López Obrador hizo de su país la sede de la promoción y encubrimiento de criminales

Carlos Sánchez Berzain
Director del Interamerican Institute for Democracy

En México se acaba de producir la primera reunión oficial del crimen organizado transnacional con presidentes de América Latina bajo la denominación de “VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)”. Así la define la presencia de Nicolás Maduro, reo por aplicación de la Convención de Palermo en tribunales de Nueva York y La Florida, con orden de captura y recompensa de 15 millones de dólares.  México signatario de Palermo, con tratados de extradición y de libre comercio con Estados Unidos, tiene la obligación de arrestar a Maduro y proceder como lo hizo con Joaquín “el chapo” Guzmán.

El gran objetivo del crimen siempre ha sido penetrar, controlar, ser parte de la política. En las Américas los intentos más notables del siglo XX fueron de los narcotraficantes Pablo Escobar en Colombia y Roberto Suarez en Bolivia, socios en narcotráfico con Fidel Castro y el castrismo como lo prueba el libro “El rey de la cocaína”  en el capítulo “la conexión cubana”, el fusilamiento del General Ochoa y más.

En el siglo XXI este objetivo fue logrado por el socialismo del siglo XXI o castrochavismo que expandiendo la metodología de Cuba logró tomar y detentar el poder político en Venezuela con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Bolivia con Evo Morales y Luis Arce, Nicaragua con Daniel Ortega y Ecuador con Rafael Correa, convirtiendo a todos estos países en narco estados. También logró dar condición política al narco guerrillero FARC con acuerdos de paz contra la voluntad del pueblo de Colombia que votó por el NO. Sostienen la violencia armada con la simulación de las disidencias de las FARC y las operaciones narcoguerrillas del ELN, a cuyos jefes Cuba protege en su territorio.

Cuba con Castro/Diaz-Canel, Venezuela con Maduro/Cabello, Bolivia con Morales/Arce y Nicaragua con Ortega/Murillo, son narco estados en los que se cometen crímenes de lesa humanidad y se ejerce institucionalmente terrorismo de estado. Con barniz ideológico e ilimitados recursos de financiamiento político por medio del “Foro de Sao Paulo” han articulado el apoyo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner desde Argentina, de Andrés Manuel López Obrador desde México y de  Pedro Castillo desde Perú, que apoyan y encubren a los jefes de los narco estados castrochavistas.

Este es el marco de referencia para entender la reunión de la CELAC y la presencia en México de los dictadores de Cuba Miguel Díaz-Canel y de Venezuela Nicolás Maduro: El Aniversario mexicano utilizado por López Obrador para pagar facturas al régimen cubano ayudando al dictador luego de los crímenes de lesa humanidad agravados desde el 11 de Julio cuando el pueblo pidió pacíficamente “libertad, patria y vida”; La Cumbre CELAC manipulada por López Obrador - con el pretexto de liderazgo latinoamericano de México- para incorporar al reo Nicolás Maduro.

Lo que en verdad ha conseguido López Obrador es dar prueba plena de su servidumbre y participación en el crimen organizado transnacional. Haciendo de México sede de la promoción y encubrimiento de criminales, viola la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo que ratificó el 4 de Marzo 2003. Viola el Tratado México-Estados Unidos-Canadá T-MEC o Estados Unidos-México-Canadá USMCA con gravísimas consecuencias económicas.

México ha firmado en 4 de Mayo de 1978 el Tratado de Extradición con Estados Unidos y lo ha ejecutado reiteradamente, siendo el caso más notorio el del narcotraficante mexicano “el Chapo Guzmán” en enero 2017. El artículo 1.1 del tratado: “Las Partes Contratantes se comprometen a entregarse mutuamente, con sujeción a las disposiciones de este Tratado, a las personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la Parte requirente hayan iniciado un procedimiento penal…”

El Fiscal General de Estados Unidos anunció el 26 de marzo 2023 cargos criminales por “conspiración para el narcoterrorismo” entre el llamado cartel de Los Soles, formado por autoridades venezolanas y liderado por Maduro, y las FARC desde 1999. Se estableció una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Maduro. El Departamento de Estados ha recordado este 18 de Septiembre 2020 –coincidente con el arribo de Maduro a México- la recompensa de 15 millones de dólares.

