Opinión de Carlos Loret de Mola A.
Columnista/Washington Post/27 de junio de 2021

El viernes 25 la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó la frontera de su país con México. Un par de semanas antes realizó una gira de trabajo a la capital mexicana para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El miércoles 30 está agendado que el expresidente Donald Trump realice su propia visita a la frontera acompañado por el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Harris y Trump son, en este momento, las dos figuras más visibles para la sucesión presidencial estadounidense de 2024. Kamala porque es la segunda del presidente Joe Biden, quien ha dicho que se visualiza como un presidente de un solo término, que no buscaría la reelección. Trump porque sigue siendo el republicano mejor posicionado para reconquistar el poder y, aunque no ha hecho el anuncio formal, está en franca campaña.

Trump ya está abriendo fuego: acusa al gobierno de Biden de haber descompuesto lo que su gobierno dejó bien. Desde que Biden tomó posesión, las detenciones de migrantes en la frontera estadounidense pasaron de 78,000 en enero a 180,000 en mayo. Esto supera los máximos históricos que ya había tenido la administración de Trump, en 2019, cuando se hablaba de que la frontera estaba fuera de control y el republicano amenazó a México con imponer aranceles si no detenía el flujo de personas.

También se ha asegurado hasta ahora más fentanilo —una droga letal— en la frontera que en todo 2020. Cuando se incauta más, es porque entra más al país. También es un asunto políticamente explosivo y Trump se está regodeando con ambos.

Las detenciones en la frontera, tanto de personas como de estupefacientes, son más altas que con Trump. Ante ello, Biden encomendó a su vicepresidenta que resuelva el problema. Al darle esa tarea visible y crítica, la sitúa también políticamente frente a Trump y da el banderazo de salida a la carrera por la sucesión presidencial.

El primer round Kamala-Trump es en la frontera. Esto vuelve a poner a México al centro de la contienda política estadounidense, un sitio que nunca ha convenido al país: termina exacerbando el racismo y la xenofobia, se traduce en mano dura contra los migrantes y deja maltrecha la imagen del país.

Para Trump, usar a México como trampolín electoral no es territorio desconocido. La exitosa campaña presidencial que lo llevó a la Casa Blanca la inició atacando a México y los mexicanos, criminalizando a los migrantes y anunciando el fin del tratado comercial en el que convergían ambas naciones.

Lo que Trump aprovechó y amplificó en su gobierno, y que Harris entiende, es que para resolver su problema migratorio Estados Unidos necesita de México.

En 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la presión de Trump con docilidad: destinó 26,000 elementos de la Guardia Nacional para fungir como “patrulla fronteriza” en los límites con Guatemala y detener el paso de migrantes centroamericanos a Estados Unidos. Harris tuvo con México un acercamiento que, hasta ahora, al menos públicamente, no conlleva ninguna amenaza pero que busca llegar a los mismos acuerdos: que la frontera sur de México sea el primer muro estadounidense.

Que México quede en medio de la contienda política implicará caminar en la cuerda floja para el presidente López Obrador: por un lado, tiene que entenderse con la nueva administración Biden-Harris, pero dejó una gran amistad —casi debilidad personal— con Trump. Los hermana el estilo populista de ejercer el poder, su lenguaje de permanente polarización, su desapego a la ciencia y los datos duros. Trump tampoco olvidará que López Obrador fue a Washington, en su único viaje internacional, a elogiarlo en medio de la campaña por la reelección. Y que fue de los últimos mandatarios del mundo que felicitó a Biden por un triunfo que se negó a reconocer —alentando las infundadas denuncias de fraude— hasta que no tuvo de otra.

La relación López Obrador-Biden no es tan buena. No hay entre ambos la química que existía con Trump. Han tenido varias llamadas telefónicas, pero no se han visto personalmente desde que son mandatarios y la reunión con Kamala Harris sucedió justo un día después de las elecciones intermedias, en donde López Obrador no obtuvo los resultados que esperaba.

El conflicto en la frontera tiene también una arista en la sucesión presidencial mexicana: es la oportunidad para que el canciller Marcelo Ebrard “resucite” políticamente. Ebrard solía considerarse de los punteros en la carrera por las próximas elecciones presidenciales (en el 2024 también) hasta que colapsó un tramo del Metro de Ciudad de México. La tragedia dejó 26 personas muertas y el primer dictamen oficial culpó a fallas estructurales en su construcción, sucedida durante la gestión de Ebrard como jefe de Gobierno de la capital.

Por todo ello, el visible encontronazo político Trump-Kamala obliga a México, a su presidente y a su canciller a caminar en la cuerda floja. Y como en el circo, en un parpadeo eso puede terminar muy mal. En cambio, llegar con soltura a la otra orilla desata el aplauso del público.

Hace falta más representatividad LGBT+ en la política en México.

Opinión de Adolfo Cerqueda Rebollo*
The Washington Post/ 24 de junio de  2021

*Adolfo Cerqueda Rebollo es el alcalde electo del municipio de Nezahualcóyotl, México.

En las elecciones del 6 de junio pasado me convertí en el primer alcalde electo abiertamente gay del municipio de Nezahualcóyotl, en Estado de México, y apenas el segundo en todo México. Esto no debería ser noticia porque todas las personas somos iguales y mi preferencia sexual no me define. Sin embargo, lo asumo como un logro que acerca más a la igualdad a mi municipio y al país.

En estas elecciones, por primera vez, los partidos políticos tuvieron que postular tres fórmulas de candidatos LGBT+. Hubo más opciones para las y los ciudadanos de votar por candidatos que les representen, aunque pocos logramos ganar las votaciones. Hay ya algunos diputados locales y federales en activo que asumen sus preferencias abiertamente. Y hace un par de semanas los congresos de los estados de Sinaloa y Baja California aprobaron los matrimonios del mismo sexo. Con ello, solo 11 de los 32 estados del país aún no lo permiten.

