Opinión de * Ricardo Raphael/The Washington Post
* periodista, académico y escritor mexicano. Su libro más reciente es 'Hijo de la guerra’.

“México carece de servidores públicos honestos, por eso tenemos una alta corrupción”. Esta declaración la hizo el 26 de julio, frente al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.

Obviamente se refirió a los funcionarios públicos civiles y, para que no quedase duda, subrayó que en las filas castrenses el mando no puede darse el lujo de contar con malos elementos: “Nosotros, desde el general hasta el último soldado, desde el almirante hasta el último marino (…) creamos servidores públicos (honestos) para la sociedad mexicana”.

Destaca en la frase la supuesta superioridad moral del poder militar sobre el poder civil, que es reforzada como argumento en cada ritual político que el jefe del Estado mexicano celebra acompañado de las Fuerzas Armadas.

Para López Obrador el pueblo vestido de verde es más confiable que cualquier otro pueblo, sobre todo aquel que se viste de gris: la burocracia mexicana. Aunque no hay evidencia que permita confirmar tal superioridad, la percepción social refuerza su creencia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la institución más confiable para la población mexicana es la Marina, con 88% de aprobación; es seguida por el Ejército, con 84%; y detrás de ambas, la Guardia Nacional que, a pesar de su creación reciente, tiene una valoración positiva de 75%.

Aunque correlación no significa en automático causalidad, presupuesto y buena reputación suelen ir de la mano; y ayudan mucho los recursos económicos para conseguir simpatías y popularidad. Ninguna dependencia del gobierno federal ha percibido un incremento sostenido de sus ingresos durante un periodo tan prolongado como estas: entre 2013 y 2018 la Secretaría de la Defensa Nacional obtuvo un aumento del gasto de inversión de 485% y la Secretaría de Marina de 239%.

En esta administración se sumó la Guardia Nacional a la dupla favorecida por los impuestos que pagan los contribuyentes. Si bien en estricto sentido la Guardia está subordinada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo cierto es que la mayoría de su personal fue reclutado y cobra en las Fuerzas Armadas. Esto quiere decir que un incremento en los presupuestos asignados a la Guardia Nacional implica, en realidad, un crecimiento del flujo de recursos asignados por el gobierno al poder militar.

En este contexto es que debe leerse el anuncio realizado por López Obrador frente al almirante Ojeda Durán sobre un incremento de 50,000 millones de pesos (2,500 millones de dólares) en el presupuesto que se asignaría a la Guardia Nacional para 2022. Esto querría decir que para el año próximo la Guardia contará con más de 85,671 millones de pesos, los cuales servirían para pagar la nómina, pero también para la construcción de un total de 500 cuarteles que habrían de estar listos antes de 2024 —cuando termine esta administración—, así como para la edificación de unidades donde habitarían las familias de los efectivos.

Asumiendo que al menos dos tercios del pago de la nómina de la Guardia, así como la edificación tanto de cuarteles como de vivienda son actividades desempeñadas por las Fuerzas Armadas, la mayor parte de este incremento presupuestal terminará beneficiando a las arcas militares.

La comparación anual de este incremento presupuestal durante la actual administración es notable, sobre todo porque ninguna otra institución ha sido tratada con un privilegio similar. En 2020 la Guardia Nacional obtuvo un presupuesto de 29,286 millones, en 2021 de 35,671 millones y, para 2022, tocará un techo de mas de 85,671 millones.

Estos números contrastan con el presupuesto decreciente entregado por la Federación a otras dependencias que deberían ser consideradas igual de importantes para asegurar la paz del país. Consistente con el argumento de la superioridad moral militar o, más precisamente, con la inferioridad civil, destaca el desinterés del gobierno por otros funcionarios como los ministerios públicos, los jueces o los custodios, cuya tarea es tanto o más importante para pacificar al país, por la vía legal, que la de los soldados o los policías.

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2018, por cada 1,000 delitos cometidos en México la procuración de justicia cuenta únicamente con cinco agentes del Ministerio Público para resolverlos.

Igual de preocupante es el número de jueces disponibles. Esta misma fuente calcula que el país tiene, en promedio, 2.17 jueces por cada 100,000 habitantes. El promedio internacional es de 17.8 juzgadores. Una austeridad excesiva similar afecta a las prisiones, donde el número de personas responsables de la custodia de las personas privadas de la libertad es tan limitado que, con frecuencia, son los individuos recluidos quienes realmente administran las cárceles mexicanas.

El argumento de la superioridad moral militar ha conducido a una superioridad presupuestal tan asimétrica que afecta severamente a las dependencias civiles, la cuales también son parte central para la provisión de paz y legalidad en el país. Se trata de un ciclo vicioso que merece revisarse a la luz de la pugna política entre los poderes civil y militar que, por lo pronto, se expresa en el terreno de los dineros públicos, pero no solamente ahí.

