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CARTA ABIERTA

La detención de cuatro luchadores sociales de Huitzizilapan, pueblo indígena otomí, es un ataque contra nuestra comunidad, orquestado por el Ayuntamiento de Lerma y la Fiscalía General del Estado de México, quienes pretenden desorganizarnos para permitir el avance al crimen organizado y así, facilitar el acceso a proyectos extractivistas hacia nuestro territorio.

A los medios de comunicación

A todos los pueblos indígenas que han acompañado nuestra defensa

A las organizaciones y colectivos de México y el mundo

A las y los trabajadores y los pueblos

Huitzizilapan es un pueblo indígena Otomí, ubicado en el Bosque de Agua entre el valle de Toluca y la Ciudad de México, que ha resguardado sus bosques y sus tierras durante toda su existencia. La base de la forma de vida es organizarse colectivamente para tener donde vivir, agua que tomar y tierra para trabajar. Para lograr esta armonía entre los bosques, la vida y la gente, ha sido necesaria la defensa de nuestro territorio espiritual y físico, territorio que han querido saquear por parte de intereses económicos y políticos.

Así lo hicieron al imponernos el paso de la autopista Toluca-Naucalpan y quitarnos un pedazo territorio fragmentando también pueblos vecinos sin que el proyecto tuviera algún beneficio a nuestras comunidades. Después, estos mismos intereses, quisieron cambiar la forma de propiedad comunal de nuestras tierras y la forma en que administramos nuestros espacios comunitarios, como escuelas, panteones y delegaciones, sin embargo, hemos resistido.

En estos actos de despojo, las autoridades estatales llegaron al punto de enviarnos cientos de granaderos en el 2014, porque así pretendían tomar una decisión a puerta cerrada, donde el pueblo no fuera tomado en cuenta, pero nos movilizamos y no lo permitimos. Por eso nos han señalado, por resistir y mantenernos unidos y organizados ante los intereses externos.

Sumado a los actos de despojo, un nuevo fenómeno ha venido creciendo, fomentado y solapado por las autoridades municipales: la presencia de la delincuencia y el crimen organizado, que busca fracturar y desmovilizar nuestra organización y defensa del pueblo.

Las denuncias por estos hechos han sido incontables y sin respuesta alguna; los ladrones que se han insertado al interior de la comunidad con el cobijo de las autoridades oficiales, roban los carros y animales, se meten a las casas, a los talleres de oficios y saquean el esfuerzo del trabajo; salir de casa ya es imposible, se tiran balazos, ingresan vehículos de fuera y se tiran cuerpos; así, la tranquilidad ha sido arrebatada. La mayoría de los habitantes han sido víctimas de esta delincuencia sin que exista respuesta de las autoridades, que en todas las campañas han prometido seguridad y nunca han cumplido. La policía municipal tiene escasa presencia y cuando lo hace es para disfrazar la situación y recibir su respectiva cuota.

Todo esto, ocurriendo de manera exponencial y haciendo un notable caso omiso de nuestras exigencias de seguridad durante el periodo de gobierno municipal de Miguel Ángel Ramírez Ponce y del gobierno estatal de Alfredo del Mazo Maza.

Ahora, de manera sorpresiva han sido detenidos desde el pasado 28 de septiembre cuatro compañeros de la comunidad, acusándolos sin pruebas, de un hecho que fue responsabilidad del gobierno municipal y estatal al no garantizarseguridad a la población y no dar soluciones a las tantas denuncias por robos y violencias ejercidas dentro de la comunidad. Tantas veces se solicitó la intervención para que cesaran los actos delictivos y agravios a nuestra población.

Estas detenciones arbitrarias, son un acto claramente dirigido de manera selectiva hacia figuras visibles de la organización social de Huitzizilapan. Y es que, la madrugada de ese jueves, con un fuerte despliegue policial fueron cateadas las casas de los compañeros y se los llevaron, provocando miedo y golpeando a sus esposas e hijos. Posteriormente, en las audiencias les ha sido dictado vinculación a proceso.

Desde la Montaña, señalamos que esta es una intimidación a nuestra comunidad, porque les da miedo nuestra unión y quieren culparnos de algo que es responsabilidad del municipio, del gobierno estatal y federal, así como del sistema de justicia que tantas veces nos negó a investigar los delitos cometidos contra cada persona integrante del pueblo.

