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APRUEBAN CONTROVERTIDA LEY DE HIDROCARBUROS

CIUDAD DE MEXICO, Estados Unidos Mexicanos, 14 de abril de 2021.- Con 292 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este en lo general la reforma a la Ley de Hidrocarburos, una iniciativa que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió el pasado 26 de marzo, “para maximizar la producción de los hidrocarburos y petrolíferos, garantizar el suministro de los mismos, alcanzar la seguridad y soberanía energéticas y contribuir al desarrollo nacional, teniendo como referencia que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa productiva del Estado mexicano".


Sin embargo, para el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa, afirmó que el dictamen que reforma la Ley de Hidrocarburos "es inconstitucional y provocará que haya combustibles caros y escasez de éstos".


Sostuvo que la reforma "no incrementa en nada la producción nacional de gasolina, no incrementa en nada la producción de petróleo y gas natural".


Mientras que el diputado Justino Arriaga, del derechista Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que el dictamen busca revocar permisos de los particulares que no cumplan con los mínimos de almacenamiento que establezca la autoridad, "lo que viola claramente el principio de no retroactividad de la Ley".


Agrego que la propuesta será "un duro golpe al Estado de derecho, que amenazará a las inversiones presentes y futuras".
Mientras que por el oficialista Movimiento Regneración Nacional (Morena), del presidente López Obrador, el diputado Diego del Bosque sostuvo que la reforma recupera la soberanía energética nacional.


Indicó que los opositores "no toman en cuenta las condiciones históricas que llevaron a Pemex al bajo rendimiento y poca rentabilidad en los últimos años y, aún así, este año aportará el 17 % de los ingresos presupuestarios".


La iniciativa tiene como eje central devolver a la estatal Petróleos Mexicanos el control de precios y llevar a cabo cambios en la transportación, distribución, comercialización, venta y almacenamiento de combustibles.


Al igual que la suspendida Ley de la Industria Eléctrica que da prioridad la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de los privados, la iniciativa para reformar Ley de Hidrocarburos señala que la participación del sector privado pone en riesgo la seguridad y economía del país.


La reforma, promovida por López Obrador, abarca los sectores de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y busca tumbar la reforma estructural impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) que promovió en 2014.


López Obrador ha prometido "rescatar" a Pemex, pero la petrolera más endeudada del mundo sufrió en 2020 la "peor crisis de su historia" con una pérdida neta de 21.417 millones de dólares, un 38,2 % más que el resultado también negativo de 2019.


La reforma a la Ley de Hidrocarburos (LH), creada tras la profunda reforma energética del 2013-2014 y de la que el mandatario es un fuerte crítico, se aprobó en el Pleno de la cámara baja, apenas horas después de que fuera avalado el dictamen de la iniciativa en una comisión especializada.


Por la mañana, la comisión de Energía había aprobado modificar un polémico artículo de la iniciativa, enviada por López Obrador en marzo, y que había sido señalado por analistas como una carta blanca a la Secretaría de Energía (Sener) y al regulador del sector energético, la CRE, para llevar a cabo expropiaciones de facto de inversiones privadas.


Los legisladores avalaron eliminar los términos "temporal o definitiva" a cualquier posible suspensión de un permiso de petrolíferos que la autoridad ordenara, y acordaron agregar que quedarán "a salvo los derechos de los terceros y del Estado".


Añadieron, además, que se deberá notificar al permisionario las causas por las que se revocará el permiso y que contará con 15 días para aportar elementos a su favor.


Sin embargo, se mantuvo la posibilidad de que Sener y la CRE suspendan permisos ante un "peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional", manteniendo su discrecionalidad para determinar esas amenazas.


Tras el aval de los diputados, la reforma pasará al Senado para ser discutida y aprobada. Este es el más reciente paso del Gobierno para modificar normas en el sector energético, luego de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promovida también por López Obrador, pero cuya puesta en marcha ha sido suspendida en tribunales.


El lunes, la autoridad antimonopolios, la Cofece, dijo que la iniciativa de López Obrador afecta negativamente la competencia y libre concurrencia de la cadena de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, lo que podría llevar a una disminución de la oferta y a un alza de precios.


