La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes.
Charles Bukowski

Por Octaviano Lozano Tinoco

Este 5 de abril inician las campañas electorales para que 83 millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral puedan sufragar el 7 de junio y elegir  a los 500 diputados federales; en 17 entidades se renovarán nueve gubernaturas, más de seiscientas diputaciones locales y prácticamente mil ayuntamientos.

Sin embargo, ante el descrédito de la política y el sistema electoral mexicano, que desde 1988 viene manchado los comicios, permea entre la sociedad la duda de votar  o no votar.

Incluso el sistema corrupto mexicano ya puso un juego amistoso de futbol entre México y Brasil, en territorio carioca, prueba de que ya sufragó para que la gente no asista a las urnas, y lo pone como un obstáculo más del proceso.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por el poeta Javier Sicilia, afirma que ante el aumento del 300 por ciento de asesinatos en el país, la ciudadanía no puede ir a votar en el proceso electoral, porque sería avalar de nuevo a otras administraciones de representantes políticos que van a permitir la próxima masacre.

Dijo que el horror que viven los mexicanos en todo el país y en casi todas las entidades gobernadas por PAN, PRI o PRD, los partidos han permitido ir de una masacre a otra, sin que ninguna autoridad haga algo por detener los asesinatos cometidos en su mayoría contra jóvenes.

En cambio el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, señala que los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Acción Nacional (PAN) son los beneficiados con el abstencionismo.

"Están equivocados (quienes llaman a no votar), con todo respeto, porque si no se vota o se anula el voto se le hace el juego a la mafia del poder, se le ayuda a la mafia del poder. (Se benefician) Al PRI y al PAN, al PRIAN y al Verde", señaló.

Indicó que con el abstencionismo, dichos institutos políticos hacen uso de la compra de votos para imponerse.

Asimismo, explicó que parte de esa estrategia es el partido de futbol que jugarán México y Brasil el 7 de junio, el día de los comicios.

"(Es) para que la gente no vaya a votar. Por ello, si no sale la gente a votar, con lo que compran de votos les alcanza para imponerse. Entonces, ¡no! Hay que votar, hay que participar en las elecciones", señaló.

Ante el dilema de votar o no hacerlo se avanza en el proceso electoral, pero no es cuestión de confianza o tener fe; porque los mexicanos estamos cansados de que nos den atole con el dedo y ver como el proceso se ensucia y al final gana quien no debió hacerlo.

Si el turbio proceso de 1988 cuando por medio de un fraude electoral se le dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari del PRI y no a Cuauhtémoc Cárdenas, de la coalición de izquierdas que se había separado del priísmo, en este momento otro gallo nos cantaría; porque la gente confiaría sin dudar en el voto.

Sin embargo, no es así y el pueblo no desconfía que votando México pueda cambiar y enrumbarse como una nación verdaderamente democrática, soberana y con desarrollo social.

Hoy en día existe la esclavitud en el sentido social, físico, moral e intelectual.
 
Karl Marx
 

Por Octaviano Lozano Tinoco

Como si el tiempo no pasara y se detuviera, el periodismo denuncia de John Kenneth Turner sale a flote nuevamente de su libro “México Bárbaro” que retrató el trabajo esclavista de los indios en Yucatán, durante la dictadura porfirista, para ser otra vez sangre explotada con lo que todo mundo sabe y calla: la agricultura de exportación de México se hace con trabajo esclavo.

En 17 estados del país se registra explotación de jornaleros migrantes y locales; los jornaleros del campo en México son de los más pobres entre los pobres y explotados entre los explotados. “Ninguna convención o tratado internacional que ha firmado el país, ha sido indicador de un cambio en las condiciones de vida de los campesinos, quienes siguen manteniendo las mismas condiciones de la Revolución: tiendas de rayas, alimentación precaria, hacinamiento, falta de escuelas en los campos, horas extra sin pago y un maltrato constante de parte de los capataces”, informa la Organización Nacional Campesina (ONAC).

Asimismo, el diario Reforma publicó el 21 de marzo pasado, que en los campos agrícolas de México prevalecen condiciones laborales de una virtual esclavitud, alertan organizaciones civiles. En Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, se registra explotación de jornaleros migrantes y locales.

Yil Felipe, coordinadora de programas de Save The Children, consideró particularmente preocupante la situación de los migrantes indígenas que se trasladan de la Sierra Tarahumara, Michoacán, Nayarit, Guerrero y Oaxaca a los campos de caña de azúcar, papa, tabaco y jitomate, entre otros cultivos, de Sinaloa.

Quienes, afirma, “son sacados de sus comunidades, por un intermediario entre el productor y los jornaleros conocido como ‘camionero’, ‘cabo’ o ‘enganchador’, quien les ofrece trabajo y traslado gratuito a los campos agrícolas y así es como se desarrolla la explotación”.

Y explica que “al llegar a la entidad, el intermediario es responsable de brindarles casa, alimento, servicios básicos y de pagarles su salario. Si el productor paga 20 pesos por costal de papa, o 30 pesos por tonelada de caña, el dinero llega al intermediario, y este personaje se queda con una parte importante y al jornalero le llega solamente 40 por ciento de lo que está pagando el productor”.