Por todo lo anterior, llamamos a la más amplia solidaridad con nuestro pueblo y a los distintos niveles de gobierno les demandamos de manera inmediata:

-Libertad incondicional a los presos políticos de Huitzizilapan Marco Antonio Salinas, Ramón Roldan González, Guillermo Moreno Díaz y Elías Moreno Basilio

-Exigimos la cancelación de todas las ordenes de aprensión que existen hacia demás personas integrantes de nuestra comunidad por este caso.

-Exigimos se investigue y se sancione a las autoridades municipales, estatales y judiciales que resulten estar vinculadas al crimen organizado.

-Reclamamos la implementación de una mesa de seguridad con los distintos niveles de gobierno, en la que se trabaje un sistema de seguridad comunitario, en el que nuestros usos y costumbres se pongan al centro.

-Desde este momento hacemos responsable al gobierno Municipal, encabezado por Miguel Ángel Ramírez Ponce, al gobierno del Estado de México encabezado por ahora la Mtra. Delfina Gómez Álvarez y al sistema judicial del Estado de México de cualquier ataque, acusación o daño que pueda ocurrirle a cualquier integrante de nuestra comunidad.

De nuestra parte, como comunidad iniciaremos una jornada de movilización ininterrumpida hasta que nuestra voz y demandas sean escuchadas.

¡Libertad, libertad, al vecino por luchar!
No se juzga al inocente por su pueblo resguardar.

Defender a nuestro pueblo no es delito.

CONGRESO NACIONAL INDIGENA.

29/10/2023

Pronunciamiento del Espacio de Coordinación Nacional ¡Alto a la Guerra contra los pueblos zapatistas!
               
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al Congreso Nacional Indígena

A los pueblos de México y el mundo,

A las personas, colectividades y pueblos que defienden la Vida

El 12 de octubre de 1492 una nueva historia comenzó a escribirse: la Historia de la Dignidad Indígena. La fuerza y determinación de los pueblos originarios, aquella cultivada por más de 531 años, adquiere hoy nuevos sentidos: la resistencia anticolonial de los más primeros, la defensa de sus territorios y modos de habitar el mundo, son fuente de conocimiento e inspiración en la lucha contra el capitalismo depredador y ecocida.

En toda América, la historia de las luchas por la libertad y la justicia están marcadas por las resistencias de los pueblos indígenas. En México, resistieron a la guerra de conquista, fortalecieron a los ejércitos populares en la guerra de Independencia, lucharon contra el imperialismo norteamericano y sus intentos expansionistas, fueron parte de la resistencia contra el imperio francés, contra la dictadura porfirista y tuvieron un papel fundamental en la guerra de Revolución en los ejércitos encabezados por Villa y Zapata. Durante el régimen priísta, los pueblos originarios nutrieron a los ejércitos populares y de liberación nacional. Con el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 1 de enero de 1994, y la formación del Congreso Nacional Indígena, el 12 de octubre de 1996, los pueblos indígenas pasaron a la ofensiva contra la integración neoliberal y su acelerado despojo. Y como en el pasado, los pueblos indígenas resisten hoy al neodesarrollismo que intenta disfrazar el despojo de bienestar.

En los espejos de la realidad de la guerra que enfrentan quienes ancestralmente cuidan y defienden la madre tierra frente al despojo y la explotación capitalista y patriarcal; en los espejos del desprecio por sostener la dignidad de existir siendo quiénes son contra los intentos coloniales de exterminio; en los espejos de la persecución política, la desaparición, la cárcel y el asesinato por luchar, organizarse, resistir y cuidar la Vida. En esos espejos se refleja la guerra capitalista contra la naturaleza y la Vida, una guerra que hoy llena de sangre todo el territorio nacional y mundial.

La dimensión histórica del desafío de los pueblos zapatistas y del Congreso Nacional Indígena puede apreciarse en el sentido mismo de la Acción Global que estos días se realiza en más de 50 lugares del mundo: hacer frente a la guerra contra los pueblos de México y del Mundo. Exigir alto a la guerra contra las comunidades zapatistas y los pueblos del CNI. Luchar y organizarnos contra el avance de la militarización en México. Organizarnos para detener el avance y apertura de megaproyectos como el mal llamado Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos, o el Corredor Transístmico. Defender el agua, la diversidad, la comunidad, la tierra, la vida digna.

