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| JUICIO DE GGL DESPATA RUPTURA DEL CARTEL SINALOA Y LOS BELTRAN |
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24 de enero de 2022 |
El Grande, primer testigo del juicio contra el exfuncionario, detalla el secuestro de García Luna a manos del Cartel de los Beltrán Leyva: “Él seguía trabajando para todos: El Mayo y El Chapo”
Villarreal Barragán explicó con lujo de detalle cómo se dio la ruptura dentro del Cartel de Sinaloa y la guerra de narcos entre la facción de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada y la de los hermanos Beltrán Leyva. El narcotraficante dio a entender que uno de los factores determinantes fue que El Chapo convenció a las fuerzas del orden de ir tras sus viejos aliados. “Nos empezó a caer gente del Gobierno”, dijo El Grande. Arturo Beltrán, el líder de los Beltrán Leyva, se dio cuenta de que los operativos de captura y los decomisos se producían casi siempre después de que hablaba con El Mayo o con El Chapo, al menos eso infirió. “Se dio cuenta de la traición”, dijo su antiguo lugarteniente. La gota que derramó el vaso fue la detención de Alfredo Beltrán, alias Mochomo y hermano de Arturo, en un operativo del Ejército en enero de 2008. Siempre según el testimonio de Villarreal Barragán, la facción de los Beltrán Leyva no podía creer que el pago de millones de dólares en sobornos no le ofreciera ninguna protección. El Grande dijo el lunes que Arturo Beltrán se encargaba personalmente de entregar sobornos mensuales de más de un millón de dólares a García Luna, desde que asumió como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Las coimas se entregaban en maletas y bolsas negras en una casa de seguridad al sur de Ciudad de México. Cuando el acusado se convirtió en titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), un ministerio recién creado durante la Administración de Calderón, hubo un cambio en el esquema de sobornos, dijo el testigo. García Luna, también a cargo de la Policía Federal en ese tiempo, ya no se reunía personalmente con los miembros del cartel, sino que mandaba casi siempre a su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, entonces subdirector de Seguridad Privada de la SSP. Según esta versión, el antiguo jefe de la AFI a veces supervisaba la recepción del dinero por medio de radios y llamadas remotas. “¿De qué lado estás? ¿Con mi primo El Chapo o conmigo”, le preguntó Arturo Beltrán a García Luna, según el relato. “El problema es de ustedes, yo soy neutral”, contestó el exfuncionario supuestamente. En opinión del testigo, lo más probable es que el secretario de Seguridad estuviera colaborando con ambas facciones al mismo tiempo. “Él seguía trabajando para todos: El Mayo y El Chapo, pero también para Arturo”, comentó El Grande. “Hubo integrantes de la Policía Federal que se fueron de su lado y otros se fueron con Arturo”, agregó. “Fue una guerra muy violenta, todos nos empezamos a matar”. Fue después de la captura de Mochomo cuando Arturo Beltrán mandó a secuestrar a García Luna, aunque no se dijo una fecha en específico. “Lo habían levantado en el Estado de Morelos, de camino a Cocoyoc [un pequeño poblado a una hora y media de la capital]”, dijo El Grande. Los narcos llevaron al miembro del Gabinete para hablar con su jefe en “una oficina” de los Beltrán Leyva. “Hablaron y después lo dejaron ir, se lo llevaron a donde lo habían levantado”, aseguró Villarreal Barragán. El testigo recordó que narcotraficantes como Édgar Valdez Villarreal La Barbie o Alberto Pineda El Borrado se carcajeaban después de la visita del funcionario a la casa de seguridad en Morelos y conversaban en una esquina de la casa, donde había un montón de cargadores tirados. Eran los cartuchos de los escoltas del secretario, que no pudieron hacer nada para evitarlo. En 2010, el escritor Ricardo Ravelo dio a conocer un relato similar sobre un supuesto secuestro a García Luna a manos de Beltrán, pero él señaló que fue cuando estaba al frente de la AFI. “¿Ya ves qué fácil es llegar a ti?”, es una de las frases que Ravelo atribuyó al líder del cartel de los Beltrán Leyva. El Grande dio cuenta de asesinatos, secuestros y traiciones entre los viejos socios que después se convirtieron en enemigos. Beltrán estaba tan molesto por la captura de su hermano que planeó vengarse y acabar con Jesús El Rey Zambada, hermano de El Mayo. La ley del talión: un hermano por otro. “El primer plan de Arturo era matarlo”, comentó Villarreal Barragán, “le dije que