Las jornadas de estos trabajadores son entre 8 y 12 horas, luchando contra los efectos del contacto sin protección con fertilizantes, fungicidas y pesticidas, que dañan su piel, ojos y pulmones, esto sin recibir una debida atención médica. En el caso de las mujeres, tienen que soportar el acoso de sus superiores, ganando 120 pesos diarios.

 Según organizaciones no gubernamentales, una de las entidades donde se presume un alto índice de ‘esclavitud’ de trabajadores es Baja California, en donde la industria agrícola se encuentra en manos de 12 empresas que llevan explotando algunos de los campos de cultivo más extensos de México desde hace más de 4 décadas. Algunos de estos ranchos son propiedad de funcionarios estatales o sus dueños tienen vínculos directos con éstos.

En los años 90 se contabilizaron más de 50 mil trabajadores llegados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, principalmente, en la actualidad no superan los 30 mil, esto provocado por la situación laboral, que ha sido calificada como de ‘extrema gravedad’, debido a la esclavitud padecida por los trabajadores, que con frecuencia o abandonan el lugar de trabajo u organizan huelgas, pese a la estabilidad de la actividad industrial.

En días pasados la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) rescató a más 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación e infrahumanas en Comondú, Baja California Sur, la dependencia detalló que los trabajadores (hombres, mujeres y niños), fueron reclutados en Creel, Chihuahua, por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola y trasladados con engaños para trabajar en Comondú, en condiciones ilegales, insalubres y de miseria salarial. Abundando que los indígenas trabajaban en la cosecha de papa por lo que recibían sólo 200 pesos semanales, como préstamo con la promesa de que al final recibirían el pago íntegro de su salario.

En Sinaloa, los trabajadores de las zonas agrícolas, también padecen maltrato casi feudal, quienes huyen de la pobreza y violencia de sus comunidades, padeciéndola con frecuencia mujeres indígenas, que en aras de independizarse económicamente y cambiar la situación de maltratos, carencias y falta de oportunidades en la que vivían, encontraron esclavitud, según un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Villa Juárez, Sinaloa.

Según Amnistía Internacional, existe una invisibilización deliberada de los jornaleros que descansa en la comisión en estadísticas oficiales; exclusión en las políticas públicas educativas, laborales y de desarrollo social; al mismo tiempo se da el ocultamiento de las agroempresas de la utilización de trabajo infantil; limitada producción de conocimiento en las instituciones de investigación; escasez de organizaciones no gubernamentales trabajando efectivamente en el tema, e indiferencia de la sociedad.

Toda esa porquería salió nuevamente a la luz, con la reciente protesta de labriegos en el Valle  de San Quintín, Baja California, que derivó en un enfrentamiento cuando grupos de manifestantes bloquearon momentáneamente la carretera Transpeninsular, la principal vialidad del estado de Baja California, y las autoridades (policías estatales, federales y miembros del Ejército Mexicano) intervinieron para desalojarlos.

Los manifestantes quemaron llantas en vías públicas, rompieron cristales de negocios, bloquearon la carretera con piedras y arrojaron objetos a policías y militares, según las autoridades.

La mayoría migrantes de Oaxaca, Guerrero y Sinaloa, de acuerdo a censos oficiales. Hay aproximadamente 50 mil jornaleros que trabajan en 60 ranchos de siembra de verduras y frutas, una docena de las cuales abastecen a las principales cadenas de restaurantes y tiendas de Estados Unidos.

Fermín Salazar, vocero de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, que agrupa a las organizaciones indígenas que están encabezando las protestas, dijo que desde diciembre pasado habían tratado de dialogar con el gobierno y los representantes de los ranchos agrícolas, los sindicatos CTM - CROC y de Seguridad Social para lograr una solución “a las múltiples violaciones a los derechos laborales y humanos por parte de los empleadores”, pero ningún representante se había sentado con ellos. Lo hicieron solo después de las protestas de esta semana.

 En un comunicado, la Alianza Justicia Social denunció que los ranchos agrícolas incurren en discriminación, acoso y violencia, que impiden la libertad de asociación e imponen un régimen de trabajo forzado, dando determinado tiempo para completar una cantidad específica de surcos.

Hoy en día existe la esclavitud en el sentido social, físico, moral e intelectual.
 
Karl Marx
 

Por Octaviano Lozano Tinoco

Como si el tiempo no pasara y se detuviera, el periodismo denuncia de John Kenneth Turner sale a flote nuevamente de su libro “México Bárbaro” que retrató el trabajo esclavista de los indios en Yucatán, durante la dictadura porfirista, para ser otra vez sangre explotada con lo que todo mundo sabe y calla: la agricultura de exportación de México se hace con trabajo esclavo.

En 17 estados del país se registra explotación de jornaleros migrantes y locales; los jornaleros del campo en México son de los más pobres entre los pobres y explotados entre los explotados. “Ninguna convención o tratado internacional que ha firmado el país, ha sido indicador de un cambio en las condiciones de vida de los campesinos, quienes siguen manteniendo las mismas condiciones de la Revolución: tiendas de rayas, alimentación precaria, hacinamiento, falta de escuelas en los campos, horas extra sin pago y un maltrato constante de parte de los capataces”, informa la Organización Nacional Campesina (ONAC).