Opinión de Luis Antonio Espino, consultor en comunicación en México.
Tomado de The Washington Post/18 de julio de 2021

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha faltado sistemáticamente a la verdad en su iniciativa para llevar discrecionalmente a juicio a cinco expresidentes, desde Carlos Salinas (1988-1994) hasta Enrique Peña Nieto (2012-2018). Su gobierno realizará una consulta pública el 1 de agosto, en donde se preguntará a la población: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

De este modo, el presidente impulsará una venganza política y personal eludiendo la rendición de cuentas sobre su palabra y acciones. La consulta es una farsa demasiado peligrosa para ignorarla y esperar que el desinterés de la población la vuelva inofensiva.

En estos casi tres años de gobierno, AMLO se ha apoyado para este tema en la paralipsis, un recurso retórico que permite hablar de una idea dando la impresión de que se está pasando por alto, relegando o negando la misma. En este caso, el presidente dijo repetidamente que estaba en contra de someter a juicio a los expresidentes, pero al mismo tiempo no dejó de hablar de ello y responsabilizó a lo que él llama “el pueblo” de la decisión final.

Por ejemplo, en junio de 2019, dijo: “Si es indispensable se hace (la consulta para el juicio), pero yo no creo que debamos estar anclados en el pasado, debemos ver hacia adelante, solo que sea mucha la exigencia de la gente”.

En vez de ofrecer argumentos a favor de lo que se supone que él quería —no juzgar a los expresidentes—, AMLO lo hacía frecuentemente a favor de lo contrario. En febrero de ese mismo año afirmó: “Que el ciudadano diga: Sí, queremos enjuiciar a Salinas. ¿Por qué? Porque entregó empresas públicas a particulares. Queremos enjuiciar a Zedillo, porque convirtió las deudas privadas en deuda pública con el Fobaproa. Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia (…) Queremos enjuiciar a Felipe Calderón, porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio. Queremos enjuiciar a Peña por corrupción”.

De este modo, al afirmar que en realidad no quiere llevarlos a juicio y que “el pueblo” debe decidir, elude hacerse cargo de sus acciones.

Para llegar a que se realice esta consulta, el poder presidencial venció las murallas institucionales del Congreso y la Suprema Corte de Justicia. Ante esta iniciativa de López Obrador, hay quienes proponen que se le ignore. “Es altamente posible que la consulta popular no tenga viabilidad”, señaló el exministro José Ramón Cossío. “Lo que conviene es llamar al país a la abstención y a desairar los intentos polarizantes del presidente”, recomendó el consultor Luis Carlos Ugalde, al recordar que se necesita 40% de participación para que la consulta sea jurídicamente vinculante. “Espero que un número considerable de ciudadanos no se sumen a ese ejercicio indigno”, dijo el académico José Woldenberg, tras calificar a la consulta como un “carnaval que tiene mucho de espectáculo ultrajante, venganza y operación distractora”.

Coincido con ellos, pero también pienso que esta farsa es demasiado peligrosa para ignorarla. Hay que comprender que AMLO es muy bueno usando la técnica discursiva conocida como framing (o encuadre), en la cual la forma en la que un tema es presentado influye en cómo la gente lo percibe y toma posturas a favor o en contra.

El encuadre que AMLO ha logrado darle a la consulta es el de la moralidad y la revancha. Así, mientras sus críticos y opositores atacan con argumentos racionales la falta de sentido jurídico y presupuestal de la consulta, el presidente transmite su mensaje en la frecuencia de las emociones y nos está preguntando en realidad otra cosa: ¿Siente usted que todos los presidentes previos son malas personas, líderes inmorales y sin legitimidad movidos por el deseo de causarle daño intencionalmente a México? ¿Siente usted que ahora “el pueblo” tiene derecho a regresarles ese daño?

Si contestáramos que sí, como es muy probable que responda la mayoría de quienes irán a votar, implícitamente estaremos diciendo que AMLO es la única buena persona que ha llegado a presidente de México y, por lo tanto, el único con legitimidad para castigar a los villanos. Si eso fuera cierto, entonces ¿por qué habríamos de cambiar de presidente en el futuro?

Por eso la consulta es mucho más peligrosa de lo que aparenta. Con esa votación no se está cuestionando solo a los expresidentes sino también a todo el sistema democrático, al deslegitimar a los gobernantes de los partidos que hoy forman el núcleo de la oposición. No es casualidad que en la siguiente consulta, a celebrarse en marzo de 2022, se preguntará al “pueblo” si queremos que AMLO se quede o se vaya de la presidencia. ¿Qué haremos si AMLO decide preguntarnos esto mismo en las elecciones presidenciales de 2024? ¿Bastará también con la abstención para impedir su reelección o la extensión arbitraria de su mandato?

