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MARRAKECH, Marruecos, 10 de diciembre de 2018.- El Pacto Mundial para la Migración de Naciones Unidas fue aprobado formalmente este lunes aquí en una conferencia intergubernamental que reunió a casi 160 países, a pesar de las críticas de nacionalistas y partidarios del cierre de fronteras. Varios países centroamericanos, entre ellos México y Guatemala, saludaron por su parte un "acuerdo histórico". En el mundo hay alrededor de 258 millones de personas en movilidad y migrantes, esto es, 3,4% de la población mundial.
México, Guatemala, El Salvador y Honduras hablaron por su parte de un "acuerdo histórico" y destacaron su nuevo "plan de desarrollo" regional, destinado a frenar la emigración desde América Central, mientras miles de migrantes se congregan en la frontera con Estados Unidos.
México prevé 35.000 millones de dólares de inversiones en este plan, "la primera y más importante aplicación del pacto", declaró Marcelo Ebrard, canciller mexicano, en rueda de prensa junto a sus tres homólogos.
Estados Unidos, que se había retirado de la elaboración del texto en diciembre de 2017, al considerarlo contrario a la política de inmigración del presidente Donald Trump, lanzó un nuevo ataque el viernes.
"Las decisiones sobre la seguridad de las fronteras, sobre a quién se le permite residir legalmente u obtener la ciudadanía, son algunas de las decisiones soberanas más importantes que puede tomar un país", remarcó la misión diplomática estadounidense ante la ONU en un comunicado.
Aunque no se publicó una lista oficial, cerca de 160 de los 193 países representados en la ONU habían confirmado su presencia en Marrakech, un centenar de ellos con sus jefes de Estado, de gobierno o ministros.
El pacto, no vinculante, recoge principios (defensa de los derechos humanos, de los niños, reconocimiento de la soberanía nacional) y enumera propuestas para ayudar a los países a enfrentar las migraciones, como el intercambio de información y de experiencia o la integración de los migrantes.
Los activistas de los derechos humanos consideran que el acuerdo no llega suficientemente lejos en materia de ayuda humanitaria, servicios básicos y derechos laborales de los migrantes. Sus detractores lo consideran una incitación a los flujos migratorios incontrolados.
También prohíbe las detenciones arbitrarias y solo autoriza los arrestos como medida de último recurso.
Hasta ahora, nueve países se retiraron del proceso, tras haber aprobado el texto el 13 de julio en Nueva York: Austria, Australia, Chile, República Checa, República Dominicana, Hungría, Letonia, Polonia y Eslovaquia. Otros seis quisieron tener más consultas internas: Bélgica, Bulgaria, Estonia, Italia, Eslovenia y Suiza, según Louise Arbour.
Brasil por su parte se retirará luego que asuma el 1 de enero el presidente electo Jair Bolsonaro, según anunció su futuro canciller.
El sábado se registraron en Ottawa altercados entre grupos proinmigración y militantes de derecha opuestos a la adhesión al pacto. Pero el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, prevé firmarlo: "Acoger a la gente venida del mundo entero gracias a un sistema de inmigración riguroso es lo que convierte a Canadá en un país fuerte", dijo.
La canciller alemana, Angela Merkel, también favorable al texto, estaba presente en Marruecos, igual que los jefes de gobierno de España, Pedro Sánchez, Grecia, Alexis Tsipras o el belga Charles Michel.
En un discurso muy aplaudido, Merkel hizo un alegato a favor del multilateralismo y recordó la historia de su país, marcada por el nazismo.
"La respuesta al nacionalismo puro fue la fundación de Naciones Unidas y el compromiso de encontrar juntos respuestas a nuestros problemas comunes", dijo.
Por su parte Pedro Sánchez aseguró que el texto permitirá "alimentar los efectos positivos de la migración y combatir sus impactos negativos".
La decisión del primer ministro belga, Chales Michel, de viajar a Marruecos, hizo explotar su coalición gubernamental con los nacionalistas flamencos del N-VA, tras varios días de tensión.
Este partido antiinmigración celebró el sábado un encuentro en Bruselas con Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa; y Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, para denunciar el pacto, criticado por populistas de toda la UE a unos meses de las elecciones europeas, en mayo. |