no, que iban a matar a Alfredo [Mochomo Beltrán] en la cárcel”. El plan B era hacer que lo detuvieran. “Entonces ordenó que fuera detenido por el Gobierno”, contó El Grande. Los Beltrán Leyva se infiltraron con la gente de El Mayo para dar con El Rey, el encargado de todos los cargamentos del cartel de El Chapo que pasaban por el aeropuerto de Ciudad de México. “Hubo dos intentos, en el primero le dimos la información al Ejército, pero ellos se la vendieron a la gente de El Rey”, dijo Villarreal Barragán, en otro testimonio sobre la supuesta corrupción que impera en las fuerzas del orden. El segundo fue con la Siedo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Esa institución, que dependía de la entonces Procuraduría Federal de la República, se encargó de encabezar el operativo de captura contra El Rey Zambada. Los criminales también se habían infiltrado ahí. El Grande se volvió a poner el uniforme de un agente oficial del Estado y otros pistoleros se disfrazaron de agentes de la Siedo. “Yo formé parte del operativo”, reconoció Villarreal Barragán. “Hubo algunos que nos vestimos“. El arresto se consumó en octubre de 2008 en medio de un duro tiroteo en Ciudad de México, con apoyo de la Policía local de la capital mexicana. “Le ordené a las personas de la Siedo que tomaran fotos de Rey y todos los detenidos”, dijo El Grande. Tenía miedo de que los contactos de El Mayo y El Chapo lo intercambiaran por alguien más y lo liberaran. Fue en ese punto cuando el testigo recalcó: “En México todo es posible”. El Grande dijo haber visto de todo en cuanto la complicidad de las fuerzas del orden con el crimen organizado. Se refirió, por ejemplo, a la boda de La Barbie en Acapulco. El Cartel de los Beltrán Leyva, en la época en la que aún eran aliados de Sinaloa, obtuvo información de las propias autoridades de que la ceremonia estaba infiltrada por agentes y que planeaban hacer una redada contra varios capos. Al final, los narcos se rieron del Gobierno. Ninguno se presentó a la boda. “La fiesta se hizo, pero no fuimos. Ni siquiera él”. El Grande también habló de su detención el 12 de septiembre de 2010, un domingo por la tarde en Puebla, en el centro del país. “Estaba en mi domicilio con mi esposa y mi hijo”, contó. De pronto, un grupo de la Marina derribó su puerta y lo encañonó. “Les di mis armas, les dije que eran a mí a quien buscaban y les dije que dejaran a mi familia en paz”, relató el narco casi al finalizar el interrogatorio de la fiscal adjunta Erin Reid. “Se robaron todo lo que pudieron y me arrestaron”, sentenció. Tras su captura, pidió hablar con un agente de la DEA. En cambio, lo llevaron con Marisela Morales, entonces titular de la Siedo. No sintió confianza de colaborar con las autoridades mexicanas. Villarreal Barragán fue extraditado en mayo de 2012, seis meses antes de que terminara el mandato de Calderón, quien sostiene que no sabía de ningún vínculo de los miembros de su Gobierno con el crimen organizado. Arturo Beltrán Leyva fue abatido en diciembre de 2009 en un operativo de la Marina. César de Castro y los abogados de García Luna tuvieron su turno de interrogar al testigo. La defensa se ha centrado en cuestionar la credibilidad de los testigos colaboradores y asegurar que se trata de una venganza política contra su cliente. De Castro batalló para desmontar los dichos de El Grande, pese a lanzar una extensa batería de preguntas sobre los sobornos que supuestamente fueron entregados a su cliente e insinuar que Villarreal Barragán se iba a beneficiar de hablar contra el exfuncionario. Pero el capo ya cumplió su condena y fue liberado hace por lo menos un año. La Fiscalía ganó el primer asalto, en el que varios miembros del jurado y otras personas en la sala terminaron exhaustas, tras siete horas de audiencia. El exsecretario enfrenta cinco cargos: tres por narcotráfico, uno por delincuencia organizada y otro por falsedad de declaraciones. El siguiente testigo llamado a declarar ha sido Tirso Martínez, un antiguo operador del Cartel de Sinaloa. SOBRE LA FIRMA |
| Nulidad del Examen Profesional y del Título |
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25 de enero de 2022 |
* Hugo Arriaga La UNAM sí puede declarar nulo el examen y por ende el Título Profesional de Yasmín Esquivel, según se advierte de lo dispuesto por los artículos 90[1], 93[2], 95, fracciones I y VI[3] y 97, fracciones II y III[4] del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México y 68[5] del Reglamento General de Estudios Universitarios.