A unos meses de que un sexenio más de mal gobierno termine, ante las múltiples evidencias de que mientras la hidra capitalista sea quien gobierne detrás de cualquier color, cualquier partido, el llamado de los pueblos marca un rumbo y un destino de dignidad. La guerra en México es una guerra contra la vida. Sus actores son los grupos del crimen organizado, los cuerpos represivos del Estado, formales e informales, la clase política en su conjunto, el Estado y sus instituciones que viven de la corrupción. Un Narco Estado Capitalista, como dicen CNI.

Y es que, aunque arriba pretenden ocultarla, abajo los pueblos vivimos cotidianamente esa guerra. Y para muestra de la brutalidad contra los pueblos originarios, un dato que apenas dimensiona el horror: en lo que va del actual sexenio, de este que prometió transformación, 50 compañeros y compañeras pertenecientes a organizaciones y pueblos vinculados al Congreso Nacional Indígena han sido asesinados y otras 6 personas se encuentran desaparecidas. Esto en los casos que tenemos denuncias y se han confirmado. A estos dolores, hay que sumar la prisión política, tortura, secuestros, desplazamientos forzados, amenazas, difamaciones mediáticas contra personas defensoras del territorio.

Frente al silencio cómplice de arriba, abajo el grito que denuncia y transforma:

La guerra en México se llama despojo de tierras y territorios.

En México se llama desaparición de selvas, bosques, especies de animales.

La guerra en México se llama Tren Maya, Corredor Interoceánico, Proyecto Integral Morelos , Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

La guerra en México se llama Sembrando Vida.

La guerra en México se llama 10 mujeres asesinadas cada día.

La guerra en México se llama más de 100 mil personas desaparecidas.

Se llama toque de queda, pueblos devastados, campos de cultivo convertidos en fosas clandestinas.

Se llama persecución política, prisión, asesinato, violación, tortura.

 Por más que intenten convencernos quienes despachan en las oficinas de gobierno, con sus televisiones a todo volumen para escuchar una y otra vez sus matutinas mentiras hasta confundirlas con la realidad; por más que intenten hacernos creer que “son distintos”, que “son la esperanza”, que “habrá soluciones”, abajo la crudeza de la guerra no deja lugar a dudas. Lo que pudiera ser un entramado invisible de relaciones y complicidades entre Estado- Crimen Organizado- Capital se revela con nombres y apellidos; historias concretas y repetidas que engrosan todos los burós de credibilidad política: manos, oídos, bocas, corazones ensangrentados.

La guerra en México no empezó en este sexenio, es verdad, pero también es verdad que ésta ha continuado, se ha expandido y peor todavía, se ha garantizado impunidad para los crímenes de ayer que nos siguen lastimando hoy.

 Ayotzinapa lo sabe. No ha llegado la verdad y la justicia. Y no dejaremos de luchar junto a las familias.

El SME lo sabe. No hay solución a sus demandas, sólo promesas. Y desde aquí les abrazamos.

La Asamblea Nacional del Agua lo sabe. No habrá agua para beber y regar la tierra, sino para extraer minerales y hacer cervezas.

Ya en el 2017 los pueblos del CNI nos convocaban a “desmontar el poder de arriba y reconstituirnos ya no sólo como pueblos, sino como país, desde abajo y a izquierda, a sumarnos en una sola organización en la que la dignidad sea nuestra palabra última y nuestra acción primera. Los llamamos a organizarnos y parar esta guerra, a no tener miedo a construirnos y sembrarnos sobre las ruinas dejadas por el capitalismo.”

 La transformación real en México vendrá desde abajo. Desde sus pueblos y comunidades organizadas. Desde los pueblos originarios y las madres buscadoras. Desde las mujeres que luchan y el pueblo trabajador en el campo y la ciudad.

Porque en México la dignidad se llama Congreso Nacional Indígena y Concejo Indígena de Gobierno.

La dignidad se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

La dignidad se llama Comunidades Autónomas Zapatistas

Se llama “Europa Insumisa”

La dignidad se llama Palestina.

La dignidad se llama y se organiza en cada colonia, barrio, pueblo, ciudad, país que resiste, a como dé lugar, los avances de esta guerra contra los pueblos, contra la humanidad, contra la Vida.