“Maduro ayudó a administrar y, en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles, una organización venezolana de narcotráfico compuesta por funcionarios venezolanos de alto rango, mientras ganaba poder en Venezuela en una conspiración de narcoterrorismo corrupta y violenta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. (FARC)”, dice el aviso de búsqueda contra Maduro, en la página oficial del Departamento de Estado de EE.UU. ¿La leyó López Obrador?

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

Opinión de Carlos Loret de Mola A.
Tomado de The Washington Post

Para un presidente como Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que ha pretendido el control absoluto de los poderes en México y en especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos eventos recientes han sido muestras de que no le será fácil cooptar instituciones robustas y que están dispuestas a pelear por su autonomía frente a los embates del hombre más poderoso del país.

AMLO quería que el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, extendiera su mandato de cuatro a seis años, lo cual fue señalado como anticonstitucional por diversos sectores. Logró que esta ampliación fuera aprobada en el Congreso gracias a la mayoría que tiene su partido, Morena. Después cabildeó y presionó para que fuera avalada en la propia Corte, pero lo que logró fue unir a los ministros en su contra, quienes crearon una causa común para impedir la reelección disfrazada. Al final, hasta Zaldívar anunció su rechazo a la medida y hubo unanimidad de votos para negar la pretención lopezobradorista. El poder Judicial mostró su músculo y le ganó el duelo de fuerza al Ejecutivo.

El segundo golpe sucedió hace unos días. En una decisión histórica y también unánime, la misma SCJN dictaminó que la criminalización del aborto es inconstitucional. Fue una victoria largamente anhelada por la lucha feminista. Y también significó otro lance de reivindicación de una Corte que había sufrido un ataque frontal a su credibilidad (pasaron cuatro meses de desgaste entre que el Congreso aprobó la extensión de mandato y los ministros la rechazaron). Con esto se consumó un deslinde entre poderes que obliga a releer la relación entre el presidente y la SCJN, en la que parecía que el primero estaba sometiendo a la segunda.

El fallo sobre el aborto también desnudó a AMLO tal cual es: un conservador disfrazado de liberal. El presidente, en sus largas conferencias de cada mañana, suele atacar ferozmente a quienes llama “conservadores”. En ese grupo ubica a sus opositores partidistas, a la prensa que denuncia los errores de su gobierno, a los intelectuales que lo cuestionan y a cualquiera que se anime a criticarlo. Para AMLO ser conservador es ser corrupto, casi fascista, criminal impune, y enemigo del pueblo y de la pretendida transformación que él sigue prometiendo llevar a cabo. 

Pero si AMLO ha intentado presentarse con tanto ahínco como un liberal es inexplicable que ante la decisión de la SCJN, festejada por organizaciones internacionales, diga que prefiere no opinar: “Nosotros hemos actuado, en mi caso como presidente, con prudencia, de manera respetuosa, porque son temas muy controvertidos, polémicos y no queremos nosotros alentar ninguna confrontación”. Es una mentira: le encanta la confrontación. Dedica a eso al menos dos horas diarias en su conferencia y ha hecho de la polarización un motor electoral y de gobierno.

En otra conferencia, agregó: “Esta es una decisión del poder Judicial, de la Suprema Corte, que fue prácticamente unánime, que debe de respetarse, que no debemos nosotros, en mi caso, tomar partido, porque hay posturas encontradas. Tenemos que ser respetuosos de la legalidad. Yo cuando tomé protesta como presidente juré cumplir con la Constitución y con las leyes que de ella emanen, entonces tengo que cumplir”. 

Un demócrata, un liberal, sabe que el verdadero respeto a la legalidad no implica mantenerse al margen de las decisiones importantes del país, implica validar los procesos, dotar de credibilidad a las instituciones, respaldar las necesidades y peticiones de la sociedad, y acompañar su evolución.