Asimismo, el diario Reforma publicó el 21 de marzo pasado, que en los campos agrícolas de México prevalecen condiciones laborales de una virtual esclavitud, alertan organizaciones civiles. En Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, se registra explotación de jornaleros migrantes y locales.

Yil Felipe, coordinadora de programas de Save The Children, consideró particularmente preocupante la situación de los migrantes indígenas que se trasladan de la Sierra Tarahumara, Michoacán, Nayarit, Guerrero y Oaxaca a los campos de caña de azúcar, papa, tabaco y jitomate, entre otros cultivos, de Sinaloa.

Quienes, afirma, “son sacados de sus comunidades, por un intermediario entre el productor y los jornaleros conocido como ‘camionero’, ‘cabo’ o ‘enganchador’, quien les ofrece trabajo y traslado gratuito a los campos agrícolas y así es como se desarrolla la explotación”.

Y explica que “al llegar a la entidad, el intermediario es responsable de brindarles casa, alimento, servicios básicos y de pagarles su salario. Si el productor paga 20 pesos por costal de papa, o 30 pesos por tonelada de caña, el dinero llega al intermediario, y este personaje se queda con una parte importante y al jornalero le llega solamente 40 por ciento de lo que está pagando el productor”.

Las jornadas de estos trabajadores son entre 8 y 12 horas, luchando contra los efectos del contacto sin protección con fertilizantes, fungicidas y pesticidas, que dañan su piel, ojos y pulmones, esto sin recibir una debida atención médica. En el caso de las mujeres, tienen que soportar el acoso de sus superiores, ganando 120 pesos diarios.

 Según organizaciones no gubernamentales, una de las entidades donde se presume un alto índice de ‘esclavitud’ de trabajadores es Baja California, en donde la industria agrícola se encuentra en manos de 12 empresas que llevan explotando algunos de los campos de cultivo más extensos de México desde hace más de 4 décadas. Algunos de estos ranchos son propiedad de funcionarios estatales o sus dueños tienen vínculos directos con éstos.

En los años 90 se contabilizaron más de 50 mil trabajadores llegados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, principalmente, en la actualidad no superan los 30 mil, esto provocado por la situación laboral, que ha sido calificada como de ‘extrema gravedad’, debido a la esclavitud padecida por los trabajadores, que con frecuencia o abandonan el lugar de trabajo u organizan huelgas, pese a la estabilidad de la actividad industrial.

En días pasados la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) rescató a más 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación e infrahumanas en Comondú, Baja California Sur, la dependencia detalló que los trabajadores (hombres, mujeres y niños), fueron reclutados en Creel, Chihuahua, por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola y trasladados con engaños para trabajar en Comondú, en condiciones ilegales, insalubres y de miseria salarial. Abundando que los indígenas trabajaban en la cosecha de papa por lo que recibían sólo 200 pesos semanales, como préstamo con la promesa de que al final recibirían el pago íntegro de su salario.

En Sinaloa, los trabajadores de las zonas agrícolas, también padecen maltrato casi feudal, quienes huyen de la pobreza y violencia de sus comunidades, padeciéndola con frecuencia mujeres indígenas, que en aras de independizarse económicamente y cambiar la situación de maltratos, carencias y falta de oportunidades en la que vivían, encontraron esclavitud, según un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Villa Juárez, Sinaloa.

Según Amnistía Internacional, existe una invisibilización deliberada de los jornaleros que descansa en la comisión en estadísticas oficiales; exclusión en las políticas públicas educativas, laborales y de desarrollo social; al mismo tiempo se da el ocultamiento de las agroempresas de la utilización de trabajo infantil; limitada producción de conocimiento en las instituciones de investigación; escasez de organizaciones no gubernamentales trabajando efectivamente en el tema, e indiferencia de la sociedad.

Toda esa porquería salió nuevamente a la luz, con la reciente protesta de labriegos en el Valle  de San Quintín, Baja California, que derivó en un enfrentamiento cuando grupos de manifestantes bloquearon momentáneamente la carretera Transpeninsular, la principal vialidad del estado de Baja California, y las autoridades (policías estatales, federales y miembros del Ejército Mexicano) intervinieron para desalojarlos.

Los manifestantes quemaron llantas en vías públicas, rompieron cristales de negocios, bloquearon la carretera con piedras y arrojaron objetos a policías y militares, según las autoridades.

La mayoría migrantes de Oaxaca, Guerrero y Sinaloa, de acuerdo a censos oficiales. Hay aproximadamente 50 mil jornaleros que trabajan en 60 ranchos de siembra de verduras y frutas, una docena de las cuales abastecen a las principales cadenas de restaurantes y tiendas de Estados Unidos.

Fermín Salazar, vocero de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, que agrupa a las organizaciones indígenas que están encabezando las protestas, dijo que desde diciembre pasado habían tratado de dialogar con el gobierno y los representantes de los ranchos agrícolas, los sindicatos CTM - CROC y de Seguridad Social para lograr una solución “a las múltiples violaciones a los derechos laborales y humanos por parte de los empleadores”, pero ningún representante se había sentado con ellos. Lo hicieron solo después de las protestas de esta semana.