  Aprendiendo de los pasos de los pueblos indígenas vamos caminando.

Nos llamamos, compañeras, compañeres, compañeros.

A construirnos y a sembrarnos sobre las ruinas dejadas por el capitalismo.

Desde la autonomía, la autodeterminación, el mandar obedeciendo y la defensa de la Vida, es tiempo de parar esta guerra.

¡Alto a la guerra contra los pueblos de México y del Mundo!

¡Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas!

¡Alto a la guerra hacia los pueblos originarios de México!

¡Viva la Vida que la resistencia crea!

SE ENCADEDNA AL JUZGADO. DENUNCIA IRREGULARIDADES EN SU JUICIO

El día de ayer me ENCADENÉ A LAS PUERTAS DEL JUZGADO CUARTO DE PARTIDO CIVIL para denunciar las irregularidades y simulaciones que constituyen un fraude procesal dentro del juicio por el que han despojado a mi madre, al menos en la esfera jurídica de su propiedad, esto ante la permisividad de jueces y fiscales que conocen el tema tanto en León como en San Luis Potosí y que responden a intereses de especuladores inmobiliarios que se hicieron millonarios a partir del FOBAPROA. Agradezco a las personas que decidan compartir esta información.

Hemos decidido realizar esta protesta pacífica toda vez que hemos agotado las vías institucionales posibles, sin que a la fecha podamos encontrar acceso a la justicia. Hacer pública la forma en que abogados, jueces y ministerios públicos han tejido el fraude procesal, del que somos víctimas es el resultado de más de siete años de una lucha legal que se ha ventilado en juzgados y fiscalías de San Luis Potosí y León, Gto. y en la que hemos padecido omisión, negligencia y encubrimiento por parte de jueces y fiscales:

En 1997 mis padres adquirieron un crédito con BANCRECER, tras la crisis, recuperación y saneamiento bancario el gobierno liberó la cartera vencida, abriendo la puerta a especuladores que han despojado de sus propiedades en juicios irregulares, igual que el que denuncio, a muchísimas personas. El abogado JORGE LÓPEZ ENRIQUEZ cesionario del crédito hipotecario que nos ocupa, demandó en Matehuala, S.L.P., la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES de mi difunto padre, dicho juicio estuvo plagado de irregularidades, simulaciones y fue la base del fraude procesal en el juicio mercantil que se ventila en este JUZGADO CUARTO DE PARTIDO CIVIL, de dichas faltas al debido proceso resaltan:

La falta de emplazamiento de la demanda a la sucesión;

La falta de interventor en el juicio.

La omisión de Notificar a la BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO de haber sido declarada HEREDERA UNIVERSAL DE LOS BIENES de mi difunto padre.

La petición del promovente de designar al Ministerio Público Adscrito al Juzgado ALBACEA JUDICIAL DE LA BENEFICENCIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

La disposición de los tres jueces que conocieron el juicio intestamentario para designar ALBACEA JUDICIAL a diversos agentes del Ministerio Público, incluso después de que una de las agentes del Ministerio Público rechazó el cargo por encontrarse IMPEDIDA POR LEY para hacerlo, según el artículo El Artículo 619 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí: “El Ministerio Público podrá representar a la BENEFICENCIA PUBLICA, únicamente hasta antes de la Declaratoria de Herederos.” También se encuentran los Artículos 132 y 133 de La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, que prohíbe expresamente a los Agentes del Ministerio Público, aceptar cargo de ALBACEA, tutor o curador, a menos que se trate de un asunto familiar.

Con la designación del cargo de albacea judicial, JORGE LÓPEZ ENRÍQUEZ a través de su apoderado legal CARLOS VALLE PIÑA, presentaron demanda mercantil contra mi madre y la BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ a través del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO DE MATEHUALA en su carácter de ALBACEA JUDICIAL.

Entablada dicha demanda, el JUEZ CUARTO DE PARTIDO CIVIL, GABRIEL MORALES DIAZ también ha violado nuestro derecho humano al debido proceso, en diferentes momentos:

Emplazando de la demanda a una agente del ministerio público, quien no sólo no desempeñaba el cargo de albacea de la BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO, sino que había rechazado expresamente el cargo por escrito, por encontrarse impedida por ley para hacerlo. Cabe mencionar el Artículo 257 de la Ley procesal Civil, que regula los efectos de emplazamiento a un demandado, se desprende que la MAS GRAVE, de las violaciones procesales es la de DEFECTOS EN EL EMPLAZAMIENTO. Ya que del precepto legal señalado se advierte que el fin específico de la DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO, es dar a conocer al Demandado el Juicio entablado en su contra y prevenirlo para que produzca contestación a la demanda.