Pero el presidente es un conservador, especialmente en los temas de género. No los entiende y no los aprende. Las feministas han tocado a las puertas de Palacio Nacional y han recibido violencia policial como respuesta. En enero de este año, el presidente dijo que buscaría que el tema de la despenalización del aborto en el país se llevara a consulta pública, lo cual también fue rechazado por los colectivos feministas.

Esta actitud no es reciente. Desde que era jefe de Gobierno de Ciudad de México, en el 2000, AMLO buscó paralizar las leyes locales en favor de la interrupción del embarazo y de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Ambas iniciativas se aprobaron hasta la administración siguiente. AMLO frenó estas leyes liberales en connivencia con el entonces arzobispo primado Norberto Rivera, acusado de encubrir pederastas. Incluso, en esa época, regaló a la Iglesia católica predios que abarcaban casi 30,000 metros cuadrados. 

AMLO llegó a la presidencia apoyado por el Partido Encuentro Social, cristiano-evangélico, de derecha y que está en contra de la despenalización del aborto y del matrimonio en parejas del mismo sexo. Ya como presidente, ha encargado a creyentes evangélicos que entreguen miles de ejemplares de la Cartilla Moral, del escritor Alfonso Reyes, y con la que su gobierno busca “fortalecer los valores culturales, morales y espirituales de los mexicanos”. Sobre los matrimonios del mismo sexo, ha dicho que “no considera necesario” enviar una iniciativa de ley al Congreso.

Opinión de Alberto Pradilla/ The Washington Post
Alberto Pradilla es reportero en el sitio ‘Animal Político’ y autor del libro ‘Caravana: cómo el éxodo centroamericano salió de la clandestinidad’.

El miércoles 8, un puñado de guatemaltecos y nicaragüenses fueron expulsados de México a través de la frontera de Talismán, en el estado de Chiapas, un remoto paso en el límite con Guatemala. Abandonados en mitad de la noche, pocos querían relatar su historia. Llegaban confundidos y sin saber dónde se encontraban, llamaban a un familiar pidiendo ayuda y se perdían.

Sí lo hizo Fernando Monterroso, un guatemalteco de poco más de 30 años que cargaba con su hijo de uno. Junto a ellos estaban su esposa y otra pareja de amigos con la mujer embarazada. Me contó, decepcionado, que días atrás habían sido detenidos en Cadereyta, Nuevo León, al norte de México. Aquel operativo fue publicitado por el Instituto Nacional de Migración (INM) como el “rescate” de 327 personas (entre ellos 120 menores) que “permanecían hacinados y en condiciones insalubres e infrahumanas”. Cuando les mostré las imágenes que las autoridades difundieron de su captura, los guatemaltecos se mostraron sorprendidos. Tras ubicarse en las fotografías, me contaron una versión completamente diferente a la que ofreció el gobierno mexicano.

“Estábamos esperando a que nos levantasen para ir a Reynosa. De repente, llegó la Policía y nos agarró por sorpresa. Se sintió mal, lloramos todos. Vas buscando el sueño americano y que ellos te lo corten se siente feo”, me dijo.

Según su relato, en aquel lugar había muchas más personas que las 327 que exhibió el INM, pero algunas lograron escapar en cuanto vieron aparecer a los oficiales. Monterroso, preocupado por su hijo, se resignó a ser capturado.

Estuvo encerrado durante dos días a pesar de que la ley mexicana prohíbe recluir a menores y luego enviado en un avión a Tapachula, Chiapas, desde donde lo expulsaron a Talismán. No le dieron opción a pedir asilo en México.

Tampoco sabe si fue deportado o, simplemente, expulsado sin ninguna garantía. Dice que volverá a repetir ese peligroso trayecto, ya que los polleros (los guías de migrantes) ofrecen paquetes con dos o tres intentos en caso de ser capturados.

Esta historia de Cadereyta fue retomada por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que dijo en conferencia de prensa que gente como Monterroso había sido “rescatada” de un supuesto secuestro. Lo afirmó en el mismo acto en el que el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que la política de cacería que practica su gobierno es para "cuidar” a los migrantes.