El numeral 97 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, responsabiliza a los alumnos que hubieren prestado o recibido ayuda fraudulenta en los exámenes, lo que se sanciona con la suspensión hasta por un año, sin perjuicio de la nulidad del examen sustentado (fracción II) y el alumno que falsifique certificados, boletas de exámenes y documentos análogos, o use o aproveche los propios documentos cuando la falsificación sea imputable a terceros, será expulsado de la Universidad.
Esa nulidad del Examen Profesional resulta absoluta conforme a los artículos 2225[6] y 2226[7] del Código Civil Federal, y por ende es imprescriptible, de suerte que se puede hacer valer hoy, independientemente del tiempo transcurrido.
La UNAM no necesita privarla del Título a través de un procedimiento judicial como dice la Ley de Profesiones, porque la declaratoria de nulidad absoluta del examen y del Título serían suficientes para que carezcan de validez alguna.
Juicio Político
Para destituir a un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es perfectamente procedente el juicio político conforme al artículo 110, párrafos primero y segundo[8] de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 109 constitucional dispone en su fracción I que se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Quien ha incurrido en actos ilícitos para obtener el Título Profesional, no puede considerarse jurídicamente apto para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que se pueda aducir que tal conducta no se verificó “en ejercicio de sus funciones”, puesto que las condiciona y nulifica de pleno derecho. En esa tesitura, el acatamiento de los requisitos constitucionales para ser electo en el cargo de que se trata, no es una mera formalidad, sino una categórica exigencia, cuya falta, incluso superveniente (y la superveniencia sólo estriba en descubrir la falsedad luego de la designación), gesta la necesidad de privar de tan importante nombramiento a quien incide en ella. Esto es así, porque es patente que afecta los intereses públicos fundamentales el que quien falsifica para obtener, permanezca en el cargo a pesar de ello, lo que es particularmente trascendente en quien imparte justicia, pues siendo capaz de falsificar para alcanzar un propósito personal, así sea afectando a la propia Universidad de la que se emana, denota una falta de calidad moral imprescindible para la función judicial.
De los requisitos para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece el ordinal 95 de la Constitución destacan aquéllos que exigen un Título Profesional de Licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y gozar de buena reputación, haber servido con probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
En cuanto al Título Profesional, esta noción debe considerarse bajo la perspectiva de las condiciones que establecen las leyes que rigen la expedición y el registro de un Título Profesional, y ya acotamos que el de Yasmín Esquivel es nulo; es decir, carece de validez legal alguna. Por lo que atañe a la buena reputación, probidad y honorabilidad, cabe decir que la primera se define como “Opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo y el prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo”[9]; la probidad[10], entraña la honradez[11], que a su vez importa la “rectitud de ánimo e integridad en el obrar”, y la honorabilidad[12] importa la “cualidad de la persona honorable” siendo que el honor significa “Cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto del prójimo y de uno mismo; Gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas del que se la granjea”[13].
Ergo, es incontestable que quien ha plagiado una Tesis Profesional para obtener un Título, claramente carece de la reputación como prestigio que debía calificarle; asimismo quien así obra, no puede tener la más elemental probidad, pues no se conduce con honradez, faltando a la rectitud de ánimo e integridad que debían ser su forma natural de obrar, y no puede pretender ser honorable, pues no se ha comportado con la cualidad moral imprescindible que le hubiera conducido al más severo cumplimiento de sus deberes respecto sí mismo y por ende no puede estimarse que posea la buena reputación que sigue al mérito del que obviamente está falto en quien se ha comportado en la forma que se analiza.
