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Sembrando Vida no es un programa ambiental.
29 de noviembre 2021


El gobierno mexicano debería investigarlo y corregirlo.

Por Carlos Carabaña
Dibujante y reportero. Forma parte de la Unidad de Investigación del diario ‘El Universal’ en México.

Sembrando Vida es uno de los programas sociales que el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, puso en marcha en cuanto juró el cargo. Lo presume como “el mayor programa de reforestación del mundo” y llegó a mentir sobre que el acuerdo contra la deforestación que firmaron más de un centenar de países en la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP26), en Glasgow, fue propuesto por México e inspirado por Sembrando Vida. En esa misma cumbre, la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, aseguró que “Sembrando Vida cubre aspectos sociales, productivos y ambientales frente a la mitigación del cambio climático”.

Frente a las declaraciones oficiales triunfalistas, a tres años de la puesta en marcha del programa se acumulan las evidencias de que sus aspectos ambientales y contribución a la lucha contra el cambio climático son cuestionables. Se han publicado ya diversos reportajes que muestran que parte de Sembrando Vida —que da 5,000 pesos al mes (250 dólares) a casi medio millón de pequeños agricultores para sembrar milpa, y plantar árboles frutales y maderables en dos hectáreas y media de terreno— contribuye a la deforestación y pérdida de coberturas forestales. 

Esta semana publicamos otra prueba en el diario El Universal, tras conseguir las coordenadas geográficas de 5,142 parcelas inscritas al programa en Quintana Roo, uno de los estados donde está la Selva Maya, el bosque tropical más grande de Mesoamérica. En el mapa de uso de suelos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía la mitad están en terrenos considerados selvas y la otra en agrícolas. Al analizar una a una, con fotos de satélite de los últimos cuatro años, encontramos evidencias de deforestación en al menos 20% de ellas (poco más de mil parcelas).

En varias parcelas, al acudir a verlas, vimos restos de troncos derribados, tocones quemados y en una encontramos a una persona macheteando un árbol. Sin embargo, todos los ejidatarios con los que hablamos estaban contentos con el programa, especialmente con el pago mensual, y la gran mayoría que vimos trabajaban sus parcelas.

Somos los únicos en haber obtenido la ubicación de las parcelas tras decenas de solicitudes de información a la Secretaría de Bienestar, quien ha bloqueado el acceso a otros investigadores o institución independiente. Solo pudimos obtener la ubicación de las de Quintana Roo porque, cuando buscamos la de otros siete estados, casualmente dos sembradores del interior del estado de Tabasco habían puesto un amparo contra la entrega de esta información.

Esta opacidad, combinada con la enorme cantidad de beneficiarios y hectáreas de terreno dentro del programa, ha hecho imposible una evaluación independiente. La falta de indicadores ambientales en el programa fue reconocida sin querer por el propio gobierno en su Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024, publicado en noviembre, al incluir los siguientes objetivos: “Incorporar criterios de cambio climático en la implementación del programa Sembrando Vida” e “incluir en las actividades de capacitación del programa Sembrando Vida aspectos relacionados con el cambio climático”.

La división mexicana de la organización World Resource Institute (WRI) intentó crear una serie de indicadores ambientales para el programa y se acercó a la Secretaría de Bienestar para trabajar con ellos. En entrevista me dijeron que, tras una serie de conversaciones, la colaboración se terminó en el momento que pidieron conocer la ubicación de las parcelas. WRI desarrolló en 2014 la herramienta Global Forest Watch, que permite medir la deforestación casi en tiempo real.

Cuando finalmente la organización creó una metodología para ver si la deforestación había crecido en los municipios donde se había implementado Sembrando Vida, encontraron una correlación entre la llegada del programa y la pérdida de 72,000 hectáreas de coberturas forestales. De 447 municipios analizados, 42 —casi todos en el sur— concentraron más de la mitad de la pérdida forestal.

Otros medios han publicado más pruebas. En el mismo Quintana Roo, en Xul-Ha, hubo denuncias en octubre de 2019 de la devastación de 200 hectáreas para entrar al programa. En la zona cercana a la Reserva de Calakmul, en Campeche, el sitio Grieta documentó selva tumbada para convertirla en parcelas. En Veracruz, la Secretaría de Medio Ambiente ha recibido denuncias por la tala de árboles en áreas donde opera.

También está la duda sobre qué sucede con las parcelas de los beneficiarios expulsados del programa. Según una solicitud de información vía transparencia, en 2019 no se expulsó a un solo beneficiario, pero Javier May, entonces subsecretario de Bienestar, declaró en diciembre de ese año que se determinó echar de Sembrando Vida a 17,000 personas “por no querer trabajar”. No se sabe qué mecanismo se usó para expulsarlos ni qué pasó con las 42,500 hectáreas de terreno que utilizaban para el programa. La opacidad del programa llega incluso a quienes ya no están en él.

Pese a las pruebas de que hay fallos en su creación e implementación, la importancia política que tiene Sembrando Vida para el presidente López Obrador es tal que ha destinado uno de los presupuestos más altos de la historia para un programa de desarrollo rural: 15,000 millones de pesos para 2019, 27,500 millones en 2020, y 27,000 millones (1,350 millones de dólares) para 2021.

A la vez, insiste en utilizarlo a nivel internacional. Además de la COP26, lo propuso a John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el Clima, como respuesta para evitar la migración de personas centroamericanas hacia ese país. Luego en la cumbre trilateral de presidentes, con Estados Unidos y Canadá, logró un acuerdo de 30 millones de dólares para poner en marcha Sembrando Oportunidades, que busca expandir este programa a América Central. Sin embargo, este programa ya tuvo un intento fallido en 2019 de exportarlo a Honduras, El Salvador y Guatemala: para septiembre de 2021, no había logrado ni la mitad de los beneficiarios prometidos, de acuerdo con el sitio Animal Político.