México tiene una clara estrategia mediática para disfrazar su actividad contra los migrantes. A las detenciones las llama “rescates”; a los encierros, “alojamientos”; y a las deportaciones, “retornos asistidos”. Sin embargo, por mucho que el gobierno trate de maquillar sus acciones, hay imágenes que no pueden ser ocultadas.

Durante la última semana hubo varios ejemplos de violencia y todos ellos fueron perpetrados por oficiales mexicanos. Vimos a oficiales tratando de pisar la cabeza de un hombre sometido en el suelo, mujeres desesperadas por haber perdido a su hijo que son forzadas a entrar en una “perrera” (así se conocen popularmente a las camionetas del INM), uniformados que salen a la caza de familias vulnerables al grito de “ya valieron verga” y familias haitianas encerradas como delincuentes.

El gobierno mexicano trata de minimizar estas actuaciones y las considera hechos aislados que dice haber sancionado. Estos castigos, que nadie conoce, no parecen haber tenido efecto, pues la actitud violenta de los funcionarios no se detuvo en ningún momento. Para AMLO, atrincherado en una guerra contra la realidad, se trata de una “campaña de desinformación” promovida por sus rivales.

No es la única violencia que los migrantes sufren como consecuencia de las políticas de México, convertido en el guardián de la frontera de Estados Unidos, tanto con el expresidente Donald Trump como con el actual, Joe Biden. El programa “Quédate en México”, que deberá ser reactivado por orden judicial, provocó al menos 1,544 reportes públicos de secuestros y otras agresiones sufridas por solicitantes de asilo en Estados Unidos que fueron devueltos a ciudades peligrosas como Tijuana o Nuevo Laredo. Esta dinámica de violencia contra extranjeros se mantuvo con la aplicación del Título 42, el mecanismo de rechazo-exprés con la excusa del COVID-19 que implementó Trump y perfeccionó Biden: más de 6,300 denuncias desde que el segundo llegó al poder.

El gobierno mexicano conocía de estas denuncias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) elaboró un informe con decenas de testimonios, pero en lugar de actuar, la institución optó por guardar el documento en el cajón para no perjudicar la estrategia de control migratorio pactada con Washington.

La situación que se registra en Tapachula, la ciudad-cárcel de la frontera sur de México, es también un ejemplo de violencia. Obligados a permanecer durante meses en un lugar del que nunca habían escuchado hablar antes, miles de centroamericanos, haitianos, cubanos y venezolanos languidecen con una sola idea en la cabeza: huir.

Sin trabajo, hacinados en viviendas infrahumanas y sin expectativas de futuro, a las y los migrantes solo les queda agudizar el ingenio o pagar a las redes de trata de personas para poder escapar. El colapso de este municipio es el resumen de todas las políticas de represión contra extranjeros: el establecimiento de un muro formado por la Guardia Nacional y el INM, y la aplicación de un estado de excepción fronterizo que permite el traslado sin control de miles de personas desde el sur de Estados Unidos y el norte de México hasta Guatemala.

Ni a AMLO ni a Ebrard les interesan los derechos humanos de las personas migrantes. Su política de cazar a los más visibles, que vienen en caravanas o tratando de sortear los retenes a pie, empuja al resto a recurrir al tráfico de personas. Es en ese contexto de vulnerabilidad extrema donde ocurren atrocidades como la masacre de Camargo, en la que 16 centroamericanos fueron asesinados.

Hasta las propuestas que México hace a Estados Unidos muestran su desinterés por la protección de migrantes y solicitantes de asilo. El jueves 9, después de una semana marcada por las denuncias contra sus oficiales, el canciller mantuvo una reunión de alto nivel en Washington. Según lo que informó posteriormente, los derechos humanos nunca estuvieron sobre la mesa. El primer objetivo es impedir que familias vulnerables lleguen a la frontera norte y todo vale para conseguirlo.

Además de la militarización, su receta para evitar el flujo desde el sur es expandir los programas sociales a América Central. Se trata de un buen punto de partida pero insuficiente, porque obvia cuestiones fundamentales. Por un lado, la violencia insoportable de una de las zonas más homicidas de América Latina y en la que las pandillas tienen un fuerte control sobre la población.