No bastan la abstención y la indiferencia. La oposición y las voces críticas del gobierno deben ser más activas en el rechazo a la consulta para que las y los ciudadanos no caigan en esta trampa del populismo que busca propagar la distorsionada idea de que solo López Obrador tiene la “autoridad moral” para gobernar a México. Debe explicarse la ciudadanía que no estamos ante un acto de justicia, sino ante un ejercicio de deslegitimación e intimidación política y jurídica de la oposición.

Participar en la consulta, así sea para votar por el “no”, significa darle permiso a una sola persona para erigirse en juez y verdugo de todo el sistema político en nombre de un “pueblo” definido a modo. Debemos ser claros también en el hecho de que López Obrador no solo busca destruir la imagen y la reputación de los expresidentes, sino afectar las posibilidades políticas de potenciales competidores electorales en el futuro. No son pocos los políticos que podrían caer en la difusa categoría de “actor político" que “tomó decisiones políticas en el pasado” y convertirse en cómplice de los expresidentes condenados en esta farsa, cuyo único propósito es convertir el relato demagógico de AMLO en la única forma de pensar y entender nuestra realidad política.

* El 1 de agosto los mexicanos votarán en un referéndum nacional
sobre la posibilidad de llevar a juicio a cinco ex presidentes

LAS AMERICAS/The Economist

Esta es una pregunta que pudo haber sido ideada por Cantinflas, un actor cómico que convirtió el gusto mexicano por el circunloquio en una forma de arte absurda. “¿Está de acuerdo o no en que se realicen las acciones adecuadas de acuerdo con el marco constitucional y legal para emprender acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos, encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

 Esto es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que los mexicanos decidan en un referéndum nacional el 1 de agosto.

Descodificado, lo que significa es, ¿debería estar autorizado para orquestar una especie de juicio espectáculo no oficial de sus cinco predecesores más recientes y sus subordinados?

El señor López Obrador (o AMLO, para abreviar), siempre ha insistido en que se convirtió en presidente para trazar una línea en menos de 30 años de lo que él llama gobierno “neoliberal” y corrupto. A esos cinco presidentes los responsabiliza, de diversas formas, por la corrupción, la concentración de la riqueza, el fraude electoral y una fracasada guerra contra las drogas que engendró aún más violencia. Poco después de su aplastante victoria en 2018, comenzó a hablar sobre la celebración de un referéndum sobre si llevar a los ex presidentes a juicio.

Recurrir al voto popular para decidir si se procesa o no a alguien es una parodia del estado de derecho. La Corte Suprema, cuyo presidente se jacta de tener una relación "afectuosa" con AMLO , dictaminó estrictamente que el referéndum era constitucional, pero suavizó la cuestión a su enrevesada forma actual. Lo que hace que el ejercicio sea aún más surrealista es que el presidente dice que no votará, porque no es "vengativo" y no quiere detenerse en el pasado. Sin embargo, si "la gente" decide lo contrario, actuará según sus deseos.

Este referéndum sirve a varios de los propósitos del presidente. Le gustan los votos consultivos. Apoyan su afirmación de prestar más atención a la gente que sus predecesores. Los ha utilizado para respaldar decisiones que quería tomar de todos modos, como la cancelación de un nuevo aeropuerto a medio construir en la Ciudad de México.

Éste tendrá fuerza vinculante si participa el 40% del electorado y la mayoría vota a favor. Si eso sucede, algunos piensan que el gobierno establecerá una especie de comisión de la verdad sobre el pasado reciente. Pero la participación puede quedarse corta. La oposición boicotea la votación. La autoridad electoral independiente, que se queja de que el gobierno lo está privando de fondos, dice que instalará solo un tercio de la cantidad de colegios electorales que utilizó en las elecciones intermedias del mes pasado.

La votación también confirma que, en la lucha contra la corrupción, AMLO prefiere el teatro, que él puede dirigir, a la sustancia. Los mexicanos están hartos de la corrupción; el gobierno de Enrique Peña Nieto de 2012-18 fue notoriamente corrupto. AMLO hizo de poner fin a la corrupción un punto central de su campaña. Sin embargo, “la corrupción en México goza de buena salud”, dice María Amparo Casar de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ( mcci ), un organismo de control. "Se habla contra la corrupción, pero no hay una política anticorrupción".

Más bien, ha habido regresión. Aunque se supone que los contratos públicos deben licitarse, como prometió López Obrador, su gobierno los ha adjudicado por fiat en el 81% de los casos, más del 79% con Peña Nieto, según la Sra. Casar. La oficina del fiscal especial para casos de corrupción ha sufrido un recorte de fondos y personal. La lucha contra la corrupción se ha convertido en una herramienta política. El año pasado, España extraditó a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, la petrolera estatal, a quien se busca por aceptar sobornos de Odebrecht, una constructora brasileña. No ha sido encarcelado y se ha convertido en testigo protegido, incriminando a los enemigos del gobierno. amlo acosa a activistas anticorrupción: ha criticado al mcci decenas de veces en sus ruedas de prensa matutinas, y las autoridades fiscales lo han sometido a auditorías punitivas.