 En un comunicado, la Alianza Justicia Social denunció que los ranchos agrícolas incurren en discriminación, acoso y violencia, que impiden la libertad de asociación e imponen un régimen de trabajo forzado, dando determinado tiempo para completar una cantidad específica de surcos.

El agua es el alma madre de la vida y la matriz, no hay vida sin agua.
Albert Szent Gyorgyi

Por Octaviano Lozano Tinoco

Este 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua y el importante recurso de la naturaleza en México está amenazado por la posición de la fracción política-empresarial que busca privatizarlo, como si su ciclo biológico pudiera tener dueño.

La Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados en su Artículo 81 abre a la participación privada la extracción del agua, captación, conducción, potabilización, suministro, tratamiento, desalojo, medición, facturación y cobro de tarifas del agua.

La legislación aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados obliga garantizar como mínimo la dotación equivalente a 50 litros diarios por persona. Sin embargo, el indicador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 100.

Las Naciones Unidas advirtieron que el mundo podría sufrir una escasez de agua del 40 por ciento en apenas 15 años, a menos de que ocurra un drástico cambio en la forma que usamos el recurso natural.

En su informe la ONU responsabiliza de la situación a los cambios en los patrones de lluvia, una disminución de las reservas subterráneas y el crecimiento de la población.

Igualmente, advierte que la escasez afectará tanto a la agricultura como a la industria.

El informe hace un llamado a los gobiernos y comunidades para revisar las políticas relacionadas con el agua, instando a que haya más conservación y reciclaje de las aguas

Para Joel Carrillo Rivera, investigador del Instituto de Geografía (IGg) de la UNMA, en “el  mundo no hay un problema de escasez hídrica, sino de ausencia de gestión, porque ésta no puede existir sin participación social”. Agregó  que “su carencia no es producto de una falta física, sino de manejos deficientes y de una planificación territorial insuficiente en la tarea de favorecer un desarrollo nacional en armonía con la existencia y los ecosistemas”.

También es preciso contar con una infraestructura eficaz, un cobro justo y reglas para hacerla rentable en una administración adecuada y beneficiosa para la población, indicó.

Asimismo, es necesario concebirla como un sistema, sin particularizar alguna de sus porciones (marina, pluvial, subterránea y superficial); así tendremos una visión más completa y mejores formas de establecer la pregunta correcta y buscar la respuesta adecuada a los fenómenos de hundimiento del suelo; secado de manantiales, humedales y ríos; cambio en la calidad de la extraída y contaminación, señaló el investigador.

Si no se toman en cuenta estos aspectos se incurrirá en errores que afectarán a la población, al medio físico y a los ecosistemas. En términos estrictos, la participación social en la gestión no sucede porque para la ley, la presencia civil se da a través de organizaciones formales (de industriales o de agricultores, por ejemplo), pero los ciudadanos y los académicos no están incluidos.

México debería estar a la par del nivel internacional de conocimiento e infraestructura para lograr un buen manejo de la existente bajo superficie y, en ese sentido, no podemos seguir con un esquema estático como el actual (el balance hídrico), funcional en su tiempo, pero ahora caduco porque existen mejores alternativas interdisciplinarias que consideran al agua como un sistema dinámico.

Es importante educar a quienes colaboran en su gestión y brindarles conocimientos en el rubro. Preocupa que en pocas entidades federativas haya un hidrogeólogo —alguien versado en conceptos relacionados con la definición sistémica de la subterránea— y que además no incida en procesos relacionados con su administración, destacó Carrillo Rivera.

México  posee aproximadamente el 0.1 por ciento del total de agua dulce disponible a nivel mundial, lo que determina que un porcentaje importante del territorio esté catalogado como zona semidesértica. Esto implica, también, la necesidad de considerar al agua no sólo como un elemento vital, sino como un factor estratégico para el desarrollo global del país.

 En la clasificación mundial, México está considerado como un país con baja disponibilidad de agua. En todo el país llueve aproximadamente  mil 511 kilómetros cúbicos de agua cada año, lo que equivale a una piscina de un kilómetro de profundidad del tamaño de su capital, el Distrito Federal. El 72 por ciento (1084 km3) de esa agua de lluvia se evapora.

 México es un país semiárido (56 por ciento). El 67 por ciento de las lluvias mexicanas cae en los meses de junio a septiembre. En promedio, el país recibe unos 711 milímetros de lluvia cada año (1 mm de lluvia = 1 litro por m2). No es mucho comparado con otros países.

Por Octaviano Lozano Tinoco

¡Colgadlos bien alto sobre el pueblo! Quien llore por éstos, llora por la corrupción.
Arthur Miller

Por Octaviano Lozano Tinoco

El domingo pasado en las principales ciudades de Brasil como Sao Paulo, Brasilia, Belo Horizonte y Río de Janeiro cerca de dos millones de ciudadanos salieron a la calle para decir al gobierno de Dilma Rousseff y al Partido de los Trabajadores (PT) “!Basta ya!” de corrupción en lo que convirtieron a Petrobras, la principal empresa estatal de petróleo.

De acuerdo con reportes de prensa, la red de desvío de fondos de la paraestatal brasileña alcanzó los 57 millones de dólares. El periódico Folha de Sao Paolo publicó que la cifra fue revelada a partir de 190 declaraciones testimoniales de los dos principales informantes del caso: el exdirector de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, y el empresario Alberto Youssef.