Hay avances en el tema. Sin embargo, no es suficiente: hace falta que exista más representación de la comunidad LGBT+ en la toma de decisiones políticas y comunitarias en el país.

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Cada uno de los puestos que he ocupado a lo largo de 21 años de trabajo político, tanto en el Senado, la Cámara de Diputados o el gobierno municipal de Nezahualcóyotl, me han permitido sentirme satisfecho. Sin embargo, no ha sido fácil: en mi carrera política siempre sufrí discriminación, ataques y burlas, pero me esforcé el doble y mucha gente que me enjuició hoy me saluda con respeto.

Después, tuve la percepción de que no debía hablar de mi preferencia sexual porque entendí que sería un problema. No la oculté, simplemente fui muy reservado con ella. Pero un día, mientras trabajaba en equipo, escuché de mis colegas comentarios negativos sobre la homosexualidad y sentí que debía enfrentarlo, así que asumí directamente mi preferencia en el ámbito laboral.

Estoy convencido de que en cualquier entorno, y sobre todo en un cargo público, debes ser transparente y enfrentar lo que venga. Si no te sientes aceptado o incluido, te toca comenzar la lucha, ser portavoz y visibilizar a los grupos relegados.

A mis 39 años, puedo decir con orgullo que soy político, entrenador deportivo, activista y amante de la danza, el teatro y el canto. Tengo un hijo de 12 años que es mi motivo para hacer las cosas. Fui candidato por parte del partido Morena a través de un proceso de selección externo. Hubo una campaña sucia en mi contra, en la cual buscaron vulnerar mi integridad y la de mi familia. El objetivo era que la gente tuviese una imagen totalmente distorsionada respecto del hombre que soy.

Pertenecer a la comunidad LGBT+ no fue mi bandera en la campaña, pues no creo en las etiquetas sino en la inclusión de todas las personas. Nunca he negado mi estilo de vida, pero siempre he querido que mi trabajo hable por mí, no los estereotipos que se puedan tener sobre mi persona. A la vez, es imposible no señalar la violencia que vive la comunidad en México: entre mayo de 2020 y abril de 2021 hubo al menos 87 crímenes de odio en el país, y en 2020 hubo al menos 43 asesinatos.

El municipio de Neza, como todos le llaman, tiene muchos retos: está entre los que tienen más altos índices de pobreza y la pandemia del COVID-19 nos ha golpeado duro. También falta respaldar a la comunidad LGBT+, que actualmente se encuentra en el limbo, porque si bien se sabe de su existencia, se desconoce su magnitud. Uno de mis objetivos es crear un área que se encargue de atender de manera integral a personas de la comunidad, donde se les ofrezca asesoría jurídica, atención médica, medicamentos, pruebas oportunas de VIH, atención a víctimas y consultorías en emprendedurismo.

Tomaré posesión el 1 de enero de 2022 y hay mucho por hacer y por transformar. Lo principal, que dependerá de mí, será lograr que la gente abra su visión del mundo y se logre quitar cualquier prejuicio sobre las personas en el servicio público que hemos ganado elecciones por muchas razones, y tras haber luchado por muchas causas y banderas. Si como gobierno logramos que la gente de nuestro municipio acepte ideas diversas y entre en una cultura de respeto, creo que podremos marcar historia.

Soy gay. Soy quien soy. En el momento en el que yo niegue mi propia naturaleza o estilo de vida estaré renegando de mí mismo. Estoy orgulloso de que, gracias al voto de las y los ciudadanos, seré el primer alcalde abiertamente gay que gobierne Neza, un municipio donde, como en muchos otros rincones del país, aún no se ha podido erradicar el machismo, la violencia o el sexismo.

Opinión de Silber Meza
The Washington Post/ 17 de junio de  2021
Silber Meza es periodista de investigación enfocado en temas de corrupción en México.

El próximo gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, llegó al poder por los partidos Morena —al cual pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador— y Sinaloense (local). Ganó en las elecciones del 6 de junio por más de 20 puntos de ventaja al candidato opositor, quien abanderaba una coalición de los partidos que siempre habían gobernado la entidad.

Rocha Moya nació en el municipio de Badiraguato, la llamada “cuna” del narcotráfico: ahí nacieron Joaquín “el Chapo” Guzmán, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Es el origen del Cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México. El político prefirió la ruta del estudio, la política de izquierda universitaria y sindicalista.

l gobernador electo es amigo de López Obrador y cuenta con más de una decena de libros y publicaciones, entre las cuales está El disimulo. Así nació el narco. Es una historia de ficción donde los pacíficos habitantes de un pueblo ven alterada la convivencia por la permisividad hacia los estupefacientes, y la violencia y la ambición se apoderan de la voluntad de la mayoría de ellos. “En poco tiempo las opciones de vida son casi inexistentes si no es por el camino del narco”, se lee.

Pese a escribir sobre él, el narcotráfico no es un tema que le venga cómodo. Por lo que ha declarado, está claro que no piensa enfrentar al Cártel de Sinaloa, y el gobierno federal tampoco ha mostrado interés en ello en estos casi tres años.

Nadie en el estado ni el país desea que haya más matanzas, desaparecidos ni desplazados por el crimen, pero tampoco se puede estar de acuerdo con una política del disimulo donde se deje operar al crimen organizado a cambio de migajas de paz. Son organizaciones que día a día se fortalecen en capacidad bélica, económica y política.

