta compra de votos. Su legado incluye una ofensiva contra las FARC, una reelección inédita y la victoria del “No” en el plebiscito por la paz de 2016.
Sin embargo, su condena marca un precedente: es la primera vez que un expresidente colombiano es sentenciado por la justicia ordinaria.
El fallo, que será revisado en segunda instancia, genera debate global. La congresista estadounidense María Elvira Salazar lo calificó como una persecución del gobierno de Petro.
Mientras, Colombia sigue buscando la justicia que Gaitán soñó, en un país donde la paz sigue siendo esquiva.
|
El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores. Todos los derechos están reservados.
Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado.
Reportajes Metropolitanos - Derechos Reservados © 2006 www.reportajesmetroplitanos.com.mx |
|