El presidente reclamó la victoria en las elecciones del mes pasado porque su partido obtuvo diez gobernaciones estatales. Pero perdió su mayoría en la cámara baja del Congreso (todavía puede ganar una con aliados) y sufrió una humillante derrota en la Ciudad de México. Aunque sigue siendo popular, López Obrador ya no es invencible. Muchos mexicanos siguen pensando que está de su lado. Pero están sufriendo por la pandemia, el mal manejo de la misma por parte del gobierno y la recesión económica relacionada, así como un crimen violento sin cesar. Para distraer la atención de las fallas políticas, su presidente necesita todos los espectáculos de teatro político de Cantinflas que pueda reunir.

* La isla comunista no ha visto grandes muestras de descontento durante décadas.

 The Economist/LAS AMERICAS
Una revuelta contra la revolución
13 de julio de 2021

EL 11 DE JULIO miles de manifestantes salieron a las calles de manera espontánea en más de 50 pueblos y ciudades cubanas. Tenían una larga letanía de quejas: cortes recurrentes de electricidad, tiendas de comestibles vacías, una economía en quiebra, un gobierno represivo y una situación cada vez más desesperada con respecto al covid-19.

En una muestra de descontento que no se había visto en la isla comunista durante tal vez seis décadas, personas de todas las edades cantaron y marcharon, algunas de ellas al son de cucharas y sartenes.

“Patria y Vida” - un riff del eslogan revolucionario “Patria o Muerte (Patria o Muerte), y el nombre de una canción popular de reguetón que critica al gobierno - fue su grito de guerra, junto con“ Libertad ”. (Libertad) y “Abajo la dictadura” (Abajo la dictadura).

Al día siguiente, las calles estaban más tranquilas mientras la policía iba de casa en casa, rodeando a los manifestantes.

 La policía antidisturbios se extendió por las ciudades, los agentes vestidos de civil salieron a las calles y las turbas a favor del gobierno blandiendo imágenes de Fidel Castro fueron convocadas para corear lemas revolucionarios y ondear banderas cubanas.
 Miguel Díaz-Canel, presidente y primer secretario del Partido Comunista, apareció en televisión para declarar:

 "Cuba es de sus revolucionarios". Al menos 150 personas han desaparecido. Hay rumores de que se está reclutando por la fuerza a hombres jóvenes en el ejército.

La gran pregunta es cuánto poder de permanencia tendrán las protestas.

Los próximos días mostrarán si la respuesta de acciones del régimen de aplastar cualquier signo de disidencia funcionará nuevamente.

El gobierno tiene poco margen de maniobra para comprar la paz social.

Cuba se ha visto gravemente afectada por el covid-19 y por una caída vertiginosa del turismo, del que depende en gran medida. La falta de divisas con las que comprar importaciones ha provocado una aguda escasez de alimentos y apagones.

Bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos endureció las sanciones contra Cuba. Estos han agravado los problemas económicos de la isla.

La renuencia de Cuba a comprar vacunas extranjeras, nacida de una mezcla de autarquía y escasez de efectivo, significa que solo el 16% de la población está completamente inoculada.

Se están desarrollando vacunas de cosecha propia, pero aún no se han implementado a nivel nacional (mientras tanto, las farmacias carecen incluso de lo básico como la aspirina).

Mientras que el turismo se ha reanudado en lugares cercanos donde el covid ha retrocedido, como Jamaica y la República Dominicana, Cuba está sufriendo un aumento de infecciones y muertes. En un video publicado en Facebook, Lisveilys Echenique, quien vive en la ciudad de Ciego de Ávila, describió cómo su hermano pasó 11 días luchando contra el covid-19 sin ningún tratamiento porque no había camas de hospital ni medicinas disponibles. Después de su muerte, su cadáver permaneció en su casa durante siete horas antes de que llegara una ambulancia.

La economía cubana estuvo a punto de colapsar a principios de la década de 1990, después de que la caída de la Unión Soviética detuviera abruptamente la ayuda exterior. También hubo entonces protestas públicas, que se dispersaron rápidamente. Pero los cubanos ahora tienen acceso a Internet y son expertos en usarlo para movilizarse. En los últimos días han circulado rápidamente videos de violencia policial y detenciones arbitrarias. En un momento de la tarde del 11 de julio, cuando las protestas alcanzaron su punto máximo, las autoridades parecieron bloquear todo acceso a Internet. Pero por mucho que el gobierno desee apagar Internet, no puede permitírselo: las exorbitantes tarifas de acceso que cobra el monopolio estatal de telecomunicaciones son una importante fuente de divisas. Internet también es un conducto importante para las remesas de los cubanos en el exterior.