Por el otro, el contexto político de corrupción y vulneraciones a los derechos humanos en los países expulsores. Nayib Bukele va camino de convertirse en un autócrata en El Salvador, Alejandro Giammattei está desmantelando los pocos contrapesos existentes en Guatemala, Juan Orlando Hernández gobierna Honduras pese a los señalamientos en su contra por presunto narcotráfico y Daniel Ortega acaba de lanzar una campaña para detener a opositores antes de las elecciones de noviembre en Nicaragua. Nada de esto importa al gobierno mexicano.

AMLO tuvo la oportunidad de humanizar el tránsito de familias y ofrecerles alternativas, pero optó por convertirse en el oficial más eficiente de la Patrulla Fronteriza estadounidense. Asumiendo que el presidente ha decidido que no hará nada por los migrantes, al menos cabe pedirle que abandone el cinismo: no, pegar a personas vulnerables, encerrarlas y deportarlas sin darles opción a pedir asilo no es algo que se haga “para cuidarlos”.

Opinión de Alexandra Zapata Hojel y Pablo Clark
The Washington Post

En México, 62% de los padres de familia no quieren que sus hijos asistan presencialmente a la escuela en el ciclo escolar que inicia el 30 de agosto, según encuestas recientes. Este rechazo no se debe a que la educación no sea importante para las familias, ni a que falte compromiso de los maestros con sus estudiantes. Más bien, 68% de los mexicanos no percibe que el gobierno federal y las administraciones estatales hayan preparado adecuadamente un regreso seguro.

La resistencia a las clases presenciales refleja el fracaso de las autoridades en generar la confianza necesaria de que puede garantizar condiciones mínimas de seguridad en las escuelas ante la pandemia de COVID-19.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha tenido más de 17 meses para planear un regreso a las aulas, pero la confianza ciudadana en las clases presenciales seguras está en su peor momento. En diciembre de 2020, la mayoría de las personas (56%) estaban dispuestas a regresar presencialmente a las escuelas. Seis meses después, la opinión se ha invertido: en julio de 2021, solo 35% estaba de acuerdo.

La renuencia a regresar no es resultado de que la escuela en casa vaya mejor. El miedo, la ansiedad y la depresión continúan en aumento entre los estudiantes. Y dos de cada tres empleos perdidos durante la pandemia los realizaban mujeres, entre las cuales están quienes deben quedarse en casa para cuidar de sus hijos mientras no van a la escuela.

La percepción sobre las clases a distancia tampoco ha mejorado. De hecho, 75% de los padres sigue considerando que en las clases a distancia los estudiantes no aprenden lo mismo que en las aulas. La evidencia inicial de las mediciones del aprendizaje logrado con la estrategia gubernamental “Aprende en Casa” muestra que los padres están en lo correcto.

A esta enorme incertidumbre se suma que, a menos de 20 días del regreso —”llueve, truene o relampaguee”, según el presidente Andrés Manuel López Obrador—, las comunidades educativas tienen muy poca información oficial. “No sabemos nada”, nos dijo la directora de una escuela primaria en Ciudad de México, quien pidió no revelar su nombre por miedo a que las autoridades tomen represalias. Si esto ocurre en la capital, donde la educación básica depende directamente del gobierno federal, preocupa pensar cómo es la situación en escuelas más alejadas de las autoridades.

Algunos otros directores que entrevistamos dijeron que la comunicación con las autoridades es de una sola vía. Directores y maestros reciben indicaciones desde la SEP, pero no tienen manera de resolver dudas al respecto. Cuando padres y familia se acercan a la escuela con las mismas inquietudes, los directores no tienen la información que necesitan para darles confianza.

Mientras López Obrador dice que “a las madres y padres de familia y personal educativo (…) corresponde decidir libremente sobre el retorno a las aulas”, los maestros con los que platicamos se preguntan si el presidente entiende las repercusiones de lo que está anunciando. Las dudas de estos docentes empiezan desde los detalles básicos del esquema híbrido, que divide las clases en distintos grupos de alumnos por días de la semana: ¿Cómo evitar contagios si los adultos que los cuidarán serán los mismos todos los días y, en muchos casos, un mismo docente asiste a múltiples planteles?

