Opinión de Ricardo Raphael, periodista, académico y escritor mexicano. Su libro más reciente es 'Hijo de la guerra’.
Tomado de The Washington Post

Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de México en 2018 por el hoy opositor Partido Acción Nacional (PAN), afirma que es víctima de una persecución facciosa de la fiscalía general de la República (FGR). En un par de videos difundidos durante los últimos días, dijo que se han fabricado pruebas en su contra para encarcelarlo con el propósito de negarle viabilidad a sus aspiraciones futuras como presidenciable.

“¿Cómo voy a creer en una justicia justa cuando empiezan por alterar el expediente y alterar la declaración de (Emilio) Lozoya?”, pregunta en uno de ellos. Ahí hace referencia a una declaración del antiguo director de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) —hoy en proceso legal—, según la cual Anaya habría recibido sobornos.

De acuerdo con una confesión entregada por Emilio Lozoya el 11 de agosto de 2020 al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, Anaya habría sido beneficiario ilegal de 6.8 millones de pesos (337,000 dólares aproximadamente), los cuales originalmente servirían para financiar su campaña para gobernador de Querétaro, la cual no sucedió.

La FGR no podía desechar esas declaraciones de Lozoya: de no investigar los dichos del exdirector de PEMEX, sus ministerios públicos habrían incurrido en una conducta delictiva. Sin embargo, en el tema que relaciona a Anaya la hipótesis que debería probarse implicaría a un militar adscrito al Estado Mayor Presidencial en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, de nombre Norberto Gallardo Vargas quien, a su vez, habría entregado el dinero a Osiris Hernández.

Durante la primera semana de agosto de 2014, cuando supuestamente ocurrió el ilícito, Gallardo trabajaba como jefe de ayudantes de Lozoya y Osiris Hernández laboraba en el entorno cercano a Anaya.

Para que la acusación en contra del excandidato panista prosperase sería indispensable que ambas personas fuesen citadas a declarar. Fuentes cercanas a Anaya me dijeron que ninguno de los dos ha recibido aún un citatorio. Resulta extraño que, hasta el 24 de agosto, el fiscal haya solicitado únicamente la comparecencia de Anaya.

Mientras tanto Osiris Hernández, a través de sus redes sociales, ya refutó la veracidad de los hechos imputados contra Anaya. Faltaría por corroborar si el militar Norberto Gallardo tiene algo que decir al respecto, o también niega los hechos.

En tal caso no habría causa penal que llevar en contra del excandidato panista, porque la sola acusación de Lozoya sería una prueba débil, ya que fue emitida en el contexto del criterio de oportunidad que acordó con la FGR, y que exoneraría al exdirector de PEMEX de una serie de delitos, esos sí confesos y confirmados, que pesan en su contra.

También llama la atención que, según Lozoya, la entrega del dinero hubiese ocurrido en la Cámara de Diputados cuando, en la fecha referida, ni Anaya ni Osiris Hernández trabajaban ahí.

A menos que la FGR cuente con otros elementos de prueba, hasta ahora desconocidos por la opinión pública, el riesgo de que Anaya sea procesado penalmente es mínimo. Por tanto, el excandidato presidencial debió acudir a la audiencia donde se desahogaría su declaración, que no es —como dijo en su video— dentro del Reclusorio Norte, sino en los juzgados que se encuentran a un lado de esa prisión. Sin embargo, hay otros elementos de contexto que explicarían la desconfianza de Anaya cuando se refiere a la FGR como “la fiscalía de (el presidente Andrés Manuel) López Obrador”.

Lamentablemente, esta institución no ha acreditado su autonomía frente al poder, tampoco imparcialidad ni pulcritud a la hora de integrar las carpetas de investigación que tiene bajo su responsabilidad, destacadamente aquellas que están marcadas por intereses políticos.

El trato de oportunidad que ofreció a Lozoya es un ejemplo que resta confianza al trabajo de la FGR. Gertz Manero decidió proteger al exdirector de PEMEX, extraditado en julio de 2020, al punto de que el exfuncionario ni siquiera tuvo que visitar las oficinas del ministerio público, a cambio de que se convirtiera en un delator de los opositores políticos de López Obrador. Entre ellos están marcadamente los principales dirigentes del PAN y también Luis Videgaray, quien fuera el vicepresidente de facto durante el mandato de Peña Nieto.