De lo acotado se sigue que quien ha falsificado la Tesis Profesional para obtener un Título de Licenciado en Derecho, no reúne las condiciones que de manera tajante exige el texto de la Lex Legum para ocupar el alto sitial de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por ende debe ser privado de tan elevada dignidad.
Adjunto las dos notas que escribí al respecto y que aparecen en la página del Instituto Mexicano del Amparo www.institutomexicanodelamparo.org
Atentamente Hugo Arriaga Presidente Instituto Mexicano del Amparo World Trade Center México Montecito 38, Piso 35, Oficina 34 Col. Nápoles Alc. Benito Juárez Ciudad de México, 03810 Tels. 55-81-11-52-10 55-81-11-52-11 55-81-11-52-12 55-81-11-52-13 E-mail: harriaga@institutomexicanodelamparo.org www.institutomexicanodelamparo.org This communication, including any attachments, is intended solely for the confidential use of the person(s) named above. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately and delete/destroy the original. Any reader other than the intended recipient is hereby notified that any review, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited.
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| GENARO GARCÍA LUNA |
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16 de enero de 2022 |
La ambición más oscura de Genaro García Luna: el jefe de la guerra contra el narco juzgado por servir al narco ELÍAS CAMHAJI/
EL PAIS
Esa fue la primera escena conocida tras el arresto de Genaro García Luna, el 10 de diciembre de 2019 en Dallas (Texas). El antiguo jefe de la Policía de México, el hombre de todas las confianzas del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), el funcionario de las grandes detenciones y montajes televisivos era acusado de tres cargos por narcotráfico y otro más por falsedad de declaraciones. La justicia no lo alcanzaba en su tierra natal, sino del otro lado de la frontera, a pedido de la Corte Este del Distrito de Nueva York, la misma que cinco meses antes había condenado a Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua. Después de tres años de espera, García Luna irá a juicio el próximo 17 de enero. Se sentará en el banquillo de los acusados el funcionario mexicano de más alto perfil jamás juzgado en Estados Unidos y con él, las sospechas de un penoso contubernio entre los carteles de la droga y el Gobierno. La legitimidad de una guerra que ha dejado cientos de miles de muertos en menos de dos décadas. La credibilidad de una Administración que tomó un agente de bajo perfil y lo encumbró hasta convertirlo en un político ambicioso, poderoso y temido. Confidente del expresidente, aspirante presidencial frustrado, gran estratega de la guerra contra el narco. Mucho se ha escrito sobre García Luna, casi todo, sobre su relación con Calderón y la delincuencia organizada. Dibujar ese triángulo es delinear lo que está en juego en el juicio: el exsecretario está a mitad de camino entre el presidente que declaró la guerra al crimen y un puñado de capos que dicen estar listos para confesarlo todo. Los sobornos, la corrupción, los pactos oscuros de una suerte de pax mafiosa. Casi una decena de fiscales intentarán probarlo más allá de una duda razonable. Cuatro abogados de la defensa han aceptado el reto de ir a juicio. No es un hecho menor cuando se habla del sistema judicial estadounidense: no lo harían si no creyeran que pueden probar en una corte que su cliente es inocente. El juez Brian Cogan, el mismo que sentenció a El Chapo, tendrá la última palabra. “Mi postura será siempre en favor de la justicia y de la ley”, dijo Calderón al enterarse de la detención. Su versión, inalterable en todos estos años, es que su Gobierno está limpio y que si se cometieron delitos en su Gabinete, todo sucedió a sus espaldas. Que él nunca lo supo ni se dio cuenta. Lo que ha dejado claro es que va a defender su legado. “Si las evidencias fueran tan sólidas, ¿por qué ni siquiera ha iniciado el juicio?”, cuestionó en junio pasado. En el fondo, será un calvario para los aludidos. Se espera casi una veintena de testimonios, montañas de documentos, semanas de escándalos mediáticos. “Sería un golpe político muy fuerte para la gestión de Calderón y todos los que estuvimos ahí”, reconoce Guillermo Valdés, exdirector del servicio secreto mexicano (Cisen) durante esa Administración, sobre una posible condena contra García Luna. Fue precisamente en el Cisen donde García Luna empezó su carrera como funcionario público. Se graduó como ingeniero mecánico a los 26 años, pero realmente se formó a lo largo de casi una década de trabajo en esa agencia, el brazo de inteligencia civil más importante del Gobierno mexicano. En 1999 dio el salto a la Policía