Dentro de la operación Lava Jato (Lavado rápido), ambos aceptaron entregar información a las autoridades a cambio de eventuales reducciones en sus penas de prisión.

La estimación del rotativo no incluye los 200 millones de dólares que habrían sido pagados en concepto de sobornos al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) mediante su tesorero nacional, João Vaccari, actualmente bajo investigación.

La  operación ya ha supuesto la detención de 82 acusados a través de 19 acciones penales del Tribunal Supremo Federal (TSF) y la investigación de 48 políticos.

Ante ello la presidenta brasileña Dilma Rousseff presentó un paquete de medidas contra la corrupción como respuesta a las manifestaciones antigubernamentales; entre ellas la criminalización de la creación de “cajas B” para los partidos políticos, es decir, las contabilidades paralelas creadas para ocultar fuentes de dinero utilizado en campañas electorales.

Sin embargo, en México la presidencia de Enrique Peña Nieto parece estar blindado por los grandes medios de comunicación, que pese a viento y marea sostienen a un gobierno donde la corrupción lo carcome, tanto como en Brasil.

Nada pasa, hasta que pasa, podría decirse que eso sucede en México, pero es común abrir la prensa nacional y descubrir graves denuncias de corrupción.

Por ejemplo, está el caso de la “Casa Blanca” de la primera dama Angélica Rivera y la de Malinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

El primero apareció en la prensa gracias al trabajo del equipo de investigación de Carmen Aristegui, que hoy paga con su despido  de MVS Radio tal atrevimiento.

Es una propiedad de las Lomas de siete millones de dólares, del empresario Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, uno de los grandes beneficiarios en la administración de Peña cuando fue gobernador del Estado de México y ahora de su actual sexenio.

El diario The Wall Street Journal publicó la residencia en el Club de Golf de Malinalco, estado de México, del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con una tasa de interés de 5.31 por ciento anual, por parte de una filial de Grupo Higa. En contraste, la banca mexicana ofrecía en ese entonces una tasa, en promedio, de 12.17 por ciento.

Además en, otra perla de la corrupción, el diario Reforma documentó el caso de un contrato millonario más a favor de Grupo Higa, reservado hasta 2025.

De acuerdo con los datos que reveló el medio, “en junio de 2013, Banobras, entonces dirigido por Alfredo del Mazo Maza, benefició a una filial de la empresa con un contrato por mil 332 millones de pesos, el cual fue clasificado como reservado hasta 2025”.

Dicho contrato otorgado a la empresa de Juan Armando Hinojosa  contempla la ampliación a cuatro carriles de la autopista Guadalajara-Colima y fue adjudicado por un fideicomiso privado.

Un gobierno como el mexicano carcomido por la corrupción sólo se explica que siga a flote por el gran pacto del empresariado que lo apoya contra viento y marea. No es posible que el jinete de la corrupción cabalgue con una gran impunidad y no pase nada en el país.

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida.
Miguel de Cervantes

Por Octaviano Lozano Tinoco

Por fin se cumplió lo que parecía inevitable,  MVS Radio de Joaquín Vargas despidió a la periodista Carmen Aristegui y a su equipo de trabajo, luego de un juego oscuro de “te digo Juan para que lo entiendas Pedro”, donde hubo desplegados en prensa y comunicados de  la empresa, sin citar a la periodista, pero hablando contra ella, en su espacio de trabajo.

La bola de nieve contra Aristegui para golpear su credibilidad y exhibirla inició el martes pasado al presentarse el proyecto Mexicoleaks, plataforma de Internet para recibir información y documentos relevantes, de interés público, que la sociedad pueda filtrar de manera anónima y entregarlos para su investigación periodística a organizaciones y un grupo de medios.

Ese día, en su noticiero, Aristegui anunció al aire la participación de la Unidad de Investigación de MVS en este proyecto. Así aparece en la página mexicoleaks.mx, que señala: “Unidad Aristegui/MVS. El equipo de investigaciones de Noticias MVS/Aristegui Noticias realiza reportajes sobre política, economía, casos de corrupción, rendición de cuentas y crimen organizado”. Y explica que sus contenidos se publican en: “Medios electrónicos nacionales (radio y televisión) y en las plataformas web www.aristeguinoticias.com y www.noticiasmvs.com”
Eso enfureció a Vargas, pero no fue hasta la oficina de  Aristegui para aclarar su postura y despedirla, sino lo ameritaba, sino que inició una campaña en medios en su contra, algo sui géneris, que sólo se puede explicar cómo una intención clara de dinamitar su credibilidad

En su desplegado y spots MVS Radio rechazó formar parte de la plataforma y aclaró: “Las alianzas estratégicas de MVS Radio las decide la administración de la empresa, no sus conductores y colaboradores. MVS Radio nunca tuvo conocimiento de negociaciones, encuentros o posibles alianzas con iniciativas u organización alguna, por lo que lamentamos y condenamos el uso de nuestra marca Noticias MVS”.

Decía que tomaría las medidas pertinentes y necesarias a fin de que sus recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales, “no sean utilizados para fines distintos para los que fueron creados y sirvan a intereses particulares”.

