Por Josefa Sánchez Contreras/Opinión The Washington Post

Josefa Sánchez Contreras pertenece al pueblo zoque de San Miguel Chimalapas, en México. Es doctora en Estudios Mesoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México.

El caso de las niñas indígenas de la montaña alta de Guerrero, en México, ha regresado en los últimos días de forma controvertida a la agenda mediática, en la cual se denuncia que son vendidas en matrimonio por sus propios familiares. Titulares como: “Venden niñas en Guerrero por ‘usos y costumbres’” y “’No quiero que me vendas’”: el drama del comercio de niñas indígenas en México” hacen alarde de este caso, que parece enclaustrado en una antigua visión racista con la que se suele retratar a los pueblos indígenas.

La controversia se ha visto atizada con la difusión de un fragmento de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo en conferencia de prensa que “lo de la trata y la prostitución infantil no es la generalidad de lo que sucede en las comunidades, como a veces se presenta en los medios de información: ‘En la montaña de Guerrero se venden a las niñas’. No. Puede ser la excepción, pero no la regla. Porque hay muchos valores en los pueblos”.

Este relato esconde intereses e intenciones políticas. Pero ante la vorágine del ruido sobre el tema, hay que precisar que “la dote” es un ritual matrimonial de reciprocidad que se ejerce en varias comunidades indígenas de México, que es nombrada también como una práctica de usos y costumbres y que no puede ser equiparable ni traducida como la venta y la prostitución de niñas entregadas para contraer matrimonios con hombres que les duplican o triplican la edad.

Son dos hechos distintos que —a ojos externos— pueden ser difíciles de distinguir, pero que se utilizan en una campaña apabullante que insiste en condenar a un endilgado ritual de usos y costumbres como el eje central de la violencia ejercida contra los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Esta tendencia nos recuerda el lugar común en el que nos suelen situar a los pueblos indígenas: en el eterno conflicto entre la modernidad y la tradición, entre la civilización y la barbarie.

Es necesario ir más allá de esta dicotomía racista, pues esta alimenta el linchamiento que se ejerce contra los modos de vida de los pueblos indígenas al considerarlos como bárbaros y cuyas costumbres atentan a los derechos universales, pero tampoco se trata de escudarse detrás de la imagen del buen salvaje para omitir las violencias que se viven dentro y fuera de las sociedades comunitarias.

Cuando se habla sobre las niñas indígenas de Guerrero, supuestamente vendidas por sus propios padres, es necesario mencionar la doble violencia ejercida contra las mujeres y contra los sistemas comunitarios.

La primera violencia es de orden estructural y debe leerse desde un entramado de relaciones de dominación capitalista, colonial y patriarcal. Edith Herrera Martínez, antropóloga y originaria del pueblo Na Savi (mixteco) de Guerrero, me dijo en entrevista: “La dote se está leyendo fuera de su dimensión histórica, y la violencia que atravesamos las mujeres indígenas se está descontextualizando y generalizando como una práctica presente en todos los pueblos Nu Savi”.

Por tanto, las violencias contra las mujeres indígenas de la montaña están más arraigadas en las relaciones de dominación estructural de orden económico, político y agrario antes que en un supuesto pacto ancestral de usos y costumbres. Hay que señalar como violencia la deuda histórica del Estado mexicano para con las mujeres indígenas en materia agraria, donde los derechos del acceso a la tierra siguen siendo una demanda pendiente.

En términos económicos los municipios de Metlatonoc y Cochoapa El Grande, que son los principales señalados por la “venta de niñas”, son también los principales proveedores de mano de obra jornalera en los campos agrícolas del norte del país, donde las condiciones de las trabajadoras son precarias. Y si hablamos de violencia física, sexual y reproductiva, debería ser un escándalo los métodos de anticoncepción forzada y control biopolítico experimentados por los cuerpos de las mujeres mixtecas de la montaña en 2014, como lo registró una jornada médica convocada por organizaciones sociales independientes.