Posteriormente se entiende la DILIGENCIA DE EMBARGO con agente del Ministerio Público Adscrito, distinto y extraño a ambos juicios, quien, sin haber protestado ni discernido el cargo, señala la propiedad en comento para cubrir el pago de la demanda.

Al tener conocimiento la representante legal de la BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ debido a un juicio de Nulidad promovido por mí, interviene en el juicio mercantil para señalarle al juez que nunca fue notificada de la declaratoria de herederos, que los ministerios públicos no están facultados para representarla pues la beneficencia pública cuenta con personalidad jurídica propia y le solicita retrotraer el juicio hasta el momento en que no fue notificada, sin embargo, el Juez Cuarto de Partido le niega la solicitud y continua el juicio, sabedor que ha entendido el juicio con personas ajenas y sin personalidad jurídica para intervenir en ninguna diligencia.

Subsiguientemente la legítima sucesión intervenimos en el juicio para señalarle al juez la simulación fraguada por los abogados promoventes y para hacer de su conocimiento que existía un juicio sucesorio en el que un juez nos había declarado herederas y había otorgado medidas de protección sobre la propiedad, a lo que nuevamente el Juez Cuarto de Partido Civil omitió reconocer la falta de sustanciación de la personalidad jurídica de las personas con las que había entendido el emplazamiento de la demanda y las diligencia de embargo y llevó a cabo el remate, apenas reconociéndonos personalidad como acreedoras en el juicio.

EL FRAUDE PROCESAL, SE EJECUTA, en el momento en que el BIEN JURIDICO TUTELADO, es decir la propiedad en litigio, es retirado de la ESFERA JURIDICA DE LA VÍCTIMA, y puesto “legalmente” a favor de la parte Actora, basado en actos ilícitos y violaciones procesales.

Toda vez que el JUEZ CUARTO DE PARTIDO nos negó en todo momento el derecho a defendernos dentro del juicio mercantil, se denunciaron los hechos como delito de FRAUDE PROCESAL, en Octubre de 2019, ante FISCALIA REGIONAL A, en León, Guanajuato, presentando copias certificadas de las pruebas, meses después al preguntar por el avance de la investigación, se nos informó de que todos los documentos certificados que se entregaron para la integración de la carpeta habían sido EXTRAVIADOS y que se tenían que volver a presentar, lo cual se hizo. Ante esta carpeta de investigación, también compareció la representante legal de la BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ para denunciar los hechos que le atañen, reuniendo las pruebas y testimonios suficientes por parte de la víctima, aun así la investigación demoró más de dos años, hasta que por orden de un juez de control se le ordenó a la fiscal el plazo de 15 días para que la carpeta fuera judicializada.

Sin embargo las omisiones por parte de la JUEZ que conoce este JUICIO PENAL han continuado, pues, se ha negado presentar con la fuerza pública a dos imputados que se han negado a presentarse a las diversas audiencias, negándose a encontrar el evidente delito y a vincular a proceso a ningún imputado, confiados por la decisión de no vinculación a proceso, CARLOS VALLE PIÑA, JORGE LÓPEZ ENRIQUEZ Y MANUEL NAVA MUÑÍZ promovieron la ADJUDICACIÓN DE LA PROPIEDAD y posteriormente, la ORDEN DE DESALOJO siendo conocedores (al estar impuestos de la carpeta por ser imputados) de que existen MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE LA FISCALÍA EMITIÓ RESPECTO A LA PROPIEDAD EN CUESTIÓN desde el mes de mayo de 2022. Esta violación a las medidas ya ha sido denunciada y de esta acción se desprende el despido de la titular del REGISTRO PÚBLICO DE MATEHUALA, así como del analista/jurídico que adjudicó la propiedad a pesar de encontrarse con MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO VIGENTES además de no cumplir con los requisitos como lo son los de aviso preventivo. No omito señalar, que a pesar de que tanto la Fiscalía de León, Gto, como el Instituto Registral y Catastral de San Luis Potosí le han informado al JUEZ CUARTO DE PARTIDO CIVIL que las medidas de aseguramiento se encuentran vigentes, este se ha negado a suspender la orden de DESALOJO que envió mediante exhorto al JUEZ CIVIL DE MATEHUALA.