El proyecto de reforma, en caso de aprobarse en el Senado, podría tener implicaciones para empresas multinacionales con operaciones en México, como Shell, BP, Exxon y Total, que entraron en el mercado de combustibles del país tras la reforma energética.

 

 

REFORMAS A OUTSOURCING PROHIBE SU USO EN GOBIERNO

CIUDAD DE MEXICO, Estados Unidos Mexicanos, 14 de abril de 2021.- Con 348 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones, la cámara baja aprobó en lo general y particular el decreto que modifica siete leyes, incluyendo el Apartado B de la Ley Federal del Trabajo para regular la subcontratación de empresas y  prohíbe su uso en dependencias de gobierno.


Los cambios a seis leyes y a la Constitución -del Trabajo, del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR, del IVA, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Apartado B del artículo 123 de la Constitución- son para “eliminar las prácticas que dañan los derechos laborales, erradicando acciones que operan en la actualidad, a través de las diversas formas de simulación en perjuicio de las personas, trabajadores y del erario”, señala el dictamen.


El decreto de la reforma en materia subcontratación, que contempla reglas más restrictivas, al sólo permitir su uso como un servicio especializado sujeto a la obtención de un registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la realización de inspecciones, dando de plazo tres meses a las empresas para su aplicación.


De acuerdo a las nuevas modificaciones, las empresas y el gobierno solo podrán subcontratar servicios y obras especializadas que no formen parte de su objeto social o actividad económica preponderante.


Las agencias de empleo podrán participar sólo en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación de personal, pero no podrán ser patrones de las personas que colocan en las empresas.


La empresa que subcontrate servicios u obras será responsable solidariamente en caso de que la contratante no cumpla con sus obligaciones patronales (SAT, IMSS, Infonavit).


Las empresas de subcontratación tendrán que registrarse y formar parte de un padrón de la STPS; el registro se renovará cada tres años. La dependencia tendrá treinta días después de publicada la reforma para expedir las reglas correspondientes.


Las empresas de subcontratación tendrán que entregar cada cuatro meses un informe al Infonavit y al IMSS con los datos de los contratos celebrados con otras empresas, la información de los trabajadores y la determinación del salario base.


Sólo podrán ser deducibles o acreditadles los pagos de subcontratación de servicios u obras que no formen parte de la razón social o actividad preponderante de una empresa.


Utilizar esquemas simulados de subcontratación será considerado defraudación fiscal, delito que se castiga con cárcel.


El reparto de utilidades tendrá como límite máximo el equivalente a tres meses de salario o el promedio recibido en los últimos tres años, lo que resulte más alto.

 

MEXICO FRACASO EN SU RESPUESTA FRENTE A COVID-19

 

CIUDAD DE MEXICO, 12 de abril de 2021.- Un estudio elaborado por el Institute for Global Health Sciences revelò que si México fracaso en su respuesta a la pandemia en relación con países comparables al tener una de las tasas más altas de casos y muertes por Covid-19, ya que pudo evitar unas 190 mil muertes por todas las causas en 2020 y no lo hizo.

Según el estudio "La respuesta de México al Covid-19: Estudio de caso", el País fracasó en su respuesta.

"Las tasas de mortalidad entre pacientes hospitalizados con COVID-19 son muy altas, alrededor del 50 por ciento en el IMSS, y no han disminuido sustancialmente durante la pandemia.

"Los casos y muertes se han concentrado desproporcionadamente en los municipios con mayores niveles de marginación socioeconómica, especialmente en las zonas urbanas", indica.

De acuerdo con esta investigación, además, la escasez de pruebas implica que el subdiagnóstico y el subregistro de las muertes por Covid-19 es muy sustancial.

"Una encuesta de seroprevalencia apunta a fallas en la vigilancia epidemiológica y en el control de la pandemia. Un número excepcionalmente elevado de infecciones no se detecta, aproximadamente una de cada 30", reporta.

El estudio establece que la evidencia disponible apunta a una alta proporción de muertes extrahospitalarias, alrededor del 58 por ciento, grandes desigualdades en el acceso a pruebas y atención médica, una gran variación en la calidad de la atención y una carga muy desigual de la enfermedad entre regiones y grupos sociales.