También es violencia la narrativa racista que se escuda en los derechos humanos para denostar a los pueblos como bárbaros, mientras se recurre a la imagen de una mujer indígena como desprovista de agencia e imposibilitada de acción. Esta violencia ciñe su origen al antiguo “derecho de conquista”, que considera a los indios como inmaduros y menores de edad, cuyas prácticas deben ser sometidas a los marcos civilizados.

De ahí nacen los discursos que recientemente han sido retomados por las vertientes ultraderechistas tanto en México como en España. No es casual que estemos instalados en esta controversia ruidosa cuando en el escenario global los pueblos indígenas están siendo un referente ante la profunda crisis ambiental. Lo que afirmo no es una exageración si consideramos que 80% de los territorios donde habitan los pueblos indígenas en América Latina está cubierta de bosques. Sin duda, esto amenaza a algunos sectores económicos y políticos cuyas lógicas extractivistas violentan los derechos humanos.

Por otro lado, está claro que se debe atender seriamente la violencia que atraviesan las mujeres indígenas en Guerrero, sin que las exigencias de sus derechos y de justicia sean utilizadas para seguir reproduciendo la imagen de lo indígena como sinónimo de pobre, violento y retrogrado. Sobre todo, cuando es sabido que las mujeres indígenas históricamente han construido sus propias estrategias para ejercer sus derechos dentro de las organizaciones comunitarias. Lo señaló en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan: “Son alarmantes las cifras de feminicidio que se han registrado en Guerrero y en la Montaña, y a pesar de la alerta de género no se tomaron acciones de contención y de protección a las mujeres”. Pero, agrega, “en medio de esta turbulencia, las mujeres y las niñas resisten este embate, luchan contra el mismo sistema de justicia estatal que las estigmatiza”.

Es innegable la violencia desplegada contra las mujeres indígenas fuera y dentro de sus comunidades, pero también es de enfatizar que el relato de los derechos universales que supone salvar a las mujeres y niñas de las “violentas costumbres” de sus pueblos está atravesado por el racismo estructural que vivimos en México.

En ese sentido una franca apelación a los derechos humanos para los pueblos indígenas no debería contraponerse a sus sistemas de gobierno, a sus formas organizativas y a sus modos de vida, pues han sido justamente sus sistemas de justicias comunitarias las expresiones de un pluralismo jurídico que han reforzado la defensa del territorio y de la vida misma de las mujeres, niñas, niños y hombres de la montaña.

Por Anatoly Kurmanaev y Oscar lopez
The New York Times

CIUDAD DE MÉXICO - Las estatuas de Colón están siendo derribadas en las Américas, en medio de feroces debates sobre el legado de la conquista europea y el colonialismo en la región.

Pocos han sido más polémicos que el reemplazo de un monumento en el corazón de la capital de México, que toca algunas de las disputas más intensas en la política actual del país, que incluyen no solo la raza y la historia, sino también el sexo.

Después de un prolongado debate, la alcaldesa Claudia Sheinbaum anunció el martes que la estatua de Colón que una vez miró hacia el bulevar principal de la Ciudad de México será reemplazada por una figura indígena precolonial, en particular, una mujer.
 
Anunciada antes de la esperada candidatura presidencial de Sheinbaum en 2024, la nueva estatua es vista como un intento del alcalde, quien es la primera mujer elegida para dirigir la ciudad más grande de América del Norte, de abordar, o explotar, las tensiones culturales que se apoderan de la ciudad. país, incluida la creciente resistencia de las mujeres a una cultura dominada por los hombres.

La nueva estatua “representa la lucha de las mujeres, particularmente las indígenas, en la historia de México”, dijo en una conferencia de prensa en la que anunció la decisión en el aniversario de la primera llegada de Colón a las Américas. “Es una historia de clasismo, de racismo que viene de la colonia”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha ido más lejos que sus predecesores al denunciar la historia del colonialismo, celebrar la cultura indígena y presentarse como el defensor de los pobres contra la oposición conservadora del país y la élite mayoritariamente descendiente de europeos.