Ante tantas evidencias, el gobierno federal debería aceptar que el programa solo tiene un carácter social y productivo, y dejar de usarlo como escudo cuando critican su política ambiental. También, en lugar de negar sistemáticamente las críticas, sería buena idea que iniciara una investigación oficial de los puntos fuertes y débiles de Sembrando Vida, y corregir sus posibles errores antes de exportarlo a Centroamérica. Los bosques y selvas de la región lo agradecerán.


 
La boda de Guatepeor
07 de noviembre 2021

 Opinión de FEDERICO ARREOLA
Tomada de sdpnoticias.com


El escándalo de hoy es la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y de la consejera electoral Carla Humphrey.


Ella y él decidieron casarse en Guatemala para que nadie los viera, pero alguna de sus invitadas, funcionaria del mejor gobierno local de la 4T, el de la CIudad de México, tuvo la mala idea de viajar en una avión privado con miles de dólares no declarados. La policía de ese país se dio cuenta, confiscó el dinero y la boda salió de Guatemala para entrar en territorio guatepeor.


El diario Reforma es excelente para las crónicas de sociales, inclusive mejor que ¡Hola!, lo que es decir. Sintetizo su información sobre la boda Humphrey-Nieto:

  • Se casaron en Guatemala porque Nieto y Humphrey querían una boda discreta.
  • Viajó a la boda en avión privado —algo prohibido por el código de ética de la 4T— la ya exsecretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz. La acompañaba su esposo Jorge Rizo.
  • El avión pertenece al propietario de El UniversalJuan Francisco Ealy Ortiz, otro invitado a la boda guatepeor. ¿A cambio de qué llevó en su poderoso jet el licenciado Ealy a la hoy exfuncionaria?
  • Otro pasajero, también invitado a la boda, se llama Alejandro Gou, productor de TV. Este fue el responsable del desfile de Día de Muertos organizado por la señora Félix Díaz, lo que habla de una conflicto de interés.
  • En el Aeropuerto Internacional La Aurora, de Guatemala, la policía descubrió que en el avión había 35 mil dólares no reportados.
  • No se arrestó a los pasajeros, pero sí se les retuvo durante unas cinco horas para que explicaran el origen del dinero.
  • Superaron el problema con la ayuda de la embajada mexicana en Guatemala.
  • La explicación que dieron, probablemente cierta, es que era dinero para gastos médicos de Ealy Ortiz, a quien le deseo vuelva a gozar pronto de excelente salud.
  • El dinero quedó incautado en Guatemala, cuyas autoridades financieras seguramente pedirán ayuda al novio, Santiago Nieto, para que este desde la UIF aporte elementos que demuestren, o no, el origen legal de los 35 mil dólares.
  • Cuando se supo lo que había pasado, Paola Félix Díaz renunció a su cargo, aunque es más creíble la versión de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de inmediato la despidió.
  • Paola Félix ya había protagonizado un mini escándalo que molestó a Sheinbaum cuando se casó en fiesta multitudinaria en los tiempos duros del covid.

Los invitados y las invitadas de lujo


La boda en Guatemala que terminó en guatepeor fue elegante, y qué bueno: tenían derecho a ello tanto el señor Nieto como la señora Humphrey, dos personas honradas que pueden pagar eso y algo más con sus salarios.


La fiesta tuvo lugar en el Hotel Santo Domingo, de Antigua, Guatemala, exclusivo complejo cultural, arqueológico y turístico.


Hubo alrededor de 300 invitados, en una celebración, dice Reforma, “ajena al pregón de austeridad de la 4T”. Asistieron:

  • La ministra de la corte Yazmín Esquivel y su esposo, el empresario José María Riobóo.
  • La panista Josefina Vázquez Mota.
  • La fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos y su esposo, Jaime Cárdenas. (Otras fuentes me dicen que Cárdenas sí asistió, pero no la fiscal).
  • La mencionada extitular de Turismo de CDMX, Paola Félix Díaz y su marido Jorge Rizo.
  • Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño de El Universal.
  • La gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
  • El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez.
  • El legislador del Partido Verde, Javier López Casarín, tan cercano a Marcelo Ebrard que es considerado el jefe de la precampaña presidencial del canciller.
  • La priista Carolina Viggiano.
  • El exgobernador de Sinaloa y próximo embajador en Madrid, Quirino Ordaz.

Que México no se entere, por favor


Cenaron carpaccio con aguacate, tártara de atún, ravioles, asado de tira y robalo crujiente. Bebieron, sobre todo, champaña.
A los invitados y a las invitadas se les pidió no hablar de la boda para que en México nadie se enterara. Una petición sensata porque exhibir tales eventos solo provoca resentimientos entre los envidiosos que no fuimos convidados.


Hoy la boda del titular de la UIF y la consejera electoral es un escándalo que despierta más comentarios inclusive que la carrera de Fórmula 1.


Ya cayó una invitada, por violar los principios de austeridad de la 4T, es decir, no por llevar consigo dinero ilegal, que sí había en el avión en el que viajó y cuyo origen deberá investigar el novio para, en caso de ser necesario, castigar al responsable de lo que evidentemente es un ilícito.


Ya se verá si hay más renuncias en la 4T por esta otra boda de gran escandalera. En fin, supongo (y espero) que, si lo hubo, ya se canceló el contrato de difusión con ¡Hola!


 
 
07 de noviembre 2021

 


 


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