El gobernador electo solo aborda el tema si se lo preguntan, como lo hizo Carlos Loret en una entrevista el 22 de abril. En ella el político dejó entrever un posible entendimiento con el crimen organizado para pacificar el estado. Aunque no lo dejó claro, habló de dejar atrás hipocresías e interlocutores para entrar a un acuerdo directo enmarcado en leyes y políticas públicas: “Yo trataría de buscar que hubiera manera de entender en lo elemental, en lo que más nos daña a la sociedad. Yo no tengo recato para hacer eso. Yo creo que vale la pena intentarlo porque es la forma que nosotros no hemos puesto en práctica”.

Fuera de esta idea vaga de un nuevo entendimiento con la delincuencia, Rocha Moya no aporta soluciones en el combate al crimen organizado que no sea seguir la estrategia marcada por el gobierno de López Obrador, quien ha señalado desde hace años que prefiere “abrazos, no balazos”, sin lograr reducir los altos niveles de violencia.

En una reunión con integrantes de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, el gobernador electo mencionó que su gobierno impulsará un Plan de Seguridad Estatal acorde con la Estrategia Nacional de Seguridad, que mejorará sueldos, prestaciones y seguros de vida a policías, pero no habló de limpiar a las corporaciones de la infiltración del crimen organizado.

A diferencia de lo que sucedió en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), cuando inició la llamada Guerra contra el narcotráfico, el gobierno de López Obrador ha declarado el fin de “la guerra”, y se ha enfocado sin éxito en disminuir los asesinatos.

En el estado, el narcotráfico siempre ha tratado de influir para que candidatos afines a ellos ocupen el poder. Los ejemplos más claros son la exdiputada del Partido Acción Nacional (PAN) Lucero Sánchez, hoy presa en Estados Unidos, y el exjefe policiaco en gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y PAN, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, acusado de operar para el Cártel de Sinaloa.

En la elección reciente hay indicios de que el crimen organizado también apoyó a algunos candidatos de Morena. Los partidos Movimiento Ciudadano y otros han denunciado que grupos armados amenazaron a sus brigadistas e incluso reportaron privaciones ilegales de la libertad. Una de ellas fue la del secretario de organización del PRI estatal, José Alberto Salas Beltrán. Rocha Moya ha negado cualquier vínculo con el crimen, ha acusado que también a ellos los han intimidado y ha puesto en duda las denuncias de sus oponentes. Tras la jornada electoral, la Fiscalía de Sinaloa informó que abrió 44 carpetas de investigación, entre ellas siete denuncias por privación ilegal de la libertad.

Estos lazos entre la política y el crimen hacen que, más que por acciones de la autoridad local o federal, aquí la violencia disminuya cuando los grupos del crimen organizado así lo determinan, y aumente cuando se fragmenta el cártel o cuando otro grupo delictivo invade alguna zona del estado.

El cártel por ahora está en relativa calma, pero con un alto poder bélico y de reacción listo para activarse en cualquier momento. Un ejemplo fue el 17 de octubre de 2019, en el llamado “Culiacanazo”, cuando la delincuencia tomó a la ciudad de Culiacán por asalto para frenar la detención de Ovidio Guzmán López, hijo Joaquín Guzmán.

Rocha Moya prometió que se reunirá con viudas de policías para resolver el problema de pensiones, con grupos de familiares de desaparecidos y con desplazados por la violencia, pero no hay propuestas claras para darle seguridad a las comunidades serranas, donde se origina el desplazamiento forzado por los grupos criminales.

También propone reforzar los programas sociales, pero esto tampoco ha solucionado el problema de fondo porque no han logrado arrebatarle los jóvenes al crimen. La movilización juvenil en el “Culiacanzo” fue una muestra de ello.

El nuevo entendimiento con el crimen del que habla Rocha Moya, pero el cual no explica, necesitaría modificaciones a reformas federales en materia de seguridad. Esto escapa del ámbito local y obligaría a un acuerdo nacional. Lo que parece que sí ha funcionado en lo local para disminuir homicidios, pero no desaparecidos, es el disimulo frente al crimen organizado. Los gobiernos local y federal han decidido ceder el espacio al narcotráfico y no molestarlo en su operación ilegal a cambio de una relativa calma.

Sinaloa, con Rocha Moya, está a punto de convertirse en el modelo más acabado de los “abrazos, no balazos”. Esto podría disminuir un poco más los niveles de violencia, pero al mismo tiempo empoderar al narcotráfico. Al dejarlo operar en libertad, se le permite ampliar su capacidad para seguir generando dinero por medio de la exportación de drogas, el narcomenudeo, las apuestas ilegales, la venta de cigarrillos sin regulación y el lavado de dinero. Además, de seguir influyendo en los gobiernos. La nueva administración debe combatir las causas reales que mantienen vivo al crimen organizado en el estado, una de ellas es la corrupción profunda que existe en las instituciones de seguridad y en la política, aunque no se ve que haya el mínimo interés de hacerlo.

* Marcelo Ebrard es secretario de Relaciones Exteriores de México.
The Washington Post/Opinión 14 de junio de 2021

El  lunes 7 de junio, de 2021 las y los mexicanos nos levantamos con los resultados de la elección intermedia en la que más de 49 millones de votantes —más de la mitad de quienes teníamos derecho a ello— renovamos la Cámara Baja del Congreso, 15 gubernaturas y numerosas alcaldías. Con la excepción de un puñado de incidentes, la elección se celebró en paz y los contendientes aceptaron los resultados.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), del que formo parte, celebró el triunfo de nuestro partido, Morena, en 11 de las 15 gubernaturas en disputa; además de haber retenido, con nuestros aliados, la mayoría en el Congreso. Una alianza de partidos opositores, por su parte, resaltó sus logros en la Cámara de Diputados, así como el triunfo en algunas gubernaturas y zonas metropolitanas. Todas las fuerzas políticas intentaron convencer a la opinión pública sobre lo bien que les había ido en los comicios.