Y lanzó más dardos: “El uso de nuestra marca, sin autorización expresa de sus propietarios, constituye no sólo un agravio y una ofensa, sino un engaño a la sociedad, pues implica un muy lamentable abuso de confianza”.

Pese a su estridencia, Vargas no corría a Aristegui y siguió por varios días más guerra de comunicados y desplegados.

Al aire, Aristegui se limitó a mencionar: “vamos a ver de qué se trata y de dónde viene” y sostuvo que su único compromiso es con la audiencia.

Seguimos haciendo nuestro trabajo”, afirmó Aristegui. Y sentenció: “Si alguien quiere crear un pleito artificial aquí no cuenten con nosotros, nosotros apostamos porque este espacio se mantenga abierto, libre, independiente y haciendo periodismo para la audiencia”.

Sin embargo, El Grupo MVS Radio despidió a Daniel Lizárraga, coordinador de la Unidad de Investigaciones Especiales del noticiario de Aristegui, y al reportero Irving Huerta, por considerar que la incorporación de este equipo a la organización MéxicoLeaks ocasionó pérdida de confianza en la empresa. Periodistas responsables de la investigación de la Casa Blanca de la familia presidencial y del reportaje sobre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el líder priísta que operaba desde la sede de ese partido en el Distrito Federal una red de prostitución y pederastia.

El despido de los dos colaboradores de Aristegui por parte de Grupo MVS desató una ola de críticas en redes sociales y una inmediata movilización de radioescuchas que se concentraron frente a las instalaciones de esa empresa el viernes pasado.

Eso fue lo que derivó en el despido de Aristegui, quien el viernes exigió la recontratación de sus reporteros, cosa que no ocurrió.

MVS Radio dio por terminado este domingo la relación laboral con la periodista y advirtió, en un comunicado titulado MVS Radio no acepta el ultimátum de Aristegui, que “no podemos aceptar condicionamientos”.

Más allá de la salida de Carmen Aristegui el fin de la campaña de Vargas era golpear su credibilidad y tratar de exhibirla como intransigente. El empresario no quería aparecer como autoritario y censor de la libertad de expresión, pero su campaña fue una estrategia de poder para golpear a una periodista.

     

 El poder pudre la sangre y oscurece el pensamiento.
 
Subcomandante Marcos

Por Octaviano Lozano Tinoco

Por muchos años la sociedad mexicana puso un gran capital político en juego para sacar de Los Pinos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por fin se logró en el año 2000, con sus asegunes, con la llegada del panista Vicente Fox, pero hoy creo que la mira estuvo equivocada.

Porque el verdadero poder en México está en el Congreso y no en Los Pinos. Y eso lo vimos claramente con el nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia, pese a tener todo en contra y grandes sectores de la sociedad que rechazaba, incluso con más de 50 mil firmas, su nombramiento.

La decisión fue del presidente Enrique Peña Nieto y el Senado lo aprobó sin tantos rasguños.

A Medina Mora se le acusa de ser uno de los responsables, desde su cargo de Procurador General de la República,  de la guerra fallida del expresidente Felipe Calderón contra las drogas, causante de al menos 100 mil muertos, unos 20 mil desaparecidos y decenas de miles de desplazados. También se le señala por su participación en la operación “Rápido y Furioso”, supuestamente encubierta de Estados Unidos que dejó pasar armas  a  territorio mexicano para “darles seguimiento” y descubrir cómo los narcos nacionales se abastecían de ellas.

Estas armas mataron a miles de mexicanos en distintas partes del país. Pero sobre todo, se le acusa de ser un aliado del presidente Peña Nieto, a quien sirvió como embajador en Washington, con lo que se rompe el principio de independencia para el máximo tribunal del país.

Sin embargo, con protestas dentro y fuera del recinto legislativo de Paseo de la Reforma, quien se desempeñó también como embajador de México en Reino Unido rindió protesta ante el pleno de la Cámara alta y juró “respetar y hacer valer la Constitución y las leyes que de ella emanen”.

 Al final, el bloque legislativo PRI-PAN-PVEM-Nueva Alianza emitieron 83 votos a favor del exprocurador General de la República, contra 35 sufragios nulos y a favor de los otros candidatos de la terna de las bancadas del PRD, PT y de un grupo de senadores del PAN.

El Congreso amarró el dedazo de Los Pinos e impuso a Medina Mora.  Romper el poder del PRI-PAN  en el Congreso el clave para hacer los cambios que el país necesita y este 7 de junio en las elecciones intermedias se puede lograr algo en ese sentido.

En los comicios estarán en juego la totalidad de las 500 curules de la Cámara de Diputados, nueve  gubernaturas, 641 diputaciones en 17 entidades, 993 alcaldías en 16 estados y las 16 jefaturas delegaciones en el Distrito Federal.  Podrán sufragar  83.5 millones de mexicanos.