Las exigencias de las autoridades hacia los directores y maestros han sido muy grandes durante la pandemia. Desde aprender a dar clases desde casa hasta pagar sus propios dispositivos electrónicos e internet, los maestros han enfrentado ciclos escolares complicadísimos sin recibir mayor apoyo. Además, cuando han expresado su inconformidad al respecto, muchos han sentido que su vocación docente se pone en duda. “La brecha entre lo que cree y visualiza el gobierno, y la realidad que nosotros vemos en las escuelas, es enorme”, nos dijo la directora.

Por ejemplo, el último boletín de la SEP convoca a las comunidades educativas (directoras, maestras, padres de familia y alumnos) a participar en las jornadas de limpieza que arrancan el 11 de agosto. La SEP no da información sobre quiénes les ayudarán o proveerán los insumos de limpieza para alistar los planteles abandonados durante más de un año. El profesor Francisco Bravo, líder de la sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y director de una escuela primaria en Ciudad de México, nos dijo que se siente afortunado de poder comprar cloro con recursos ahorrados del último pago que recibieron del Programa Escuelas de Tiempo Completo, en octubre de 2019. La mayoría de las escuelas no tienen el mismo privilegio.

Las comunidades educativas financian parte importante de la educación pública en este país. En este último año han costeado herramientas tecnológicas, planes de datos de internet e insumos para preparar los planteles. Esto, en un contexto en el que en más de 61% de las viviendas del país hubo una disminución en los ingresos, significa que para las familias más pobres, el derecho a una educación de calidad es solo una promesa que depende del dinero que puedan gastar.

Además, las escuelas necesitan mucho más que cloro y gel sanitizante para enfrentar la pandemia. En nuestro país hay muchas promesas y discursos pero faltan dos cosas: presupuestos y confianza. Y para hacer frente a las necesidades para reabrir los planteles, el presupuesto educativo para 2021 tuvo un nulo crecimiento en términos reales respecto al año anterior.

Sabemos ya que la pandemia va a seguir, que el riesgo de contagio en las escuelas va a existir —especialmente mientras no se vacune a todos los menores de edad, a lo cual las autoridades se han mostrado reacias inicialmente— y que estas tendrán que hacer cierres temporales, ajustes de planes y replanteamientos constantes, como ha sucedido en el resto del mundo. Pero hay una clave fundamental: las comunidades tienen que poder confiar en que las autoridades hacen todo lo posible para mantenerlos seguros.

Ese hoy no es el caso. Por eso no debe sorprendernos que tantos padres respondan que no mandarán a sus hijos a la escuela. Esencialmente, las encuestas hoy les preguntan: ¿qué prefieres, salud o educación? Hace unos días, las autoridades de Salud anunciaron que la educación será reclasificada como actividad esencial; es decir, las escuelas podrán abrir incluso en semáforo epidemiológico naranja o rojo. Los lineamientos sanitarios se cuadraron con lo que quiso el presidente. Ojalá fuera al revés.

En el discurso, la educación se volvió esencial para el gobierno de un momento a otro. En la práctica, nada cambia para las comunidades escolares que siguen sin recibir apoyos que reflejen que son una prioridad nacional. Es un escenario perder-perder para los niños y jóvenes de México. El gobierno puede y debe hacerlo mejor que eso.

Opinión de Carlos Loret de Mola A.
Columnista/The Washington Post

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó la presidencia de México en 2018 con 30 millones de votos. Tres años después, en las elecciones intermedias, la coalición que lo llevó al poder obtuvo 20 millones de votos. Y dos meses más tarde, en una consulta arduamente promovida por el obradorismo con el falso argumento de que serviría para enjuiciar a los expresidentes (que pertenecen todos a la oposición), apenas logró convocar a menos de siete millones de participantes.

Visto numéricamente, parece un acelerado declive del presidente. Es una falsa impresión.

Si algo ha demostrado AMLO a lo largo de su historia política es que nunca pierde las consultas populares. En 2001, cuando era jefe de Gobierno de Ciudad de México, necesitaba aumentar el precio del boleto del Metro. Para eso se inventó una consulta que avaló el aumento impopular.