Tal como señala el periodista Mario Maldonado en su libro Lozoya, el traidor, la cruzada contra la corrupción del gobierno actual se puso en duda desde el primer momento en que el exfuncionario ingresó a tierra mexicana blindado por un arreglo político de factura discutible.

Este evento se añade a otros donde también la FGR ha actuado de manera poco confiable, como cuando desestimó la investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció a propósito de los presuntos nexos del general Salvador Cienfuegos con el crimen organizado. Ciertamente había muchas pistas que habrían merecido una indagatoria seria, a la cual la FGR decidió hacer oídos sordos.

Otro expediente también descuidado en su integración fue el relacionado con el gobernador de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, el cual sirvió para atacar al PAN en pleno proceso electoral de este año pero que, justo después de los comicios, terminó enterrado por un juez.

A ello se suma que el fiscal Gertz Manero ha priorizado sus intereses personales sobre la decencia que merecería la política criminal de la institución que él encabeza. Concretamente está el caso de Alejandra Cuevas, hija de su excuñada, presa desde hace diez meses por razones notoriamente injustas; y también se asoma la persecución de Juan Ramos López, brazo derecho de Gertz Manero dentro de la FGR, en contra de la familia fundadora y las autoridades formales de la Universidad de las Américas en Puebla.

Las huellas de una política criminal sesgada por parte de la FGR dan credibilidad a las palabras de Ricardo Anaya respecto a una supuesta persecución política: incluso aunque no fuesen verdaderas, son lamentablemente verosímiles.

Opinión de Alexandra Zapata Hojel y Pablo Clark
The Washington Post

En México, 62% de los padres de familia no quieren que sus hijos asistan presencialmente a la escuela en el ciclo escolar que inicia el 30 de agosto, según encuestas recientes. Este rechazo no se debe a que la educación no sea importante para las familias, ni a que falte compromiso de los maestros con sus estudiantes. Más bien, 68% de los mexicanos no percibe que el gobierno federal y las administraciones estatales hayan preparado adecuadamente un regreso seguro.

La resistencia a las clases presenciales refleja el fracaso de las autoridades en generar la confianza necesaria de que puede garantizar condiciones mínimas de seguridad en las escuelas ante la pandemia de COVID-19.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha tenido más de 17 meses para planear un regreso a las aulas, pero la confianza ciudadana en las clases presenciales seguras está en su peor momento. En diciembre de 2020, la mayoría de las personas (56%) estaban dispuestas a regresar presencialmente a las escuelas. Seis meses después, la opinión se ha invertido: en julio de 2021, solo 35% estaba de acuerdo.

La renuencia a regresar no es resultado de que la escuela en casa vaya mejor. El miedo, la ansiedad y la depresión continúan en aumento entre los estudiantes. Y dos de cada tres empleos perdidos durante la pandemia los realizaban mujeres, entre las cuales están quienes deben quedarse en casa para cuidar de sus hijos mientras no van a la escuela.

La percepción sobre las clases a distancia tampoco ha mejorado. De hecho, 75% de los padres sigue considerando que en las clases a distancia los estudiantes no aprenden lo mismo que en las aulas. La evidencia inicial de las mediciones del aprendizaje logrado con la estrategia gubernamental “Aprende en Casa” muestra que los padres están en lo correcto.

A esta enorme incertidumbre se suma que, a menos de 20 días del regreso —”llueve, truene o relampaguee”, según el presidente Andrés Manuel López Obrador—, las comunidades educativas tienen muy poca información oficial. “No sabemos nada”, nos dijo la directora de una escuela primaria en Ciudad de México, quien pidió no revelar su nombre por miedo a que las autoridades tomen represalias. Si esto ocurre en la capital, donde la educación básica depende directamente del gobierno federal, preocupa pensar cómo es la situación en escuelas más alejadas de las autoridades.

Algunos otros directores que entrevistamos dijeron que la comunicación con las autoridades es de una sola vía. Directores y maestros reciben indicaciones desde la SEP, pero no tienen manera de resolver dudas al respecto. Cuando padres y familia se acercan a la escuela con las mismas inquietudes, los directores no tienen la información que necesitan para darles confianza.