Federal Preventiva, el antecesor directo de la Policía Federal, la institución que años después se convertiría en su mayor legado como titular de Seguridad. En 2001 tuvo su primer gran puesto: se unió al Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) como director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). “Tenía un perfil bajísimo”, recuerda Rubén Aguilar, portavoz del Gobierno de Fox. “Era callado y no recuerdo una sola reunión del Gabinete de Seguridad en la que haya intervenido o dado su opinión”, agrega. Detrás de una fachada de timidez, aquel burócrata treintañero era un hombre con enormes ambiciones. Pero era una Administración en la que no tenía mucho juego. La seguridad no era un tema que importara mucho al presidente, la tasa de homicidios era la más baja en años y las responsabilidades se acotaban a incidentes concretos, asegura Aguilar. Era otro México. Pero García Luna se las arreglaría para intentar despuntar. El 9 de diciembre de 2005 invitó a un staff de televisión para transmitir en directo la detención de Israel Vallarta y su novia Florence Cassez junto a una supuesta banda de secuestradores. Mientras los periodistas se abrían paso detrás de los agentes, irrumpieron en una casa y entrevistaron a bocajarro a la ciudadana francesa. Todo era un montaje ordenado por García Luna. El arresto había sido, en realidad, un día antes. El fiasco se supo y explotó el escándalo, con crisis diplomática incluida con la Francia de Nicolas Sarkozy y un bochorno enmendado (parcialmente) por la Suprema Corte. La telenovela judicial saltó a Netflix el año pasado, basada en una novela de Jorge Volpi.
“Le gustaba el poder y ser secretario”, afirma Valdés. García Luna ya no era el tipo callado. Seguía siendo muy entregado al trabajo, pero chocaba constantemente con sus compañeros de Gabinete. Lo recuerdan como una persona profesional, pero con una inmensa sed de protagonismo y reconocimiento, no muy propensa a trabajar en equipo. Sus allegados justificaban que era un papel que tenía que asumir. En un país donde el Ejército era ya el mayor cuerpo de inteligencia y la Procuraduría General (ahora Fiscalía) estaba acostumbrada a hacer sus propias diligencias, la emergencia de una Policía civil incomodaba hasta cierto punto. El cuerpo multiplicaría por cinco su poder de fuerza bajo su gestión, al pasar de menos de 8.000 agentes hasta casi 40.000 elementos al final del sexenio. Pero la construcción de la Policía Federal solo cuenta una parte de la historia. El ascenso meteórico de García Luna en el servicio público no puede entenderse sin una decisión clave de Calderón. El mandatario llegaba al poder en medio de acusaciones de fraude electoral, con poco carisma y escasa legitimidad. Intentó venderse como “el presidente del empleo”, pero el eslogan no cuajó. Y entonces se convenció de lanzar una guerra total contra el narcotráfico. A 16 años de golpear el avispero, el país sigue hundido en la crisis de violencia e inseguridad más profunda que ha tenido en décadas. “Fue una estupidez: el problema de una guerra es que siempre sabes cuándo empieza, pero nunca cuándo termina”, zanja Aguilar. “Pero García Luna se empoderó de una manera extraordinaria”. México se convertiría en el escenario del espectáculo político y propagandístico de la narcoviolencia. Se acostumbraría a los cuerpos colgados en puentes, a los traidores decapitados, al pánico generalizado de tiroteos, bloqueos y bombazos. El lapso de Calderón se caracterizaría por las grandes detenciones de capos famosos que años antes habían sido completos desconocidos. Cayeron, entre otros, Sandra Ávila La Reina del Pacífico; Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo y su hermano Arturo, El Jefe de jefes; Sergio Villarreal El Grande; Jesús Rey Zambada, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Se les presentaba en multitudinarias ruedas de prensa y entre una avalancha de flashes como trofeos de guerra. De alguna manera, lo eran. Uno de los arrestos más recordados fue el de La Barbie, en agosto de 2010. El capo vestía con ropa de marca, tenía un reloj caro en la muñeca y miraba desafiante a las cámaras. No agachó la cabeza tras la detención. Se le observaba, incluso, sonriente. Para noviembre de 2012, el narcotraficante envió una carta a la periodista Anabel Hernández, en la que aseguraba que había estado presente en reuniones de narcos organizadas personalmente por el todavía presidente Calderón. Sobre García Luna, La Barbie escribió: “Me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada”. Un portavoz de la ahora extinta Policía Federal dijo entonces que se trataba de un intento de desacreditar los esfuerzos de las autoridades para llevarlo ante la justicia.
