ARRESTAN A DIRECTOR DE ACADEMIA MILITARIZA
POR PRESUNTO HOMICIDIO DE DAFNE
CIUDAD MADERO, Tamaulipas, 26 de julio de 2026.- La Fiscalía de Tamaulipas confirmó el arresto de Jorge Luis Ponce Ortega, director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, donde murió la menor Dafne Zapata, de 13 años, un hecho investigado como feminicidio, por el que también fue detenida Estrellita Mora Díaz, encargada de cuidar a las niñas internadas y Danna Yanina N., instructora auxiliar del campamento.
El caso de Dafne ha generado indignación nacional y ha puesto bajo escrutinio el funcionamiento de las academias militarizadas en México.
La menor ingresó el 13 de julio a un campamento de verano con costo de 25 mil pesos, destinado —según su madre, Alejandra Quintos— a fortalecer su carácter y autonomía.
Cuatro días después, el personal de la academia llamó a Quintos para informarle que su hija se había “desvanecido mientras se bañaba” y que “ya no presentaba signos vitales”. Sin embargo, la necropsia reveló asfixia por sumersión, contradiciendo la versión oficial.
La madre de Dafne sostiene que su hija fue víctima de tortura y maltrato extremo durante los cuatro días que permaneció en el internado.
Afirma que la menor tenía “demasiada agua en los pulmones, atorada en la tráquea”, y que su muerte destapó denuncias previas de exalumnos sobre abusos físicos, castigos severos y prácticas violentas dentro de la institución.
“Me la torturaron sin parar hasta entregármela muerta. Es un feminicidio porque es mujer”, declaró en entrevista.
La Academia Militarizada Marina Doenitz presumía vínculos con la Secretaría de la Defensa Nacional, pero la Sedena se deslindó públicamente, aclarando que no mantiene relación alguna con ese plantel ni con otros de su tipo.
Al ser interrogado el supuesto comandante Ponce aceptó que nunca perteneció a la Marina.
ASESINAN A ALCALDE DE MORELOS
Y A UN PERIODISTA EN OAXACA
CIUDAD DE MEXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, México, 22 de julio de 2023.- Dos hechos de violencia ocurridos el mismo día, en entidades distintas, evidencian una grave falla en los mecanismos de protección del Estado mexicano: tanto el alcalde de Temoac, Morelos, como el periodista Francisco Alejandro Leiva Aguilar contaban con medidas de seguridad, pero aun así fueron asesinados. Ambos habían denunciado amenazas previas y se encontraban en situación de riesgo, pero al primero lo mataron en la Presidencia Municipal y al segundo le dispararon por la espalda mientras comía en un puesto callejero.
El alcalde Valentín Lavín Romero fue atacado a balazos en la Explanada Municipal después de salir de su oficina en la presidencia municipal de Temoac, hasta donde sus agresores lo siguieron para ejecutarlo.
Lavín Romero había sobrevivido un atentado a inicios de año mientras viajaba con su familia, lo que derivó en la asignación de medidas de seguridad. Sin embargo, dichas medidas resultaron insuficientes para evitar el ataque directo dentro de instalaciones oficiales.
La Fiscalía de Morelos informó que mantiene abiertas todas las líneas de investigación y que se desplegó un operativo en Temoac y municipios cercanos para localizar a los responsables.
El Ayuntamiento exigió una investigación pronta, objetiva y transparente, así como el deslinde de responsabilidades institucionales ante la evidente falla en la protección del alcalde.
Con horas de diferencia, ese mismo día, en Oaxaca, el periodista Francisco Alejandro Leiva Aguilar, exdirector de un canal local y autor de una columna política, fue asesinado a balazos mientras comía en un restaurante.
Los agresores, que viajaban en motocicleta, abrieron fuego contra él, hiriendo también a una mujer que se encontraba en el lugar.
Leiva Aguilar había reportado amenazas y contaba con medidas de seguridad estatales. A pesar de ello, los atacantes pudieron localizarlo y asesinarlo en un espacio público sin que su esquema de protección lograra impedirlo.
El gobernador Salomón Jara condenó el homicidio y reconoció que Leiva Aguilar era un periodista crítico con su administración. La Fiscalía estatal anunció que solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.
México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de 150 comunicadores asesinados desde el año 2000, según Reporteros Sin Fronteras.
Un patrón que se repite: medidas de seguridad insuficientes y amenazas ignoradas
Los dos casos comparten elementos alarmantes:
Ambas víctimas habían sido amenazadas.
Contaban con medidas de seguridad, pero estas no fueron suficientes para evitar ataques directos y planeados.
Los agresores actuaron con total impunidad, incluso dentro de espacios públicos y oficiales.
Las fallas en los protocolos de protección son evidentes y requieren revisión inmediata.