Mientras López Obrador dice que “a las madres y padres de familia y personal educativo (…) corresponde decidir libremente sobre el retorno a las aulas”, los maestros con los que platicamos se preguntan si el presidente entiende las repercusiones de lo que está anunciando. Las dudas de estos docentes empiezan desde los detalles básicos del esquema híbrido, que divide las clases en distintos grupos de alumnos por días de la semana: ¿Cómo evitar contagios si los adultos que los cuidarán serán los mismos todos los días y, en muchos casos, un mismo docente asiste a múltiples planteles?

Las exigencias de las autoridades hacia los directores y maestros han sido muy grandes durante la pandemia. Desde aprender a dar clases desde casa hasta pagar sus propios dispositivos electrónicos e internet, los maestros han enfrentado ciclos escolares complicadísimos sin recibir mayor apoyo. Además, cuando han expresado su inconformidad al respecto, muchos han sentido que su vocación docente se pone en duda. “La brecha entre lo que cree y visualiza el gobierno, y la realidad que nosotros vemos en las escuelas, es enorme”, nos dijo la directora.

Por ejemplo, el último boletín de la SEP convoca a las comunidades educativas (directoras, maestras, padres de familia y alumnos) a participar en las jornadas de limpieza que arrancan el 11 de agosto. La SEP no da información sobre quiénes les ayudarán o proveerán los insumos de limpieza para alistar los planteles abandonados durante más de un año. El profesor Francisco Bravo, líder de la sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y director de una escuela primaria en Ciudad de México, nos dijo que se siente afortunado de poder comprar cloro con recursos ahorrados del último pago que recibieron del Programa Escuelas de Tiempo Completo, en octubre de 2019. La mayoría de las escuelas no tienen el mismo privilegio.

Las comunidades educativas financian parte importante de la educación pública en este país. En este último año han costeado herramientas tecnológicas, planes de datos de internet e insumos para preparar los planteles. Esto, en un contexto en el que en más de 61% de las viviendas del país hubo una disminución en los ingresos, significa que para las familias más pobres, el derecho a una educación de calidad es solo una promesa que depende del dinero que puedan gastar.

Además, las escuelas necesitan mucho más que cloro y gel sanitizante para enfrentar la pandemia. En nuestro país hay muchas promesas y discursos pero faltan dos cosas: presupuestos y confianza. Y para hacer frente a las necesidades para reabrir los planteles, el presupuesto educativo para 2021 tuvo un nulo crecimiento en términos reales respecto al año anterior.

Sabemos ya que la pandemia va a seguir, que el riesgo de contagio en las escuelas va a existir —especialmente mientras no se vacune a todos los menores de edad, a lo cual las autoridades se han mostrado reacias inicialmente— y que estas tendrán que hacer cierres temporales, ajustes de planes y replanteamientos constantes, como ha sucedido en el resto del mundo. Pero hay una clave fundamental: las comunidades tienen que poder confiar en que las autoridades hacen todo lo posible para mantenerlos seguros.

Ese hoy no es el caso. Por eso no debe sorprendernos que tantos padres respondan que no mandarán a sus hijos a la escuela. Esencialmente, las encuestas hoy les preguntan: ¿qué prefieres, salud o educación? Hace unos días, las autoridades de Salud anunciaron que la educación será reclasificada como actividad esencial; es decir, las escuelas podrán abrir incluso en semáforo epidemiológico naranja o rojo. Los lineamientos sanitarios se cuadraron con lo que quiso el presidente. Ojalá fuera al revés.

En el discurso, la educación se volvió esencial para el gobierno de un momento a otro. En la práctica, nada cambia para las comunidades escolares que siguen sin recibir apoyos que reflejen que son una prioridad nacional. Es un escenario perder-perder para los niños y jóvenes de México. El gobierno puede y debe hacerlo mejor que eso.

Opinión de Carlos Loret de Mola A.
Columnista/The Washington Post

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó la presidencia de México en 2018 con 30 millones de votos. Tres años después, en las elecciones intermedias, la coalición que lo llevó al poder obtuvo 20 millones de votos. Y dos meses más tarde, en una consulta arduamente promovida por el obradorismo con el falso argumento de que serviría para enjuiciar a los expresidentes (que pertenecen todos a la oposición), apenas logró convocar a menos de siete millones de participantes.

Visto numéricamente, parece un acelerado declive del presidente. Es una falsa impresión.