Por lo anteriormente expuesto, decidimos iniciar esta protesta pacífica, y de no tener respuesta iniciaremos en su momento una huelga de hambre, hasta encontrar un acercamiento con el Consejo de la Judicatura para que revise el caso y le solicite al JUEZ CUARTO DE PARTIDO respete las medidas de aseguramiento y cese las violaciones a los derechos humanos al debido proceso que ha efectuado en contra de la legítima sucesión y en su momento se solicite la recusación del JUEZ CUARTO DE PARTIDO CIVIL del caso.

También es importante señalar, que a más de un mes de conocer la fiscalía que los imputados de este expediente violaron las medidas de aseguramiento que la misma FISCALIA REGIONAL A emitió, han omitido realizar ninguna acción en contra de los imputados.

De la adjudicación de la propiedad se desprende que es un acto con apariencia de corrupción, pues al ser el REGISTRO PUBLICO una institución que vela por la certeza jurídica en el tráfico inmobiliario, a la fecha no se ha esclarecido qué documentos entregaron los promoventes para que el NOTARIO 110 accediera a darle trámite al instrumento notarial que hace constar que VICTOR MANUEL NAVA MUÑÍZ es el nuevo propietario.

Quiero aclarar que NUNCA, hubo una negativa de pago por parte de mi madre, que la cesión de derechos que ellos compraron tuvo un costo de 120,000.00 ciento veinte mil pesos, y que nos solicitaron el pago de 1´147,000.00 un millón ciento cuarenta y siete mil pesos, que al conocer la demanda, mi madre le ofreció ochocientos mil pesos a JORGE LÓPEZ ENRÍQUEZ quien le ofreció tomar los ochocientos mil pesos, firmar un contrato de compraventa en al que le otorgaría el plazo de 3 años para liquidar el resto de la cantidad fijada CON LA CONDICIÓN DE NO CONTESTAR LA DEMANDA, estando a punto de firmar el contrato de compraventa en la notaría, mi madre le preguntó al notario si firmando el contrato ya no necesitaba contestar la demanda, a lo que el notario al enterarse de la situación conminó a mi madre a contestar la demanda y después firmar el contrato de compraventa, ahora sabemos que JORGE LÓPEZ ENRÍQUEZ no tenía en ese momento la adjudicación de la propiedad por lo que necesitaba primero vencernos en juicio para estar posibilitado para realizar la COMPRAVENTA, después de esa situación sólo encontramos negativas a la negociación para el pago, en ese sentido es importante señalar que nosotras buscamos al juez para mediar una negociación con la contraparte y el consejo del JUEZ fue “entreguen la casa, señora, como quiera se la van a quitar”. Posterior a la sentencia en la que nos condenaron al pago de 1´750,000.00 un millón setecientos cincuenta mil pesos, JORGE LÓPEZ ENRÍQUEZ vendió la cesión de derechos nuevamente por 120,000.00 ciento veinte mil pesos a VICTOR MANUEL NAVA MUÑÍZ con quien nos comunicamos para hacerle saber que le habían vendido un problema pues ya existía una carpeta de investigación y que queríamos llegar a una negociación, dicha persona respondió que él se había querido ganar unos pesos pero que podíamos llegar a una negociación para posteriormente cortar toda comunicación con nosotras como interesadas.

Finalmente es importante resaltar que, la propiedad de mi madre, patrimonio de una vida, no mide más de 150 metros cuadrados, y que el interés que ha movido a tantos funcionarios a actuar con poca probidad no es el costo económico de la propiedad, sino que habría que buscar el rastro del tráfico de influencias movidas por los especuladores inmobiliarios para encontrar respuestas ¿Quién es Carlos Valle Piña? ¿Para quién trabaja? ¿Por qué los jueces son solícitos a sus peticiones? ¿Por qué la Juez de la causa penal ha permitido que no se presente a ninguna audiencia? Son preguntas que quedan por responder…

Andrea Hernández