¿A qué suena lo anterior? Ciertamente, más a lo que se acostumbra tras el día electoral en cualquier democracia consolidada que al “inicio” de la regresión democrática sobre el cual algunos alertaban días antes de los comicios.

En las semanas previas, un número de observadores y medios internacionales, y algunos comentaristas mexicanos, habían alertado sobre el riesgo de un supuesto retroceso en México, de la mano del “populista y autoritario” AMLO, al que acusaban de intentar incidir en las elecciones y desmantelar las instituciones de nuestro país. A manera de prueba, citaban su predilección por las consultas ciudadanas, y sus opiniones directas y críticas sobre actores políticos y medios de comunicación. El semanario británico The Economist llegó al extremo de invitar a votar contra él, alertando sobre este riesgo.

Esta nueva falsa alarma revela un problema de fondo de ciertos críticos en México y el extranjero: en su rechazo por el estilo personal y las políticas públicas de AMLO, enfocadas en priorizar a los más pobres, lo han intentado caricaturizar como un autoritario en lo político y un populista en lo económico.

Esta es, al menos, la tercera vez que se equivocan. Primero, predijeron que jamás podría ganar la elección presidencial, pero lo hizo con una votación histórica. Después de su victoria, advirtieron que México —el mayor socio comercial de Estados Unidos— descendería al caos económico caracterizado por hiperinflación, devaluación y sobrendeudamiento, así como de un choque inminente con Washington.

En cambio, una vez que asumió el poder, AMLO logró reorientar las políticas públicas del gobierno hacia los pobres, que hasta 2018 sumaban 52.4 millones de personas. En los últimos 38 años, la participación del trabajo se ha reducido constantemente en comparación con la participación del capital en los factores productivos de la economía mexicana, y el Producto Interno Bruto per cápita ha crecido anualmente menos de 1% en promedio.

Ante este escenario adverso heredado, el presidente promovió un incremento histórico del salario mínimo, manteniendo nuestras finanzas sanas. Después del descalabro económico global provocado por la pandemia, este año estamos en camino de crecer alrededor de 6%. Todas estas razones están detrás de la clara victoria de AMLO en las elecciones de mitad de período, a pesar de las crisis económica y de salud derivadas de la pandemia que, como todos los países, México tuvo que enfrentar.

La reciente visita a México de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, es una prueba de que estamos lejos de un enfrentamiento con Estados Unidos. De hecho, tenemos una relación cercana, respetuosa y colaborativa con nuestro vecino.

La última predicción fallida es que habría un retroceso democrático en México. Los críticos nacionales e internacionales emplearon las últimas semanas para cuestionar el talante democrático de AMLO. Quizás hayan olvidado que fue una de las fuerzas más importantes para el cambio político en un país como México que, hasta hace no tanto, se caracterizaba por contar con elecciones fraudulentas, censura abierta o encubierta y represión política.

No estamos aún donde quisiéramos, pero hoy México tiene elecciones justas, libertad de prensa, disidencia y pluralidad política. El gobierno consulta sobre las grandes decisiones directamente al pueblo (como ocurre con autoridades locales en Estados Unidos y otras grandes democracias). Sí, el presidente ha manifestado su desacuerdo con decisiones de la autoridad electoral o la cobertura de medios de comunicación, pero en todo momento ha respetado su actuar.

México es una gran democracia en proceso de transformación. Por primera vez en décadas, el foco del gobierno está en cerrar la brecha entre ricos y pobres, que hizo del nuestro uno de los países más desiguales del mundo, y en atacar de raíz la corrupción que caracterizó por décadas a los gobiernos en México. Este proceso se ha llevado a cabo manteniendo buenas relaciones con Estados Unidos y el mundo, preservando la disciplina fiscal y promoviendo la consolidación de la democracia.

Los críticos se han equivocado repetidamente en sus intentos por definir al presidente López Obrador y en sus advertencias sobre caos económico, regresión democrática y choque con Washington, que nunca ocurrieron. Quizás es tiempo de que se den cuenta de que lo que les molesta es que un líder político pueda ser tan exitoso como AMLO mientras adopta ideas completamente opuestas a las que ellos han defendido durante los últimos 30 años. Quizás es tiempo de que le den un poco más de crédito a AMLO y a la democracia mexicana.

Opinión de Laura Castellanos/The Washington Post *

El 10 de junio de 1971 fue Jueves de Corpus. Ese día, al menos 400 paramilitares adiestrados en artes marciales, llamados “Los Halcones”, armados con palos de bambú, varillas y armas largas, atacaron una marcha de 8,000 estudiantes en Ciudad de México. El saldo fue la muerte de 32 estudiantes, de acuerdo con datos de la investigadora Ángeles Magdaleno Cárdenas en la revista Proceso, y de más de 120 según la Universidad Nacional Autónoma de México.

La marcha fue en solidaridad con el estudiantado de la Universidad Autónoma de Nuevo León que buscaba más representación en los órganos internos universitarios. “Los Halcones” eran exsoldados, expolicías, boxeadores, luchadores y jóvenes precarizados. Algunos actuaron como francotiradores desde azoteas. Los financió el gobierno capitalino del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entonces en el poder.

El presidente Luis Echeverría Álvarez negó tener responsabilidad alguna, y aceptó la renuncia de Alfonso Martínez Domínguez, a cargo del gobierno local, y Julio Sánchez Vargas, procurador general de la República. Los hechos impunes han trascendido seis gobiernos del PRI, dos del Partido Acción Nacional, y llegan al actual de Morena. La conmemoración de sus 50 años nos da la oportunidad de buscar vías de acceso a la justicia para zanjar tal impunidad histórica.