“El gobierno se ha encerrado como una ostra”, dice José Jasán Nieves Cárdenas, editor de El Toque , una revista cubana independiente. “En lugar de reconocer que tiene que salir y entablar un diálogo con su pueblo, ha optado por la represión”. Se utilizaron balas de goma y gas lacrimógeno contra las multitudes, aunque en algunos casos los manifestantes superaron en número a los agentes de seguridad que se vieron obligados a retirarse. A medida que las cosas se intensificaron, los coches de la policía fueron volcados y algunas tiendas de monedas convertibles despreciadas fueron saqueadas.

En un discurso del 12 de julio, Díaz-Canel culpó de los problemas de Cuba al embargo impuesto por Estados Unidos, como siempre hace el gobierno. Ignoró las quejas de los manifestantes y, en cambio, los descartó como mercenarios. Ofreció más excusas que planes de reforma. Después del discurso del presidente, más manifestantes se reunieron frente al edificio del Capitolio en La Habana. En este punto, no hay mucho, aparte de dejar el cargo, que pueda hacer para enmendar a su gente, dice el dueño de una pequeña empresa. “No se puede tapar el sol con un dedo”, dice. Hay demasiados problemas ahora para que el régimen tape las grietas.

Alfred Martínez Ramírez, miembro del 27N, un grupo de activistas, artistas e intelectuales que luchan por una mayor libertad de expresión, se unió a una protesta frente al Ministerio de Cultura en noviembre.

Estuvieron presentes unas 300 personas, lo que en ese momento parecía una gran cantidad. Los cubanos rara vez protestan, sobre todo porque las reuniones públicas no autorizadas son ilegales.

Ver a miles de personas en las calles de La Habana ayer le dio la esperanza de que su grupo no está solo, y que incluso pueden haber ayudado a muchos otros cubanos a superar su miedo a la disidencia. “Ha habido un despertar”, dice.

Opinión de Carlos Loret de Mola A.*
Columnista/ The Washington Post
July 11, 2021

 Un segundo hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue captado en video recibiendo dinero en efectivo clandestinamente.

En agosto de 2020, el primer videoescándalo familiar de López Obrador fue el de su hermano Pío, quien aparecía recibiendo 400,000 pesos mexicanos (equivalente a 20,000 dólares, aproximadamente) y diciendo que eran para la campaña de su hermano Andrés Manuel. David León, un operador del gobierno del estado de Chiapas, quien se volvió después figura estelar del gabinete obradorista, entregó el dinero y grabó el video. La “explicación” del presidente mexicano se volvió un meme: no era corrupción, eran “aportaciones para fortalecer el movimiento”.

Once meses más tarde, vemos a Martín Jesús López Obrador recibiendo del mismo personaje 150,000 pesos mexicanos (7,500 dólares aproximadamente) en fajos de billetes y hablando también de que el dinero era para su hermano. La reacción del presidente: se trata de un “trato personal”, un préstamo. Brotaron de nuevo las burlas.

 En ambos casos, las torpes excusas presidenciales han sido acompañadas de una ráfaga incesante de calumnias, insultos y descalificaciones contra el periodista que lo publicó, yo. La reacción oficial no buscó explicar esos hechos ni aplicar una elemental rendición de cuentas sobre ellos sino atribuir intenciones deshonestas a los medios que los revelaron. Así, exhibe que su postura sobre la corrupción tiene dos caras: si los involucrados pertenecen a su familia o a su movimiento político, son exonerados de antemano; de otra forma, son condenados sin investigar.

Es un sello de la casa. López Obrador le dedica más tiempo a tachar a la prensa de corrupta, conservadora, e incluso golpista, que a abordar seriamente las crecientes noticias que radiografían que su administración es un estrepitoso fracaso en prácticamente todos los frentes: lucha anticorrupción, manejo de la pandemia, economía y seguridad pública.

Le gustaría que no se supiera del estado de desastre en que ha puesto a la administración pública, la forma como ha destruido las capacidades del Estado para atender a la ciudadanía. Los homicidios han marcado niveles récord en lo que va de su sexenio, México tiene casi 250,000 muertes estimadas por la pandemia, según cifras oficiales, y la crisis económica ha dejado 13 millones de pobres más.

 En el universo maniqueo delineado por la retórica del presidente López Obrador, los hechos que documenta el periodismo son “ataques”. Es el mejor retrato del pensamiento autoritario que sostiene toda la visión política de López Obrador. No es un demócrata. Nunca lo ha sido.

Los videos de Pío y Martín López Obrador, grabados en 2015, impactan en línea de flotación de su hermano Andrés Manuel, quien llegó al poder dándose ínfulas de puro, un político austero que vive con 200 pesos (10 dólares) en la cartera, decidido a terminar con la corrupción que por décadas ha marcado a México. Pero estos videos desmienten las banderas políticas del obradorato.

Los dos hermanos explican en sus videos que la recepción de recursos clandestinos forma parte de una serie de operaciones con dinero en efectivo, programadas y calendarizadas. Ambos mencionan que el dinero es para su hermano —entonces el principal líder opositor del país— y para su campaña. En México, todo partido político que reciba recursos en efectivo debe reportarlo a la autoridad electoral. De acuerdo con nuestras investigaciones, Morena no declaró lo recibido por los hermanos del presidente.

