“Aquí en Estados Unidos
hemos asesinado a un presidente y a su hermano, otro presidente tuvo que dejar el cargo.
La gente que cree en la política
es como la gente que cree en Dios:
soban aire con pajitas
torcidas.
Charles Bukowski
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Por Octaviano Lozano Tinoco
Analista político internacional
El asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el pasado 10 de septiembre, aliado clave del presidnete Donald Trump, ha intensificado los temores por la escalada de violencia política en Estados Unidos.
Expertos advierten que la polarización extrema, alimentada por redes sociales y divisiones ideológicas, agrava las condiciones para actos extremistas.
Kirk, de 31 años y fundador de Turning Point USA, fue clave en la movilización de votantes jóvenes durante la campaña de 2024, contribuyendo a la reelección de Trump.
El crimen, en Salt Lake City, Utah, fue calificado por Trump como un "momento negro para América", culpando a la "izquierda radical".
El gobernador de Utah, Spencer Cox, lo tildó de "asesinato político". Figuras bipartidistas condenaron el acto, pero una encuesta de Pew revela que el 62% ve la violencia política como amenaza inminente.
Ante esta zozobra, al menos ocho altos funcionarios del gobierno de Trump se han mudado a bases militares cerca de Washington D.C., citando amenazas a su vida y familias.
Esta medida masiva responde a protestas violentas, doxxing (acoso con información en internet) y mensajes de muerte, vinculados al asesinato de Kirk.
Reportes de Reuters y AP detallan: Marco Rubio (secretario de Estado) reside en "Generals' Row" de Fort McNair, con vigilancia del Ejército.
Pete Hegseth (de Guerra) invirtió 137.000 dólares en remodelar su hogar allí. Kristi Noem (Seguridad Nacional) se trasladó a Joint Base Anacostia-Bolling tras doxxing, informó el diario británico The Guardian. Stephen Miller, Asesor de Seguridad Nacional, abandonó su casa en Arlington, Texas, por grafitis hostiles, optando por una base secreta.
Dan Driscoll (Ejército) y Tulsi Gabbard (Inteligencia Nacional) comparten Joint Base Myer-Henderson Hall, con Gabbard lidiando con escasez de espacios.
Un funcionario anónimo citó una "amenaza extranjera específica".
La competencia por viviendas —alrededor de 4.655 dólares/mes— es vista por trumpistas como "estatus patriótico", pero por expertos como un síntoma de erosión democrática. Adria Lawrence, de Johns Hopkins, alerta: "Aleja líderes de votantes y normaliza la militarización civil".
El contexto incluye el incendio de la residencia del gobernador Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania,(abril 2025) y tiroteos en Minnesota (junio).
Tricia McLaughlin, Subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), no ha confirmado amenazas dirigidas específicamente a la Casa Blanca.
En cambio, ella ha confirmado la existencia de amenazas "genuinas" y un aumento "sin precedentes" de la violencia y amenazas de muerte contra los agentes de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Críticos como el expresidente Joe Biden cuestionan costos para militares y moral de tropas.
Esta crisis amplifica el debate sobre violencia como epidemia: 50.000 muertes anuales por armas (CDC). Culpar "enfermedad mental" es erróneo; mayoría de autores no la padecen, y estigmatiza a millones tratables (APA). Expertos como Bandy X. Lee proponen regulaciones de armas, salud mental comunitaria y contra odio en línea.
Con midterms acercándose, este refugio militar cuestiona la democracia: ¿puede Estados Unidos romper el ciclo antes de una guerra civil larvada?
Altos cargos de Trump se atrincheran en bases militares: el miedo a la violencia política paraliza WashingtonPor Octaviano Lozano Tinoco“Aquí en Estados Unidos hemos asesinado a un presidente y a su hermano, otro presidente tuvo que dejar el cargo.
La gente que cree en la política es como la gente que cree en Dios: soplan aire con pajitas torcidas”. Charles BukowskiEl brutal asesinato el miércoles del activista conservador Charlie Kirk, fiel aliado de Donald Trump, ha encendido las alarmas sobre la espiral de violencia política que amenaza con desestabilizar Estados Unidos.