“La Matanza del Jueves de Corpus” o el “Halconazo”, provocó indignación en grupos estudiantiles. Estaban convencidos de que el Estado que los reprimía no sería derrocado por la vía política ni la electoral, solo por la armada. Una veintena de grupos guerrilleros brotaron durante el sexenio de Echeverría y nutrieron el periodo de mayor actividad guerrillera en la historia moderna del país, como lo documenté en mi libro México armado 1943-1981.

El capítulo de su aplastamiento se conoce como la Guerra sucia. Pero no fue una guerra: el Estado mexicano instauró una política de exterminio, asesorado por el gobierno estadounidense. El mundo vivía la Guerra Fría en la que ese país, en su pugna contra la Unión Soviética por el dominio del orden mundial, impulsó en América Latina el sofocamiento de cualquier expresión de rebelión estudiantil y popular.

El “Halconazo” no detonó por sí mismo la oleada guerrillera, que fue incubada la década anterior. El 10 de junio, Echeverría tenía seis meses en la presidencia cuando reprimió la primera protesta popular que osó salir a las calles de la capital después de la matanza estudiantil de Tlatelolco en 1968, en la que fungió como secretario de Gobernación, bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

Si bien ambas masacres marcaron a una generación que optó por la vía armada, también lo hicieron represiones estudiantiles locales como las ocurridas en Morelia, Monterrey, Chihuahua, Guadalajara y Culiacán, entre otras ciudades. De las filas de su estudiantado, junto con el de Ciudad de México, se originaron tres de las guerrillas que tuvieron más repercusión: La Liga Comunista 23 de Septiembre, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo y Unión del Pueblo.

Esta generación también fue marcada por la negativa del gobierno de otorgarle al Partido Comunista Mexicano (PCM) su registro electoral mientras perseguía y encarcelaba a sus dirigentes. Una parte de la militancia de las Juventudes Comunistas (JC), que llegó a tener 6,000 integrantes, consideró que la masacre de Tlatelolco descartaba de tajo la vía pacífica para establecer una sociedad socialista, al tiempo que veía a la dirección del PCM como burocrática y medrosa.

Una escisión de las JC rompió con el PCM para optar por la vía guerrillera el mismo mes que Echeverría asumió como presidente, en diciembre de 1970.

Ese mismo mes irrumpió públicamente el primer grupo guerrillero, el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), que realizó un asalto a un banco para financiar sus planes revolucionarios. El MAR lo crearon jóvenes que estudiaron en Rusia y fue la única guerrilla entrenada en el extranjero, en Corea del Norte. Sus filas también fueron alimentadas por exmilitantes de la JC.

Tres meses después de la toma de posesión de Echeverría, en marzo de 1971, fue detenida una fracción del MAR. Y tres meses más tarde sucedió el “Halconazo” y brotaron más grupos guerrilleros, la mayoría espontáneos, mal preparados. Los conformaban jóvenes que rondaban los 20 años, la mayoría estudiantes de clase media o popular, la tercera parte mujeres.

El estudiantado de Monterrey se estremeció con la “Matanza del Jueves de Corpus”. De ahí surgieron varios grupos armados, entre ellos un núcleo cristiano radical que se sumó a exmilitantes de la JC para dar vida a la Liga Comunista 23 de septiembre, la guerrilla urbana más grande y con más presencia en el país: una veintena de estados.

Echeverría las aniquiló a todas con acompañamiento contrainsurgente estadounidense. Instalaciones militares y policiacas fueron usadas como cárceles clandestinas, centros de tortura y desaparición forzada. Además, México fue el precursor de los vuelos de la muerte latinoamericanos, en los que personas fueron arrojadas vivas en altamar desde aeronaves militares.

El saldo de la Guerra sucia, que se extendió durante los años 1980, fue de más de un millar de casos de desaparición forzada. La oleada guerrillera pretendió derrocar a un Estado para tomar el poder pero, aún sin quererlo, fue el principal detonante de la reforma política de 1978, durante el gobierno de José López Portillo, que finalmente posibilitó a la izquierda participar en comicios electorales.

Las matanzas estudiantiles y la Guerra sucia quedaron impunes a pesar de la presión de sobrevivientes, activistas estudiantiles, el Comité del 68 e intelectuales. Lograron que durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) se creara la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, pero no se hizo justicia contra los victimarios. El gobierno de su sucesor, Felipe Calderón, la desapareció en 2007.

Echeverría fue exonerado judicialmente por el “Halconazo” en 2005, y por la matanza de Tlatelolco en 2009. El Estado mexicano, como excepción en América Latina, tampoco juzgó a los demás victimarios de la Guerra sucia. Echeverría, mientras tanto, sigue vivo. A sus 99 años, fue captado públicamente cuando acudió a vacunarse contra el COVID-19. La impunidad en México parece tener poderes vivificantes. Es hora de que eso termine.

• Laura Castellanos es periodista independiente mexicana que escribe sobre movimientos subversivos, autora de los libros ‘México armado 1943-1981’ y ‘Crónica de un país embozado 1994-2018’.

Por Mary Beth Sheridan *
The Washington Post/2 de junio de 2021

TAXCO, México - Mario Figueroa estaba sentado en su camioneta blindada, rodeado de guardaespaldas que empuñaban rifles semiautomáticos. El chaleco antibalas estaba escondido detrás del asiento trasero.

En estos días, Figueroa rara vez viaja sin su equipo de seguridad. Como candidato a la alcaldía de esta ciudad colonial española, una vez popular entre los turistas estadounidenses, ahora azotada por la violencia de las drogas, el empresario de 53 años ya recibió un balazo en el pecho.