Esto se debe a que las proyecciones del Gobierno sobre el curso de la pandemia y las expectativas sobre las probables consecuencias de la emergencia fueron demasiado optimistas, infundadas y condujeron a una planificación deficiente.

"Una buena gobernanza implica la formulación y aplicación de políticas en beneficio del público. Necesita de fortaleza institucional y liderazgo eficaz. Los países que gozan de ambas condiciones, como Nueva Zelanda y Noruega, han tenido un buen desempeño durante la pandemia.

"A la inversa, un liderazgo deficiente e instituciones debilitadas son, obviamente, una mala combinación; desafortunadamente, México es un ejemplo de ello. Pero incluso en lugares con instituciones sólidas, como Estados Unidos, un mal liderazgo tuvo consecuencias desastrosas en 2020", establece el estudio.

En el prefacio de la investigación se reporta que no es una coincidencia que los países con el peor desempeño en su respuesta a la pandemia de Covid-19 tengan "líderes populistas".

"Tienen rasgos en común, como minimizar la gravedad de la afección, desalentar el uso de mascarillas, priorizar la economía sobre salvar vidas y negarse a unir fuerzas con oponentes políticos para desplegar una respuesta coherente. También han interferido activamente en la implementación de políticas sanitarias sólidas, por razones políticas.

"Las consecuencias en términos de vidas humanas han sido devastadoras. Por lo tanto, es necesario instituir algún nivel de responsabilidad política por un liderazgo y un desempeño deficientes", advierte Jaime Sepúlveda, director ejecutivo de esta institución.

 

NIÑOS DE GRO. TOMAN LAS ARMAS PARA DEFENDERSE. EXIGEN SEGURIDAD

 

CIUDAD DE MEXICO, Estados Unidos Mexicanos, 11 de abril de 2021.- Unos 30  niños de entre 6 y 11 años, se integraron el sábado a la policía comunitaria en el municipio José Joaquín de Herrera, en la Montaña Baja del sureño estado mexicano de Guerrero.


En un discurso realizado durante su presentación, los infantes exigieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que apoye a nueve viudas, a 14 niños huérfanos y a 34 indígenas desplazados de la comunidad de Acotapaxtlán, en Guerrero, quienes fueron víctimas del grupo delictivo conocido como Los Ardillos.


Reprocharon al mandatario mexicano por haberlos acusado de ser delincuentes "y le volvemos a recordar que no; somos niños comunitarios y apoyamos en el resguardo de nuestra comunidad nahua", refirieron.


Los menores, pertenecientes al poblado de Ayahualtempa, realizaron también una marcha por las principales calles de su comunidad, en compañía de otro grupo de pequeños que se habían integrado al grupo policial en enero de 2020.


Este grupo de defensa cuenta además con más de 200 ciudadanos indígenas, quienes denunciaron haber sido abandonados por el Estado ante los ataques de Los Ardillos.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, de la cual forma parte este grupo policíaco, exigió al Gobierno federal soluciones para sus demandas y anunció que si en los próximos días estas no se cumplen, impedirán la instalación de casillas en sus comunidades durante la jornada electoral del 6 de junio.


La decisión de integrar a infantes como guardias de su comunidad -la primera vez que se llevó a cabo esa acción fue en mayo de 2019- ocurrió luego del asesinato de diez músicos indígenas en un ataque armado en la localidad de Chilapa en enero de 2020.


En Chilapa, Los Ardillos mantienen una guerra por el control del territorio para el trasiego de estupefacientes, por lo que no cesa la violencia desde que en 2015 los grupos autodenominados comunitarios irrumpieron en el territorio, dejando cientos de muertos y obligando a otros tantos a desplazarse de sus hogares.


En 2020, cuando se anunció la integración del primer grupo de menores a la policía comunitaria, el Gobierno del Estado se pronunció por el respeto de los derechos de la niñez y dijo que su participación no debería ser alentada.


Guerrero es uno de los estados más pobres y violentos de México.

Los grupos de autodefensa en este estado aparecieron en los años 70 del siglo pasado y resurgieron nuevos grupos a partir de 2013 con el aumento de la violencia en la entidad.

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

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