En 2008, Anabel Hernández aseguró en el libro Los cómplices del presidente que Calderón consintió la corrupción de García Luna y lo convirtió en uno de los hombres más influyentes de su Administración. En 2011, la periodista especializada en narcotráfico denunció que había recibido amenazas de muerte y que el entonces secretario de Seguridad había contratado a policías federales para asesinarla con la promesa de ofrecerles un ascenso. “García Luna y su equipo siguen con la orden dada de matarme”, dijo en un programa de televisión en vivo. Algunas de las acusaciones más potentes contra García Luna se destaparon en el juicio contra El Chapo en noviembre de 2018. El Rey Zambada, caído en desgracia durante la gestión de Calderón, aseguró que pagó sobornos millonarios al entonces jefe de la Policía de México para que no interfiera en las operaciones del Cartel de Sinaloa. El primero fue entregado en un maletín en un restaurante en 2005 y ascendía a tres millones de dólares. Otro osciló entre tres y cinco millones de dólares y se produjo en 2007 cuando ya era secretario de Seguridad Pública. Zambada se refería a él como el “Licenciado”. Así lo llamaban los jefes de los principales carteles, asegura. Cinco meses después de la sentencia contra El Chapo, García Luna fue detenido. Los fiscales estadounidenses afirman que ha colaborado con el Cartel de Sinaloa durante más de 20 años, desde que estaba al frente de la AFI, a cambio de “decenas de millones de dólares”. Lo acusan formalmente de tres delitos de tráfico de cocaína, uno más por delincuencia organizada y otro por falsedad de declaraciones. Pero en las audiencias previas, las autoridades han señalado también que tienen evidencias de que encabezó un “esquema corrupto de sobornos” para silenciar noticias negativas, de que amenazó y acosó a periodistas que investigaban sus crímenes, y de que intentó mandar a matar a uno de los testigos de la Fiscalía desde la cárcel. Su compañero de celda se hizo pasar como un falso sicario de la mafia rusa y las autoridades planean utilizar esa grabación para demostrar el intento de asesinato. El pasado alcanzaba al político, que negaba todas las acusaciones. Resurgían nombres como el de Anabel Hernández o El Rey Zambada. Todos, como testigos potenciales del juicio, según la propia defensa del exfuncionario que acusaba una persecución política y una “venganza”. Apenas a finales de noviembre revivió otro viejo fantasma de García Luna. Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, desapareció del registro penitenciario de EE UU, lo que alimentó todo tipo de rumores sobre la posibilidad de que devuelva el favor al exsecretario y testifique en su contra. Pero el desfile de nombres de capo no acaba ahí. El Grande, otro viejo conocido, aseguró que el “Licenciado” fue clave en una de las fugas de El Chapo y que se reunió varias veces con la “Gerencia” de Sinaloa, según Los Angeles Times. Es otro de los posibles testigos en la baraja. Nada es seguro y todo está clasificado. La lista oficial se dará a conocer un día antes de que cada uno tome el estrado. Valdés ha sostenido en múltiples ocasiones que ni él ni nadie en la Administración de Calderón sabía de su supuesta relación con el narcotráfico y que a menudo se extrapola la influencia de García Luna en ese Gobierno. “No era la cabeza del Gabinete de Seguridad, ni de lejos. Realmente, el jefe era el presidente”, afirma. También asegura que las acusaciones parecen por momentos “exageradas” y que las pruebas son “endebles”. “No meto las manos al fuego por Genaro ni por nadie”, advierte. “Pero, por ejemplo, lo que dice Zambada me parece un cuento de fábula, tres millones de dólares no caben en un maletín”, dice entre risas. “Si andas