 Escritor comprometido soy y como tal actúo... Trataré de realizar las tareas que aún me quedan por cumplir en el Reino de este mundo.
 Alejo Carpentier
 
Por Octaviano Lozano Tinoco
 
En momentos  históricos  enrarecido como el presente,  donde la palabra se encuentra secuestrada  por las élites, políticas, económicas y culturales, que dicen solamente lo políticamente correcto para que todo siga igual, es saludable  leer el discurso del escritor Fernando del Paso en la entrega del Premio José Emilio Pacheco a la Excelencia Literaria, en la Feria Internacional del Libro en el Estado de Yucatán (Filey), quien dijo: “me duele hasta el alma ver que nuestra patria se desmorona”

El autor de las novelas  José Trigo,  Palinuro de México y Noticias del Imperio señaló al recibir su galardón: “Quiero decirte lo que tú ya sabes: que hoy también me duele hasta el alma que nuestra patria chica, nuestra patria suave, parece desmoronarse y volver a ser la patria mitotera, la patria revoltosa y salvaje de los libros de historia”.

“Quiero decirte que a los casi ochenta años de edad me da pena aprender los nombres de los pueblos mexicanos que nunca aprendí en la escuela y que hoy me sé solo cuando en ellos ocurre una tremenda injusticia; sólo cuando en ellos corre la sangre: Chenalhó, Ayotzinapa, Tlatlaya, Petaquillas...¡Qué pena, sí, qué vergüenza que sólo aprendamos su nombre cuando pasan a nuestra historia como pueblos bañados por la tragedia!

Y agregó: “¡Qué pena también, que aprendamos cuando estamos viejos que los rarámuris o los triques mazatecas, son los nombres de pueblos mexicanos que nunca nos habían contado, y que sólo conocimos por la vez primera cuando fueron víctimas de un abuso o de un despojo por parte de compañías extranjeras o por parte de nuestras propias autoridades!”.

Y continuó: ¡Ay, José Emilio!: ¿Qué hemos hecho de nuestra patria impecable y diamantina? Insisto, José Emilio: no me preguntes cómo pasa el tiempo. Lo que te puedo y quiero decir ahora es que estoy viejo y enfermo, pero no he perdido la lucidez: sé quién soy, quién fuiste y sé lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo. Lo único que no sé es en qué país estoy viviendo. Pero conozco el olor de la corrupción; dime José Emilio: ¿A qué horas, cuándo, permitimos que México se corrompiera hasta los huesos? ¿A qué hora nuestro país se deshizo en nuestras manos para ser víctima del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia?”.   

    -Es que soy la costumbre. He tomado veneno todos los días, y me hace falta. ¿Qué droga tremenda es el amor?
Jaime Sabines

Por Octaviano Lozano Tinoco

En la historia del narco en México a los personajes que realizan esta labor criminal se les cobija con un halo de ser crueles y de una inteligencia mayor a lo habitual, lo que les permite llegar a la cúspide de una empresa trasnacional que deja ganancias anuales de entre 19 y 29 mil millones de dólares, según el Reporte Estratégico Internacional sobre el Control de Narcóticos 2013, emitido por el Departamento de Estado estadounidense.

De acuerdo con la prensa y la información del gobierno aparentan ser unos verdaderos “come-balas”, que siempre escapan a los cercos policiacos y darán su vida antes detenidos por las fuerzas de seguridad, sus verdaderos “enemigos”.

Sin embargo, se les detiene la mayoría de las veces, sin un solo disparo. Aparentemente se entregan o los agarran como al “Tigre  de Santa Julia” descuidados por estar  en el baño haciendo del cuerpo. Cuando se dice que son personajes con un séquito de seguridad de más de cien hombres  fuertemente armados.

Y otra vez esa escena en anteriores detenciones, como la del Joaquín  “El Chapo” Guzmán; Héctor Beltrán Leyva el “H” ;  Vicente Carrillo Fuentes, “el Viceroy”; o Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”,  se repitió en las últimas dos capturas la de Servando   Gómez Martínez, “La Tuta”, líder de los Caballeros Templarios en Michoacán, y  Omar Treviño, de 38 años de edad, el Z-42,  detenido en el Municipio de San Pedro -el más rico del país-, en Monterrey, Nuevo León.

Estos personajes tan sanguinarios  prefirieron entregarse antes que morir por la ley de la sangre que ellos impusieron a sus enemigos.
Sólo han muertos en intentos de captura el 16 de diciembre del 2009, Arturo Beltrán Leyva, “el Bárbas”, líder del cartel de sus mismos apellidos, cuando infantes de la marina lo mataron tras atrincherarse, con sus hombres, por varias horas en un edificio de departamentos de lujo de la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

El 7 de octubre del 2012, en Progreso Coahuila, hombres de la marina mataron a Heriberto Lazcano Lazcano, fundador y líder de Los Zetas; sin embargo, hubo confusión, porque aparentemente los marinos no sabían a quién habían matado y no cuidaron el cadáver de la funeraria, de la cual fue sustraído por un comando armado.

Algo parecido ocurrió en 9 de diciembre del 2010, en Michoacán, cuando la policía federal  informó que había matado a Nazario Moreno González, "El Loco", líder del cártel La Familia Michoacana, pero años después apareció de nuevo por Apatzingán, Michoacán, donde ahora si fue muerto en un enfrentamiento con las fuerzas del orden, para fallecer por segunda vez.

Asimismo, el 29 de julio de 2010, el ejército allanó una casa en Zapopan, Jalisco, y mata a Ignacio "Nacho" Coronel, uno de los cabecillas del Cártel de Sinaloa.