Este año organizó elaboradas conmemoraciones para marcar los 500 años desde la caída de la capital azteca de Tenochtitlán, ubicada en la actual Ciudad de México, ante los invasores españoles. Realizó una gira por el país en los últimos meses para disculparse con las comunidades indígenas por las atrocidades coloniales, y ha exigido una expiación similar del gobierno español.

Pero López Obrador ha mostrado una sensibilidad significativamente menor al creciente movimiento feminista de México.

En los últimos años, las mujeres mexicanas han salido cada vez más a las calles para exigir acciones gubernamentales contra una de las tasas de violencia doméstica más altas de América Latina. Al menos 10 mujeres y niñas fueron asesinadas en México en promedio todos los días el año pasado, según cifras oficiales del gobierno, y la mayoría de los delitos quedan impunes.

A principios de este año, miles de mujeres salieron a protestar en la Ciudad de México, atacando las murallas afuera de la residencia presidencial con murciélagos y sopletes. Las manifestantes feministas también han atacado estatuas coloniales, considerándolas como símbolos de la hegemonía masculina de México.

López Obrador ha minimizado estas protestas, llegando incluso a calificarlas de táctica de la oposición para desestabilizar su gobierno. El mes pasado, afirmó que el movimiento feminista en México solo se creó después de que asumió el cargo en 2018.
“Se habían convertido en feministas conservadoras solo para afectarnos, solo con este propósito”, dijo, aplicando a las feministas una palabra que a menudo usa para burlarse de sus oponentes políticos.

Sus comentarios despectivos han presentado un desafío político para su protegida y posible sucesora, la Sra. Sheinbaum, quien ha tratado de posicionarse como la líder de un ala más joven y progresista del partido Morena, de tendencia izquierdista del presidente.

También ha recibido críticas de las organizaciones feministas al condenar los ataques violentos a edificios públicos en 2019.
“La violencia no se combate con violencia”, dijo en ese momento.

La estatua de bronce de Colón, erigida en 1877 sobre un pedestal en una isla de tráfico, había sido desfigurada por manifestantes en el pasado, y los funcionarios la derribaron el año pasado, en medio de amenazas de más daños.

En su lugar habrá una réplica de una talla en piedra llamada "La Joven Dama de Amajac", que fue descubierta en enero en el oriental estado de Veracruz y que data de la época de los viajes de Colón, hace más de 550 años. La nueva figura tendrá unos 20 pies de altura, tres veces la altura de la original, que ahora se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología de la Ciudad de México.

La elección de una estatua de una mujer para reemplazar a Colón podría atraer a las feministas y, al mismo tiempo, apoyar la retórica indígena de López Obrador, dijo Valeria Moy, directora del Centro de Investigación de Políticas Públicas, un grupo de expertos mexicano.

"Ella está tratando de satisfacer a todos, especialmente a su presidente", dijo la Sra. Moy. "Desde un punto de vista político, la elección de la estatua parece una buena decisión".

Pero no todo el mundo estaba satisfecho, a ambos lados de la división cultural.

“Se están enfocando en la estatua, sin enfocarse en los derechos de las mujeres que están vivas”, dijo Fatima Gamboa, activista de la Red de Abogados Indígenas, un grupo de defensa mexicano.

La Sra. Gamboa, miembro del pueblo indígena maya, dijo que un gesto de celebración de la herencia indígena de México hace poco por mejorar las precarias condiciones socioeconómicas y la discriminación que aún sufren muchas mujeres indígenas.

Un expresidente conservador de México, Felipe Calderón, dijo que el monumento a Colón era una pieza valiosa del patrimonio artístico e histórico de México y no estuvo de acuerdo con su sustitución.

“Quitarlo, mutilarlo, es un crimen”, escribió en Twitter el mes pasado, cuando el gobierno de la Ciudad de México anunció por primera vez planes para reemplazarlo con un símbolo indígena. "Se lo están robando a la Ciudad de México, a sus residentes y a todos los mexicanos".