"Tenemos que estar preparados para lo que suceda", dijo. "Estamos en manos de Dios".
México se encuentra en los últimos días de una de sus campañas electorales más violentas en los tiempos modernos. Ochenta y nueve políticos han sido asesinados desde septiembre, según la consultora de seguridad Etellekt. Muchos más han resultado heridos o amenazados. La campaña se ha convertido en una clara ilustración de la búsqueda de las organizaciones criminales para expandir su control del territorio de México, una amenaza creciente para esta joven democracia.

Las elecciones de mitad de período del domingo determinarán la composición de la cámara baja del Congreso de México y la mayoría de las legislaturas estatales, así como casi la mitad de las 32 gobernaciones. Pero la violencia se ha centrado principalmente en miles de carreras por la alcaldía y otros puestos del gobierno local.

“Esta es una lucha por el poder municipal”, dijo el politólogo de Notre Dame Guillermo Trejo, quien estudia la violencia política en América Latina. Los grupos criminales “han descubierto que ganar control sobre los gobiernos municipales y las economías locales y las poblaciones y territorios es crucial si quieren sobrevivir en las feroces luchas por las rutas del narcotráfico”.

La lucha por la influencia es compleja. Hay políticos que se resisten a los grupos criminales y políticos de los que se sospecha que dan la bienvenida al dinero o al músculo de las pandillas. En algunos pueblos, una organización de tráfico dominante ha impuesto a su candidato favorito. En otros, los grupos armados rivales respaldan a los partidos contrarios.

Luego está Taxco, una pintoresca ciudad minera de plata a 100 millas al sur de la Ciudad de México. Tres de los nueve candidatos a presidente municipal están protegidos por guardaespaldas. Otro aspirante a alcalde abandonó la carrera luego de ser secuestrado y golpeado. Las ramas locales de dos cárteles importantes, la Familia Michoacana y la Nueva Generación Jalisco, están jugando un papel turbio en las elecciones.

“Hemos llegado a un extremo”, dijo Figueroa, un novato político que se postula en la boleta de un partido pequeño, Fuerza por México. Confesó estar nervioso. "¿Cómo podría no serlo?" preguntó. “No soy Superman. Pero alguien necesita poner orden en Taxco ”.

De hecho, esta ciudad que alguna vez fue pacífica se ha convertido en un símbolo del costo social y económico de la creciente presencia de los grupos criminales en México. Taxco sigue siendo una joya arquitectónica, con su catedral barroca del siglo XVIII y cientos de casas encaladas con techos de tejas rojas que se derraman por la montaña Atatzin. Los turistas todavía pasean por sus callejuelas adoquinadas bordeadas de joyerías de plata; rara vez se les hace daño. Pero los homicidios se triplicaron con creces entre 2007 y 2019, llegando a 77, la extorsión es generalizada y los periodistas se autocensuran por temor a ser asesinados.

“Taxco solía ser conocido como uno de los lugares más tranquilos del mundo”, dijo Roberto Hernández Mojica, líder local de un sindicato de mineros. “Ahora, a las 10 de la noche, no hay nadie afuera por la violencia. Nos ha afectado enormemente ".

La campaña por la alcaldía aquí tuvo un comienzo sangriento. Figueroa estaba saliendo de su camioneta cerca de su casa en el centro la noche del 21 de diciembre cuando un motociclista repentinamente rugió, su rostro oculto por un casco.

El mes pasado, las fuerzas de seguridad finalmente arrestaron a un sospechoso, el presunto jefe local del grupo criminal Familia Michoacana . Figueroa dijo que cree que el ataque fue un golpe político. Recordó lo que el pistolero había gritado antes de abrir fuego: "No estás entendiendo la situación con Parra". Marcos Parra era el presidente municipal de Taxco, postulándose a la reelección. Figueroa había acusado a su gobierno de corrupción en proyectos de obras públicas.

“Hemos sido muy críticos con el presidente municipal”, dijo Figueroa. "Entonces pensamos que ese es el origen de los ataques en mi contra".

En una entrevista, Parra se burló de las acusaciones y dijo que su rival no tenía pruebas. "Probablemente él también me va a acusar de matar a Kennedy", refunfuñó. En todo caso, dijo Parra, él es el que está siendo amenazado. En los últimos meses, hombres armados que afirmaban ser del cartel Jalisco Nueva Generación lanzaron un video y colgaron pancartas en la ciudad acusando al alcalde de ser una “rata” vinculada a la Familia Michoacana.

Parra difícilmente parece un gángster. El político de 67 años, con el cabello peinado hacia atrás y una camisa meticulosamente planchada, es hijo de un exlíder del conservador Partido Acción Nacional, una figura respetada que fue encarcelada en la década de 1960 por enfrentarse al autoritario partido único mexicano. Expresar. Parra dijo que había rechazado las invitaciones de grupos criminales para reunirse. “Nunca me he sentado a negociar con nadie” de las organizaciones, declaró. "Tampoco voy a hacerlo".

Aun así, reconoció, dirigir Taxco ha significado soportar la presión constante de las pandillas, cuyos tentáculos se extienden hasta la policía y el sistema judicial. Cuando Parra regresó a la ciudad para convertirse en alcalde en 2018, era tan peligroso que dejó a su esposa e hijo en Acapulco, a 150 millas de distancia. El crimen ha disminuido desde entonces, dijo, pero todavía hay solo 40 policías municipales. Había reclutado a 64 solicitantes más, pero o suspendieron la prueba o decidieron no unirse a la fuerza.

"¿Fueron amenazados?" él dijo. "No sé."