 Dos videos de dos hermanos del mismo presidente haciendo lo mismo. En ambos casos, López Obrador ha dicho que debe investigarse. Sin embargo, un año después del videoescándalo de Pío, no ha habido ningún avance de ninguna investigación. Lo que sí sucedió fue que el hermano del presidente me demandó por publicar esas imágenes inculpatorias.

Pero algo que sí ha avanzado es la campaña sistemática desde el poder presidencial contra el periodismo que lo denuncia y exhibe. López Obrador ha llegado al extremo de incluir una sección fija en sus conferencias oficiales matutinas dedicada a desacreditar a los periodistas que no le aplaudimos ni cantamos la gloria de su gobierno. De señalarnos y ponernos en la picota para que sus huestes digitales y mediáticas embistan, amenacen, amedrenten.

No, no es un chiste de un gobierno pintoresco. Son zarpazos del poder contra la primera de las libertades imprescindibles para que exista democracia: la de expresión. Es una política de hostigamiento inadmisible en cualquier sistema democrático.

 López Obrador odia —e incita a los suyos a odiar— a los periodistas, porque no quiere que publiquemos la información que deja al desnudo su discurso triunfalista frente a la realidad de un gobierno sin logros y con muchos desastres.

 Por eso se esmera en poner a los periodistas en su lista de objetivos a atacar, antes que a los criminales, los narcotraficantes, los asesinos, para los cuales tiene “abrazos, no balazos”.

El presidente odia el periodismo porque es el antídoto más poderoso contra la propaganda, su especialidad, y porque pone frente a la sociedad el desastre administrativo y el fracaso de los grandes planes que anunció para acabar con la inseguridad, mejorar la situación económica de los más pobres, erradicar la corrupción, respetar los derechos humanos y constituir un gobierno democrático y justo.

 * Carlos Loret de Mola, periodista mexicano, ha trabajado en televisión, radio y prensa, donde ha encabezado noticieros líderes en audiencia.

El asesinato de su presidente agravará el caos en Haití
Jovenel Moïse no fue amado. Pero su muerte deja al país con un vacío de poder

The Economist/Las Américas

LOS OPONENTES de Jovenel Moïse, el presidente de Haití, llevaban mucho tiempo pidiéndole que deje el cargo. Ahora lo ha hecho, pero no de la forma que esperaban. Un grupo de atacantes desconocidos disparó y mató al Sr. Moïse en el dormitorio de su residencia privada en una comunidad cerrada en las afueras de Port-au-Prince, la capital, en las primeras horas del 7 de julio. También hirieron a su esposa.

Claude Joseph, quien ocupa temporalmente el cargo de primer ministro, anunció el asesinato en un comunicado y dijo que se ha hecho cargo del país caribeño.

Haití ya está en un estado de agitación, en gran parte relacionado con el gobierno de Moïse, y el asesinato le agrega más leña al fuego.

La mañana siguiente al asesinato, las calles de Puerto Príncipe estaban inusualmente tranquilas, sin el rugido habitual de las motocicletas y el bullicio de los puestos del mercado, mientras los haitianos intentaban adivinar qué pasaría después. El aeropuerto de la ciudad estaba cerrado, al igual que la frontera terrestre con República Dominicana. El asesinato ha conmocionado a un país que, a pesar de toda su historia de desgobierno y violencia criminal, ha visto relativamente poca violencia política en los últimos años.

Los rumores se arremolinan sobre quién estuvo detrás del asesinato.
 Los asesinos de Moise probablemente eran mercenarios.
 La pregunta es: ¿quién los contrató?
“Obviamente era alguien con mucho dinero y mucho poder”, dice Monique Clesca, ex funcionaria de la ONU.
Muchos señalaron con el dedo a los políticos de la oposición o las élites haitianas, quizás los culpables más probables. Otros haitianos, que dada la historia del país sospechan de la injerencia extranjera, sospechan que el ataque provino de afuera, posiblemente de Venezuela (Moïse no reconoció las elecciones de 2018 que Nicolás Maduro, el déspota venezolano, afirmó haber ganado) o Estados Unidos. Estados.
 Joseph dijo que algunos de los atacantes hablaban español (los haitianos hablan creole y francés). Otro video sugirió que hablaban inglés y afirmaban ser agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.

No fue el primer atentado contra la vida de Moïse, al menos, según él.

En febrero, su gobierno arrestó al menos a 23 personas, incluidos un juez superior y un oficial de policía de alto rango, acusados ​​de planear un asesinato y un golpe de Estado. Moïse no tenía escasez de enemigos.

Un ex gerente de plantación que se refirió a sí mismo como "Banana Man", se convirtió en presidente en 2017. Desde el principio, su gobierno fue problemático.