Expertos en seguridad nacional alertan de que las condiciones que alimentan estos actos extremistas no solo persisten, sino que se agravan en un clima de polarización extrema, exacerbado por las redes sociales y las divisiones ideológicas.
Kirk, de 31 años, se había convertido en una figura pivotal en la maquinaria republicana. Sus esfuerzos incansables por captar el voto joven durante la campaña de noviembre de 2024 fueron clave en la victoria de Trump para su segundo mandato.
El activista, fundador de Turning Point USA, organizó decenas de mítines en campuses universitarios, donde promovía mensajes contra el "wokeismo" y la "agenda progresista". Poco después del crimen, perpetrado en un acto de aparente venganza política en las calles de Salt Lake City, Utah, Trump irrumpió en Truth Social para denunciarlo como un "momento negro en la historia de América".
En un tuit cargado de acusaciones, el presidente apuntó directamente a la "izquierda radical y sus marionetas en los medios", prometiendo "justicia implacable".El gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, no se quedó atrás. En una rueda de prensa improvisada ante el Capitolio estatal, calificó el suceso de "asesinato político puro y duro", urgiendo a una investigación federal exhaustiva.
Voces de todo el espectro ideológico se unieron al repudio: desde la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien lo llamó "una tragedia que nos avergüenza como nación", hasta el senador independiente Bernie Sanders, que instó a "dejar de lado las culpas partidistas para combatir el extremismo".
Sin embargo, estas condenas unánimes contrastan con la fractura profunda que divide al país, donde el 62% de los estadounidenses, según una encuesta reciente de Pew Research, percibe la violencia política como una amenaza inminente.
En este contexto de zozobra, la respuesta más llamativa ha sido la de varios altos funcionarios de la administración Trump: un éxodo discreto hacia las sombras de las bases militares en los suburbios de Washington D.C. Al menos ocho secretarios de gabinete y asesores clave han solicitado refugio en instalaciones fortificadas, citando amenazas crecientes a su integridad y la de sus familias.
Esta mudanza masiva, inédita en su magnitud desde los atentados del 11-S, responde a una avalancha de protestas violentas, campañas de doxxing —donde se revelan datos personales para incitar hostigamiento— y mensajes de muerte explícitos, muchos de ellos vinculados al asesinato de Kirk.Reportes de agencias como Reuters y The Associated Press revelan detalles concretos.
Marco Rubio, flamante secretario de Estado, se ha instalado en "Generals' Row", una hilera de residencias históricas en Fort McNair, custodiada por el Ejército. Allí, bajo un perímetro de vallas electrificadas y patrullas 24/7, Rubio ha encontrado un respiro tras recibir correos con balas y amenazas de "venganza por Gaza".
Pete Hegseth, el controvertido secretario de Defensa y excombatiente en Irak, no escatimó en gastos: destinó 137.000 dólares a remodelar su nuevo hogar en la misma base, incluyendo un búnker improvisado y sistemas de vigilancia privada.
"No es paranoia, es supervivencia", confidenció a un reportero de Fox News antes de cortar la llamada.Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional y exgobernadora de Dakota del Sur, tomó la decisión tras un escándalo de doxxing orquestado por un medio británico, The Guardian, que publicó su dirección residencial junto a un artículo crítico sobre sus políticas antiinmigrantes.
Noem, madre de tres hijos, se mudó a Joint Base Anacostia-Bolling, donde la Guardia Costera proporciona escoltas gratuitas. El asesor senior Stephen Miller, artífice de las duras medidas migratorias de la primera era Trump, abandonó su mansión en Arlington, Virginia, después de que manifestantes cubrieran sus muros con grafitis como "Deportador de almas" y "Trauma para familias".
Miller optó por una base no divulgada por razones de seguridad, pero fuentes cercanas indican que es Fort Belvoir, en Virginia.Otros nombres en la lista incluyen a Dan Driscoll, secretario del Ejército, quien comparte instalaciones en Joint Base Myer-Henderson Hall con Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional. Gabbard, excongresista demócrata convertida en aliada trumpista, enfrenta un cuello de botella en Fort McNair por la escasez de viviendas disponibles, lo que la obliga a rotar entre opciones temporales.