en esas cosas no aceptas que el intercambio sea en un restaurante. Vamos, es una cosa de principiantes”. Antiguos miembros de cuerpos de seguridad y miembros de ese Gobierno tienen una opinión parecida: no ven improbable que sea “corrupto”, no consideran raro que se le tache de “prepotente”, pero creen que es poco probable que estuviera envuelto con el narco. Valdés descarta por completo que se le diera trato preferencial a El Chapo. “Se combatía a todos, aunque la prioridad era desmantelar a Los Zetas, era el cartel más dañino”, asegura. El exdirector del Cisen coordinaba los golpes contra Sinaloa con Ramón Pequeño, uno de los colaboradores más cercanos de García y exjefe antidrogas de la Policía Federal, prófugo tras ser acusado por EE UU de recibir sobornos del cartel. Luis Cárdenas Palomino, mano derecha del exsecretario, fue detenido por tortura en contra de la banda de supuestos secuestradores del caso Florence Cassez. La Administración de Calderón fue posiblemente la que más ha colaborado con Washington en tareas de Seguridad. García Luna tenía una relación fluida con la DEA y Departamento de Seguridad Interior. Además de acusar una vendetta de sus antiguos enemigos, defiende que pasó todos los controles de confianza que le pusieron sus pares estadounidenses. “Durante su campaña para la presidencia de Estados Unidos, el senador John McCain se reunió con García Luna para reafirmar el apoyo del Gobierno de EE UU en la lucha contra los carteles”, se lee en los escritos de defensa. “Funcionarios como Janet Napolitano [exgobernadora de Arizona y jefa de Seguridad Nacional durante el Gobierno de Barack Obama], Robert Muller [director del FBI entre 2001 y 2013], Eric Holder [exfiscal general de Estados Unidos] y Hillary Clinton viajaron a Ciudad de México para reunirse con García Luna”, señalaron sus representantes legales. Su abogado César de Castro, un experimentado litigante, declinó una solicitud de entrevista y dijo que no hablará antes del juicio. “Si los americanos hubieran tenido indicios de corrupción, lo hubieran hecho saber al presidente o a otros miembros del Gabinete y nunca lo hicieron”, afirma Valdés. En México hay múltiples causas en su contra. En enero del año pasado, la Fiscalía General de la República lo acusó formalmente por delitos cometidos durante el fallido operativo conocido como Rápido y Furioso, que permitió la entrada de armas ilegales desde Estados Unidos para rastrear la actividad de los grupos criminales. El fracaso se zanjó se saldó con 2.500 armas perdidas en manos del Cartel de Sinaloa y otros grupos. El Chapo es otro de los acusados, junto a otros capos y exfuncionarios cuyos nombres no se conocen.
A menos de dos semanas del inicio del juicio, los caminos de García Luna y el Cartel de Sinaloa se han vuelto a cruzar. Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, fue detenido en un operativo que prendió fuego a Culiacán, la capital de Sinaloa, a unos días de la llegada de Joe Biden a México, en la primera visita de un presidente estadounidense en casi 10 años. Mientras corren las suposiciones de una posible extradición de otro miembro de la familia Guzmán, en estos días 400 candidatos al jurado llenaron cuestionarios para ver si serán parte del juicio contra el exsecretario. “¿Han podido probar las autoridades más allá de una duda razonable que la ofensa involucró cinco kilos o más de cocaína?”. Esa es la pregunta que tendrán que responder los 12 miembros anónimos del jurado al concluir el juicio y que despejará, a su vez, un mar de dudas fuera de la corte. De ser hallado culpable, García Luna enfrentará una condena de entre 10 años y cadena perpetua. SOBRE LA FIRMA |
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