Estallaron protestas por el costo de la vida.

 Los críticos lo acusaron de estar involucrado en el robo de millones de dólares de PetroCaribe, un fondo de ayuda de Venezuela (un cargo que él negó). Las protestas contra él se intensificaron a principios de año; Los opositores dijeron que su mandato terminó el 7 de febrero, que marcó cinco años desde que su predecesor dejó el cargo. Afirmó que su mandato comenzó cuando tomó el poder.

A medida que se profundizaba la crisis política, Moïse se volvió más autoritario.

Desde enero de 2020, cuando destituyó a todos menos diez senadores en la legislatura bicameral sobre la misma base que otros afirmaron que su mandato había terminado, el presidente había estado gobernando por decreto. Usó sus poderes para crear una agencia de inteligencia y amplió la definición de terrorismo para incluir actos de disensión. Los manifestantes fueron atacados por gánsteres.

Moïse negó haberles pedido que intimidaran y mataran a sus oponentes.

Los presidentes haitianos anteriores también han fomentado la violencia y la corrupción. Pero con Moïse la situación empeoró.
Los críticos lo acusan de utilizar las pandillas para cumplir sus órdenes en mayor medida, o de tener menos control sobre ellas, que los presidentes anteriores (políticos de todos los partidos y familias de las grandes empresas trabajan con las pandillas). En las últimas semanas se han intensificado los combates en Puerto Príncipe; miles de personas tuvieron que huir de sus hogares solo en junio. Según algunas estimaciones, los secuestros en Haití se triplicaron el año pasado en comparación con 2019. El aumento de la inseguridad ha provocado que la economía se contraiga durante los últimos dos años.

Aunque Moïse ha sido el foco de mucho descontento en el país, es poco probable que su muerte simplifique las cosas. "Era una persona complicada y con defectos, pero las personas que lo convirtieron en el único foco de todo lo que está mal en el sistema de Haití pasan por alto las fallas más importantes de ese sistema", dice Michael Deibert, autor de dos libros sobre Haití que fue programado para entrevistar al Sr. Moïse la semana que viene.

Todo esto significa que ahora hay un vacío de poder en el país.

 El funcionario designado que normalmente intervendría, el presidente del tribunal de casación, murió de covid-19 hace dos semanas.

Joseph tiene poca legitimidad.

Un nuevo primer ministro ya debía jurar el 7 de julio, antes de que el Sr. Moïse fuera asesinado.

Algunas partes de la oposición, que habían estado pidiendo que Moïse dimitiera para dar paso a un gobierno de transición, ahora pueden intensificar esos llamamientos.

El asesinato también podría dificultar la celebración de elecciones para un nuevo presidente y legislatura, que se celebrarán en septiembre.

“No teníamos esperanzas de elecciones desde el principio [con el señor Moïse]; ahora hay incluso menos esperanzas ”, dice Pascale Solages, miembro de We Will Not Sleep, un grupo de protesta.

En muchos sentidos, Haití ya parece un estado fallido.

Los hombres con armas llevan mucho tiempo aterrorizando a su gente. Sólo el mes pasado Jimmy Chérisier, alias Barbecue, un ex policía y líder de una alianza de pandillas, anunció una “revolución” contra el status quo (aunque muchos piensan que se refería a la oposición).

 Ahora que la anarquía ha alcanzado el cargo más alto del país, muchos haitianos temen lo peor.

La policía es más débil que las pandillas, que ahora pueden sentir que tienen las manos libres.

 Los haitianos están preparados para un recrudecimiento de la violencia.

Opinión de Carlos Carabaña/The Washington Post

Carlos Carabaña es dibujante y reportero. Forma parte de la Unidad de Investigación del diario ‘El Universal’ en México.

La Reserva de la Biosfera de Calakmul, en México, tiene la segunda mayor extensión de bosques tropicales en América, solo superado por la del Amazonas. La Secretaría de Medio Ambiente mexicana la alaba como la mejor conservada de la región y es hogar de 80% de la flora de toda la península de Yucatán, de 350 especies de aves y un centenar de mamíferos, incluyendo animales en peligro de extinción como el pecarí labios blancos, el pavo ocelado o el jaguar.

Pero si los planes del gobierno de México de construir el Tren Maya —uno de los megaproyectos que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador— siguen adelante, llegarán miles de turistas a una selva conservada y habrá una franja vallada de más de 40 metros de ancho que creará una frontera humana a lo largo del tramo Selva 2 del tren. Este es el más largo de la ruta, con 287 kilómetros, e irá de la zona de Bacalar, en el estado de Quintana Roo, a Escárcega, en Campeche.

El gobierno de México ha pagado 159 millones de pesos en asesorías que le advierten que construirlo es una mala idea, pero ha preferido ignorarlas. Lo que debería hacer es replantearse el megaproyecto.