Los desafíos de Taxco reflejan los que afligen a muchas comunidades mexicanas. Los grupos criminales que alguna vez se concentraron en exportar drogas a Estados Unidos se han diversificado hacia la extorsión, el secuestro y la venta de narcóticos. Un esfuerzo respaldado por Estados Unidos para decapitar a los grandes cárteles hizo que se dividieran en bandas rivales. Los productores de heroína buscaron rutas adicionales para responder al creciente apetito estadounidense por la droga y para evadir a las autoridades federales.

La campaña se perfila como una de las más mortíferas en la historia reciente de México, superada solo por el período previo a las elecciones presidenciales de 2018. Treinta y cinco candidatos han sido asesinados en el concurso actual, la gran mayoría de ellos en busca de cargos municipales, según Etellekt. (Otros cincuenta y cuatro políticos que no buscaban cargos este año también han sido asesinados).

La historia continúa debajo del anuncio.

Los candidatos asesinados provenían de todo el espectro político, pero Etellekt descubrió que la mayoría estaba tratando de derrocar al partido gobernante local. Las pandillas tienen mucho en juego en el resultado de las carreras. “Quieren el control de la policía, el control de los proyectos de obras públicas, el presupuesto y las actividades ilícitas”, dijo Marcial Rodríguez Saldaña, líder del estado de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por dramático que sea el recuento de muertos, no refleja todo el alcance de la intimidación de las pandillas. En ciclos electorales anteriores, algunos candidatos ignoraron las amenazas de muerte y continuaron con sus campañas, dijo Adrian Wences, director estatal del pequeño partido Movimiento Ciudadano. “Desafortunadamente, las amenazas se llevaron a cabo”, dijo. Ahora, "cuando son amenazados, abandonan".

En los últimos meses, decenas de candidatos abandonaron sus ofertas para cargos públicos bajo presión o dejaron de hacer campaña. En un caso de alto perfil, una candidata a la presidencia municipal de Valle de Bravo , una ciudad turística en las afueras de la Ciudad de México, dejó de hacer campaña después de que fue secuestrada y amenazada, según informes de noticias locales. La candidata, Zudikey Rodríguez, que representa a una coalición de partidos opuestos a Morena, insistió posteriormente en que todavía estaba en la contienda. “A lo largo de mi vida, nunca he dejado que el miedo me detenga”, dijo en un video.

Si bien los partidos políticos han denunciado la violencia, algunos podrían estar aprovechándose del dinero y la fuerza bruta de los grupos armados. “Realmente lo que estamos viendo es un tipo muy dinámico de negociación de poder entre ambas partes”, dijo Falko Ernst, analista senior en México para International Crisis Group.

La violencia electoral se concentra en siete estados, según el gobierno federal, que ha trabajado con las autoridades locales para asignar guardaespaldas a alrededor de 150 candidatos. “Vamos a seguir brindando protección”, dijo López Obrador la semana pasada. Instó a los ciudadanos a no tener miedo de votar el domingo.

López Obrador se jacta de que la tasa de homicidios de México se ha estabilizado después de varios años de crecimiento explosivo. Pero sus políticas, que incluyen una nueva guardia nacional y programas sociales para atraer a los jóvenes del crimen, no han reducido sustancialmente el número de asesinatos.

Los ataques a candidatos reflejan un esfuerzo más amplio de los grupos criminales para ejercer control en México. Cientos de reporteros, defensores de los derechos humanos, activistas ambientales y sacerdotes han sido asesinados en los últimos años. En Taxco, el periodista Francisco Pacheco fue asesinado a tiros en 2016 luego de publicar duras críticas al gobierno del entonces alcalde Omar Jalil. El político busca regresar al ayuntamiento en las elecciones de este año. Ha negado haber actuado mal y dijo en una entrevista que Pacheco podría haber sido atacado porque cubría el crimen.

Como la mayoría de los asesinatos en México, el de Pacheco no se ha resuelto. Su hijo, Ali, dijo que sirvió de advertencia para otros en una región donde las bandas criminales comparten el poder con los funcionarios electos.

“El mensaje fue muy claro”, dijo. "Permanecer en silencio."
*Mary Beth Sheridan es corresponsal que cubre México y Centroamérica para The Washington Post. Sus anteriores puestos en el extranjero incluyen Roma; Bogota Colombia; y un período de cinco años en México en la década de 1990. También ha cubierto inmigración, seguridad nacional y diplomacia para The Post, y se desempeñó como editora extranjera adjunta de 2016 a 2018.

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente de México describe las elecciones legislativas, estatales y locales del domingo como la última oportunidad para evitar que los conservadores regresen al poder, mientras que los opositores dicen que es una batalla crepuscular para defender las instituciones democráticas del país contra un populista poderoso. A los analistas de seguridad les preocupa que las pandillas y los cárteles de la droga estén desempeñando un papel en la política local en algunas ciudades, después de los asesinatos de unas tres docenas de candidatos.

Hay un poco de verdad en todas esas perspectivas. Pero los cárteles de la droga han intentado durante mucho tiempo controlar el gobierno local en México y la oposición conservadora es tan irresponsable que probablemente no volverá pronto. Y a pesar de la hostilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia las voces críticas en los medios de comunicación, los tribunales o las agencias reguladoras, hasta ahora no ha tomado medidas contundentes contra ellos.

Lo que realmente podría surgir de la votación del domingo es una imagen más clara de si el movimiento de López Obrador, construido sobre su popularidad personal y poco más, lo sobrevivirá. López Obrador tiene prohibido buscar la reelección, y para un hombre que ha estado haciendo campaña incesantemente durante 32 años, esta puede ser la última elección en la que tenga un papel protagónico.