Ya como presidente electo, en 2018, montó otra farsa de consulta para definir si la obra del nuevo aeropuerto metropolitano debía cancelarse, como él quería. Y así lo quiso también “el pueblo”. Luego armó otra para avalar sus programas sociales. Ya como presidente en funciones, hizo lo mismo para cancelar la construcción de una planta cervecera en el norte del país.

A diferencia de todas ellas, la consulta reciente del domingo 1 de agosto fue organizada profesionalmente por el Instituto Nacional Electoral. Los números no le favorecieron pero el resultado, sin embargo, no fue distinto: AMLO se salió con la suya.

El presidente declaró desde 2020 que estaba en contra de enjuiciar a los expresidentes porque su gobierno debía ver hacia el futuro y no al pasado. No obstante, todo el músculo de sus alfiles —propagandistas, intelectuales, activistas, periodistas y destacadamente su partido, Morena— se abocó a promover la consulta como un acto de ajuste de cuentas contra la corrupción del pasado. Fracasó estrepitosamente. Se requerían 37.4 millones de votos positivos para aprobar lo que pudo haber derivado en una suerte de Comisión de la Verdad que trajera al banquillo de las confesiones a cinco expresidentes de México y sus colaboradores. Les faltaron casi 30 millones de votos.

¿Por qué AMLO planteó la consulta, pero anunció que ni siquiera acudiría a votar y que estaba en contra de la idea del juicio al pasado?

Los expresidentes han sido figuras muy útiles para AMLO porque los puede culpar de todas sus incapacidades para gobernar: el país se mantiene en una crisis de inseguridad, hay 241,000 muertos oficiales por la pandemia, hasta 9.8 millones de nuevos pobres por la crisis económica y escándalos de corrupción hasta en su familia, pero él insiste en que todo se debe a los gobiernos anteriores. Además, no está claro si quiere abrir la puerta de la cárcel a los expresidentes porque, después de lo que ha pasado en estos tres años, en 2024 que termine su mandato él podría ser un fuerte candidato para entrar por esa misma puerta.

Con una consulta sin validez legal por no tener el número mínimo de participantes, ahora el presidente puede hacer con los expresidentes lo que le venga en gana: si solo quiere seguir usándolos como excusa para sus fallos, ahí tiene sus conferencias diarias para recordar sus tropelías; si quiere proceder legalmente contra ellos, desde hace rato podría haberlos investigado, y puede hacerlo aún la Fiscalía General de la República. A fin de cuentas, este es un presidente que dice casi a diario que sus antecesores cometieron delitos graves pero que solo tiene en la cárcel a un par de sus funcionarios.

Sin embargo, hay algo que sí debería encender las alarmas del presidente y los suyos: ya no tienen a lo que llaman “el pueblo” en la bolsa. A tres años de mandato, con pobrísimos resultados, la ciudadanía ya no está dispuesta a acompañar al caudillo en sus locuras. Una cosa es haberle dado la oportunidad en 2018, y otra cosa muy distinta es respaldarlo de nuevo en las elecciones intermedias y mucho menos en la que sus seguidores llamaron falsamente “consulta sobre los expresidentes”.

Por el otro lado, si la oposición piensa que solo los seis millones de ciudadanos que votaron ayer son la medida de la popularidad del presidente, se equivoca. AMLO sigue siendo un presidente popular, con enorme poder y capacidades intimidatorias, que tiene como plan de gobierno el acaparamiento de los contrapesos y las instituciones democráticas, y que, como todo mandatario, quiere definir quién lo sucederá en el poder.

La consulta popular —que despertó muy poco interés entre los ciudadanos por su ambigüedad— proporciona una radiografía del estilo político obradorista: el proyecto del presidente necesita estar permanente en campaña y en conflicto, ya sea con un enemigo real o inventado, y en todo momento haciendo una propaganda comparativa para exaltar sus virtudes o beneficios. En el fondo, lo que hay es la construcción continua de distractores para que no se juzgue la realidad del gobierno actual, los resultados concretos.