Si algo ha demostrado AMLO a lo largo de su historia política es que nunca pierde las consultas populares. En 2001, cuando era jefe de Gobierno de Ciudad de México, necesitaba aumentar el precio del boleto del Metro. Para eso se inventó una consulta que avaló el aumento impopular.

Ya como presidente electo, en 2018, montó otra farsa de consulta para definir si la obra del nuevo aeropuerto metropolitano debía cancelarse, como él quería. Y así lo quiso también “el pueblo”. Luego armó otra para avalar sus programas sociales. Ya como presidente en funciones, hizo lo mismo para cancelar la construcción de una planta cervecera en el norte del país.

A diferencia de todas ellas, la consulta reciente del domingo 1 de agosto fue organizada profesionalmente por el Instituto Nacional Electoral. Los números no le favorecieron pero el resultado, sin embargo, no fue distinto: AMLO se salió con la suya.

El presidente declaró desde 2020 que estaba en contra de enjuiciar a los expresidentes porque su gobierno debía ver hacia el futuro y no al pasado. No obstante, todo el músculo de sus alfiles —propagandistas, intelectuales, activistas, periodistas y destacadamente su partido, Morena— se abocó a promover la consulta como un acto de ajuste de cuentas contra la corrupción del pasado. Fracasó estrepitosamente. Se requerían 37.4 millones de votos positivos para aprobar lo que pudo haber derivado en una suerte de Comisión de la Verdad que trajera al banquillo de las confesiones a cinco expresidentes de México y sus colaboradores. Les faltaron casi 30 millones de votos.

¿Por qué AMLO planteó la consulta, pero anunció que ni siquiera acudiría a votar y que estaba en contra de la idea del juicio al pasado?

Los expresidentes han sido figuras muy útiles para AMLO porque los puede culpar de todas sus incapacidades para gobernar: el país se mantiene en una crisis de inseguridad, hay 241,000 muertos oficiales por la pandemia, hasta 9.8 millones de nuevos pobres por la crisis económica y escándalos de corrupción hasta en su familia, pero él insiste en que todo se debe a los gobiernos anteriores. Además, no está claro si quiere abrir la puerta de la cárcel a los expresidentes porque, después de lo que ha pasado en estos tres años, en 2024 que termine su mandato él podría ser un fuerte candidato para entrar por esa misma puerta.

Con una consulta sin validez legal por no tener el número mínimo de participantes, ahora el presidente puede hacer con los expresidentes lo que le venga en gana: si solo quiere seguir usándolos como excusa para sus fallos, ahí tiene sus conferencias diarias para recordar sus tropelías; si quiere proceder legalmente contra ellos, desde hace rato podría haberlos investigado, y puede hacerlo aún la Fiscalía General de la República. A fin de cuentas, este es un presidente que dice casi a diario que sus antecesores cometieron delitos graves pero que solo tiene en la cárcel a un par de sus funcionarios.

Sin embargo, hay algo que sí debería encender las alarmas del presidente y los suyos: ya no tienen a lo que llaman “el pueblo” en la bolsa. A tres años de mandato, con pobrísimos resultados, la ciudadanía ya no está dispuesta a acompañar al caudillo en sus locuras. Una cosa es haberle dado la oportunidad en 2018, y otra cosa muy distinta es respaldarlo de nuevo en las elecciones intermedias y mucho menos en la que sus seguidores llamaron falsamente “consulta sobre los expresidentes”.

Por el otro lado, si la oposición piensa que solo los seis millones de ciudadanos que votaron ayer son la medida de la popularidad del presidente, se equivoca. AMLO sigue siendo un presidente popular, con enorme poder y capacidades intimidatorias, que tiene como plan de gobierno el acaparamiento de los contrapesos y las instituciones democráticas, y que, como todo mandatario, quiere definir quién lo sucederá en el poder.

La consulta popular —que despertó muy poco interés entre los ciudadanos por su ambigüedad— proporciona una radiografía del estilo político obradorista: el proyecto del presidente necesita estar permanente en campaña y en conflicto, ya sea con un enemigo real o inventado, y en todo momento haciendo una propaganda comparativa para exaltar sus virtudes o beneficios. En el fondo, lo que hay es la construcción continua de distractores para que no se juzgue la realidad del gobierno actual, los resultados concretos.