Uno que no murió, pero si fue detenido a punta de balazos tras una persecución de militares por las calles de Matamoros, Tamaulipas, el  14 de marzo de 2003, fue  Osiel Cárdenas Guillén, el jefe del Cartel del Golfo, que en estos momentos purga sentencia de 25 años de cárcel en Estados Unidos.

Aquí el asunto no es crear personales aparentemente violentos y de una inteligencia sobrehumana, que dejan de serlo cuando pierden el cobijo de la impunidad que les permite todo tipo de aberraciones humanas, por unos cuantos pesos.

Más que detener a estos personajes (los narcos) se debe capturar a los líderes ocultos, que son los verdaderos jefes de jefes. Los caporales al fin saben que serán detenidos algún día, pero el negocio seguirá adelante, porque los verdaderos dueños no dan la cara ni son perseguidos.

Para terminar con esta perversión que deja una estela de muerte sin fin, es urgente legalizar las drogas, para que los verdaderos barones de este comercio salgan a la luz y al menos paguen sus impuestos por este negocio criminal.
 
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De los políticos sólo podíamos esperar el engaño, la única revolución definitiva es la que hace el pueblo y dirigen los trabajadores.

Rodolfo Walsh

Por Octaviano Lozano Tinoco

Antes de iniciar su gira por el Reino Unido, el dos de marzo, en una entrevista al diario Financial Times, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que “México está plagado de “incredulidad y desconfianza’”, por el caso de Ayotzinapa y los 43 desaparecidos; además de que existe “sospecha y duda” por el tema de las casas que adquirieron él, su esposa y miembros de su gabinete, como el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con contratistas del gobierno, asunto que dijo ha sido “satanizado”.

Pero cabe hacerse la pregunta, ¿quién siembra la desconfianza en el país, en la lógica de que a río revuelto ganancia de pescadores?
Veamos cómo ha maniobrado en los últimos días  el gobierno y su brazo político el nefasto PRI, para provocar que se genere la desconfianza en el país.

La lista del tricolor para candidatos a diputados plurinominales está encabezada por la actriz Carmen Salinas, la llamada “Corcholata”; el exsenador Enrique Jackson; el secretario general del sindicato del Metro, Fernando Espino Arévalo; Sylvana Beltrones Sánchez, hija del coordinador priísta en la Cámara baja, Manlio Fabio Beltrones, y Guillermina de la Torre Malváez,  madre de Cuauhtémoc Gutiérrez, exdirigente del PRI en el DF acusado de manejar una presunta red de prostitución desde la misma sede del tricolor y con dinero público.

Otro punto que abona a la desconfianza es la decisión de Peña Nieto de  candidatear a la suprema corte de Justicia a Eduardo Medina Mora, actualmente embajador de México ante gobierno Estados Unidos y anteriormente Procurador General de l República (PGR).

Los constitucionalistas Héctor Fix Fierro y Elisur Arteaga Nava, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Escuela Libre de Derecho, respectivamente, difirieron sobre la elegibilidad Medina Mora, para ocupar el cargo de ministro vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). ( El Financiero, Revelino Rueda, 23 de febrero de 2015)

Y es que de acuerdo al texto constitucional, Medina Mora no cumple los requisitos para ser nombrado ministro del máximo órgano de justicia del país.

En el Artículo 95 de la Carta Magna se establece que para ser electo en ese cargo se necesita, entre otros requisitos, “haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación”, cosa que Medina Mora no cumple por su estancia en Washington como diplomático.

 Mujeres que integran la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos exigieron ante Senado impedir que Medina Mora llegue a la suprema corte de justicia ante las múltiples irregularidades que cometió cuando fue secretario de Seguridad Pública y Procurador General de la República en sexenios panistas.

“Este individuo que pretende llegar al máximo tribunal de justicia de nuestro país, además de carecer de una carrera consolidada en el Poder Judicial y contar con un perfil profesional y comprometido con los intereses de la industria farmacéutica, petroquímica y química, fue muy cuestionado por diversas organizaciones ciudadanas independientes defensoras de los derechos humanos cuando fue procurador federal”, señalaron.

Además, agregaron, que durante su gestión al frente de la PGR, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió la más elevada cantidad de quejas ciudadanas en contra de esa institución.

Otro punto que abona a la desconfianza fue la propuesta del presidente de la senadora Arely Gómez  a titular de la PGR. El PRD y Morena señalaran a la senadora con licencia  está vinculadas a intereses de la empresa Televisa.

En la entrevista con El Financial Times, Peña Nieto dijo que está comprometido a luchar contra la corrupción de manera “mucho más eficaz” y a terminar con “el estigma” de que los políticos de México están considerados como ladrones.

Expresó su compromiso para que termine de concretarse un “innovador” sistema anticorrupción, diseñado para que los funcionarios públicos rindan cuentas. “El gran desafío” es la correcta implementación de tal sistema, subrayó.

Pero con una lista de priístas a la baja para las elecciones del Congreso, la propuesta de Media Mora a la Corte y Areli Gómez a la PGR es claro que Peña Nieto es quien abona en la desconfianza ciudadana.