Para un movimiento tan poderoso, a pesar de una de las cifras de muertes per cápita más altas del mundo en la pandemia, López Obrador aún obtiene más del 50% en índices de aprobación, la "Cuarta Transformación" del presidente no parece tener una dirección clara más allá de completar el proyectos ya anunciados, y su partido Morena bien podría fracasar el domingo en su intento de convertirse en una fuerza verdaderamente nacional.

Morena puede mantener la mayoría que ahora tiene con aliados en el Congreso, pero parece poco probable que el partido gane gobernaciones en los estados del norte donde es débil.

Aun así, a pesar de una recuperación económica más lenta de lo esperado y el constante desorden interno de su partido, el propio López Obrador está bien, gracias.

Al igual que el británico Boris Johnson o el estadounidense Donald Trump, el mal manejo de López Obrador del inicio de la pandemia no parece haberlo lastimado tanto; es más probable que la gente recuerde el final de la historia - la capacidad de México para finalmente obtener las vacunas - que el terrible comienzo, dijo Federico Estévez, profesor de ciencias políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

“No importa, la gente ya no vota en función del desempeño”, dijo Estévez. "Votan sobre lo que les gusta o no les gusta".

No faltan las predicciones nefastas de académicos, activistas y miembros de la oposición conservadora de que López Obrador está tratando de derribar las salvaguardias y las agencias de vigilancia independientes construidas, a un costo enorme para los contribuyentes, desde que el antiguo partido gobernante comenzó a perder poder en 1997.

Pero el ladrido de López Obrador parece peor que su mordida. Regularmente critica a los medios de prensa críticos, el poder judicial y los organismos reguladores para las elecciones, las telecomunicaciones, la transparencia y el acceso a la información. Pero casi tres años después de su elección, todavía están allí.

¿Qué haría López Obrador si mantiene su mayoría en el Congreso? Ha murmurado sobre reformar los tribunales, pero dada la baja posición del poder judicial de México en la opinión pública y la enorme falta de confianza que inspira el opaco sistema judicial, no está claro cuánta pérdida para la democracia sería eso.

Es poco probable que el presidente derogue la agencia electoral, aunque podría disminuir su independencia. Cualquier movimiento para abolir la agencia de acceso a la información, que proporciona datos basados ​​en solicitudes de libertad de información, provocaría protestas.

Pero la desesperación se ha vuelto tan aguda entre quienes se oponen a López Obrador, y la oposición está tan desorganizada, que algunos incluso han dado el paso sin precedentes de pedir presión de Estados Unidos sobre López Obrador. Dada la historia entre las dos naciones (Estados Unidos tomó aproximadamente la mitad del territorio de México en 1848), el sentimiento antiyanqui ha sido durante mucho tiempo un elemento básico predecible de la política mexicana.

“El presidente Biden puede ayudar a detener el declive democrático del país”, escribió el autor mexicano Enrique Krauze en un artículo de opinión el 15 de marzo. “A lo largo del siglo XX, Estados Unidos permaneció indiferente al sistema autoritario de México. El Sr. Biden debe repensar esa vieja actitud ... El Sr. Biden puede controlar las tendencias autocráticas del Sr. López Obrador y promover un enfoque moderado ".

Tan obviamente impopulares como son esas llamadas en México, tampoco se encienden entre los votantes mexicanos por otra razón. Si bien es popular entre los intelectuales, la multiplicidad de agencias gubernamentales independientes que surgieron durante la “transición democrática” de México costó mucho y sus beneficios no son muy visibles para la mayoría de los mexicanos.

“Miran lo que nuestros intelectuales públicos defienden como democracia y simplemente ven más corrupción”, dijo Estévez, y señaló que, “una cantidad sorprendente (de diferencias entre los votantes) se trata de cuán efectiva ha sido la democracia. Existe la sensación de que las mayorías merecen poder gobernar en algún momento ”.

Los problemas de la oposición pueden ilustrarse por el hecho de que los partidos con una hostilidad mutua de larga data se vieron empujados a formar una amplia coalición anti-López Obrador para presentar candidatos comunes en muchos estados. Su único tema común de campaña es que el presidente supuestamente representa un peligro para la democracia.

De hecho, el mayor defecto de López Obrador puede ser su total despreocupación por la calidad de los candidatos de su partido. Este año, defendió la candidatura de un hombre acusado de violación a la gobernación del estado sureño de Guerrero y su partido una vez seleccionó candidatos locales sacando nombres de un barril en un sistema de lotería.
Para puestos influyentes en su gobierno, López Obrador prefiere viejos rostros políticos que conoce bien, algunos completamente desacreditados, otros cerca de los 80, a figuras más jóvenes que podrían reemplazarlo cuando termine su mandato en 2024. En términos estrictamente personales, el presidente parece llevarse bien. mejor con algunos gobernadores estatales del gobernante Partido Revolucionario Institucional, cuyo apogeo en las décadas de 1950 y 1960 López Obrador considera como la edad de oro de México.

Los ataques a los candidatos son más preocupantes. Algunos incluso fueron baleados en eventos de campaña donde los espectadores u otras personas resultaron heridos.

Ataques similares se han producido de manera constante en los últimos años, aunque según algunos son algo menos en esta campaña que en 2018. Y el problema está enredado en la estrategia hasta ahora fallida de López Obrador de evitar enfrentamientos con los cárteles de la droga y apostar por soluciones a largo plazo. violencia como becas y capacitación laboral.

El exfiscal antidrogas Samuel González señala que los grandes cambios en las políticas contra el crimen no han estado en la cima del debate en las elecciones actuales y ninguno de los partidos ofrece una alternativa clara.

“Aunque el tema del crimen afecta más a las autoridades locales, no veo que las políticas actuales cambien mucho, ya sea que gane Morena o que lo haga la coalición de oposición”, dijo González. "Soy bastante pesimista".