Un alto funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo anonimato, reveló que su traslado se precipitó por una "amenaza extranjera específica", posiblemente ligada a redes iraníes o chinas descontentas con la política exterior de Trump.
Esta "gran migración castrense" ha desatado una competencia feroz por las propiedades más espaciosas en las bases, que se alquilan a precios de mercado —alrededor de 4.655 dólares al mes para una casa de cuatro dormitorios—. Lo que para algunos en el círculo trumpista se ve como un "símbolo de estatus patriótico", para otros es un síntoma alarmante de la erosión democrática. La profesora Adria Lawrence, experta en conflictos políticos en la Universidad Johns Hopkins, lo resume así:
"Estas mudanzas no solo alejan a los líderes de sus votantes, fomentando un bucle de desconfianza, sino que normalizan la militarización de la esfera civil. ¿Qué mensaje enviamos cuando los elegidos del pueblo necesitan tanques para dormir tranquilos?".
El telón de fondo de esta inseguridad no es improvisado. Remite a una cadena de incidentes que han marcado 2025 como un año de infierno político: el incendio intencional de la mansión del gobernador demócrata Josh Shapiro en Pensilvania, en abril, atribuido a extremistas de derecha; los tiroteos contra legisladores republicanos en un mitin en Minnesota, en junio, que dejó dos heridos graves; y una oleada de paquetes explosivos enviados a oficinas del Departamento de Justicia.
Aunque el uso de bases militares para protección VIP no es novedoso —se remonta a casos aislados como el de Henry Kissinger en los 70—, su escala bajo Trump representa un punto de inflexión, coinciden analistas del Brookings Institution.La Casa Blanca, por boca de la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha avalado estas medidas como "respuestas proporcionales a amenazas genuinas y verificadas", sin avanzar cifras precisas para no alertar a posibles agresores.
Sin embargo, los críticos demócratas no han tardado en contraatacar. El expresidente Joe Biden, en una declaración desde su retiro en Delaware, cuestionó el "despilfarro" de recursos: "¿A qué costo para los oficiales militares desplazados de sus hogares? ¿Y qué pasa con la moral de las tropas, convertidas en niñeras de élite?".
Senadores como Elizabeth Warren han impulsado una moción para auditar los gastos, argumentando que esta "burbuja blindada" agrava la desconexión entre Washington y el americano medio.En el corazón de esta crisis late un debate más amplio sobre la violencia como epidemia nacional. Estados Unidos registra un promedio de 50.000 muertes por armas de fuego al año, según el CDC, y los episodios de violencia masiva —como el de Kirk— amplifican el trauma colectivo.
Tras estos horrores, surge la tentación de culpar a la "enfermedad mental", una narrativa cómoda que resuena en el imaginario público: el 70% de los encuestados por Gallup asocia tiroteos con trastornos psiquiátricos. Pero los datos desmienten esta simplificación.
La gran mayoría de los autores de violencia masiva no sufren un trastorno diagnosticado grave, y solo el 4% de los homicidios violentos involucran a personas con enfermedades mentales, per el American Psychological Association.
Al contrario, el estigma resultante castiga a millones de estadounidenses que luchan contra condiciones tratables como la depresión o la ansiedad, sometiéndolos a discriminación laboral, rechazo social e incluso leyes restrictivas injustas, como el internamiento involuntario en algunos estados.
Expertos como el psiquiatra forense Dr. Bandy X. Lee, coautora de The Dangerous Case of Donald Trump, advierten: "Invocar la locura como chivo expiatorio distrae de las raíces reales: el acceso ilimitado a armas, la retórica incendiaria de líderes y la desigualdad que fomenta el resentimiento".
En su lugar, proponen un enfoque de salud pública integral: regulaciones de armas más estrictas, inversión en salud mental comunitaria y campañas contra el odio en línea.
Mientras tanto, la pregunta persiste: ¿puede Estados Unidos romper este ciclo antes de que la política se convierta en guerra civil?Esta ola de temor no solo redefine la seguridad personal de los poderosos, sino que cuestiona el alma de la democracia estadounidense.
Con elecciones midterm en el horizonte y Trump prometiendo "una América fuerte de nuevo", el refugio en barracas militares podría ser solo el prólogo de un capítulo más oscuro. |