Los estudios encargados tanto por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), promotores de la obra, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a científicos y consultoras señalan que esta parte del tren conlleva muchos riesgos, pero las autoridades han decidido ignorarlos, censurando y ocultando informaciones críticas con el objetivo de cumplir un mandato presidencial que huele a obsesión.

El Tren Maya será un lazo de 1,500 kilómetros en la península de Yucatán. De sus siete tramos, es el Selva 2 el que más preocupa a ecologistas y científicos, quienes advierten contra los riesgos ambientales de un tren que tiene como objetivo declarado conectar el modelo de turismo masivo de la Riviera Maya, como Cancún, con la selva mejor conservada de la región.

En una serie de reportajes en el diario El Universal documentamos cómo Fonatur eliminó información y páginas críticas sobre este tramo del “Análisis Costo Beneficio”, documento que debe presentarse ante la Secretaría de Hacienda para que dé luz verde y entregue presupuesto a un proyecto.

Una primera versión se le entregó en noviembre de 2019 con un capítulo que analizaba opciones de trazo. La lectura de las cuatro páginas de la sección “Xul-Ha a Escárcega”, que abarca 250 de los 287 kilómetros del tramo Selva 2, se resumen en que “desde una perspectiva técnica, sería posible diseñar un pretrazo, pero con un gran costo, alto impacto ambiental y social, demasiado complejo para proyectar y construir”.

No se sabe exactamente cuánta gente calcula el Gobierno que usará el Tren Maya. Fonatur ha bloqueado hasta 2026 el acceso al contrato “Asesoría técnica en el programa maestro, preselección de trazo y estimación de demanda del Tren Maya”, con el argumento de que su divulgación podría generar “especulaciones con respecto al funcionamiento del Tren Maya”.

Gracias a investigaciones periodísticas sobre las otras asesorías se ha podido acceder a parte de esa información. Un borrador del “Estudio de Demanda” estima que, en su primer año, el Tren Maya podría transportar 74,000 pasajeros al día de un total de 436,000 posibles. Solo 14,000 serían trabajadores o estudiantes locales, y la mayoría serían turistas. De acuerdo con la ingeniería básica del proyecto, los tramos Caribe 1 y Selva 2 representarán únicamente 1% de los ingresos por carga y 14% por pasajeros.

Pero el objetivo de las autoridades es ambicioso. Las ruinas mayas de Calakmul, para las que hay que internarse 60 kilómetros en la Reserva, reciben 42,000 personas al año. La meta declarada es que la parte sur de la Península de Yucatán y esta zona arqueológica acojan 2.92 millones de turistas anualmente, 200,000 más que las que reciben las ruinas de Chichén Itzá. Atender a tanta gente supondría multiplicar por más de 64 los cuartos de hotel cercanos.

Un estudio encargado por Fonatur advierte que “las amenazas a las que se expone la Reserva de Calakmul (…) son todas aquellas relacionadas con el crecimiento urbano de las poblaciones aledañas, la fragmentación, la tala ilegal, la agricultura, la ganadería y el turismo impulsado por el Tren Maya”. Como proyecto para detonar la economía local proponen un aserradero, sin tener en cuenta el problema que ya existe con los talamontes ilegales.

Si se cumplen las perspectivas del gobierno, el Tren Maya llevará casi tres millones de personas al año a Calakmul, por lo cual la Reserva sufrirá por la acción de miles de seres humanos cada día. Pero en caso de que estén errados, y el turismo de sol y playa decida no ir a conocer las ruinas mayas, igualmente las vallas que se colocarán en las vías crearán una barrera física que dividirá en dos el ecosistema. Juan Carlos Cantú, director de Defenders of Wildlife en México, señaló en Colapso que esta barrera y sus pasos para fauna serán un “embudo” que detonará la cacería del jaguar y otras especies.

El presidente ya ha anunciado que será la Secretaría de la Defensa Nacional la encargada de construir estos dos tramos para evitar trámites burocráticos. Por el momento los militares están construyendo el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, y cuando acaben comenzarán a hacer los tramos Caribe 1 y Selva 2.

La inauguración del aeropuerto está contemplada para marzo de 2022. El presidente López Obrador ha señalado que el Tren Maya debe estar listo para finales de 2023, lo cual implica que tendrán menos dos años para hacer los más de 500 kilómetros de esos dos tramos, que van de la turística Tulum a la abandonada Escárcega. Pero las empresas con más experiencia dijeron necesitar al menos 36 meses para hacer un tramo.
El tramo Selva 2 costará, según los estudios de preinversión, 47,000 millones de pesos, casi la tercera parte de los 159,000 contemplados para todo el Tren Maya. Sus vallas partirán en dos la selva de Calakmul y sus vías, si se cumplen las metas, transportarán cada día a miles de seres humanos al corazón de la jungla. En menos de dos años, los militares deberán acabar un tramo que, como señalan los estudios, tendrá un gran costo, alto impacto ambiental y social, y que es demasiado complejo para proyectar y construir.