Por ELVIA ANDRADE BARAJAS

CIUDAD DE MEXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 29 de junio de 2025.- El Senado de la República aprobó una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con 77 votos a favor y 30 en contra, eliminando el polémico artículo 109 que permitía bloquear o “bajar” plataformas digitales sin orden judicial, pero oficializó el espionaje y la censura, encendiendo alarmas entre la oposición, medios de comunicación y organismos en defensa de los Derechos Humanos, que se han manifestado contra la misma por atentar contra la libertad de Expresión, alegando que sin una Prensa critica no hay democracia, pero sí un gobierno autoritario.

Aunque se eliminó el artículo 109 que permitía bloquear plataformas sin orden judicial, la nueva Ley de Telecomunicaciones, aprobada con 77 votos a favor y 30 en contra, mantiene y refuerza mecanismos de vigilancia y control que muchos consideran formas indirectas de censura:

Geolocalización en tiempo real sin orden judicial

Retención de datos personales (llamadas, mensajes, ubicación)

Suspensión de transmisiones bajo criterios vagos como “afectar a las audiencias”

Sustitución del IFT por un órgano subordinado al Ejecutivo, debilitando la autonomía regulatoria

Prohibición de propaganda extranjera, salvo en casos culturales o turísticos

El gobierno argumenta que la ley busca proteger la soberanía digital y ampliar el acceso a internet, pero organismos como Article 19, R3D y legisladores del PRI y PAN advierten que se institucionaliza la censura y se legaliza el espionaje.

La presidenta Claudia Sheinbaum, impulsora de las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones, turnadas a la Cámara de Diputados, insiste que en México hay libertad de expresión y que la censura no existe. 

Sostiene que los cambios son para evitar que países extranjeros, como Estados Unidos, hagan propaganda en México contra los propios mexicanos.

Hasta ahí, todo bien.

Pero…

¿Y, los periodistas asesinados?, ¿la impunidad en crímenes periodísticos?, ¿la negación de publicidad oficial a los medios de comunicación?, condenándolos a buscar otros empleos para vivir dignamente ¿¡acaso, todo eso no es una estrategia para debilitar y pulverizar a la Prensa?

¿De qué quieren que vivan los periodistas?

Les niegan la publicidad oficial, pese a que el gobierno retiene impuestos a la población para destinarlos disque a Comunicación Social, para difundir obras y servicios públicos, que deben ser difundidos por los medios de comunicación existentes, no por el gobierno mismo, que se convierte en juez y parte a conveniencia.

Los periodistas, les guste o no, son los vigilantes del buen desempeño y aplicación del presupuesto público.

Ahí es donde todo se tuerce.

El gobierno no quiere ser auditado, y busca trabajar con youtuberos o periodistas a fines y anular todo organismo que le haga contrapeso.

Las autoridades gubernamentales, de cualquier orden de gobierno, suponen que, al pagar publicidad oficial, que es legal, pagan conciencias, pero no logran acallarlas.

Los crímenes de periodistas son imparables e impunes, incluso en la administración de Claudia Sheinbaum, quien se contradice constantemente al referirse a la libertad de expresión y de Prensa.

La nueva ley que sustituye el marco legal vigente desde 2014 tiene varios cambios, entre ellos:

Además de eliminar el artículo 109, crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Fortalece a medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, permitiéndoles vender publicidad y acceder a fondos públicos.

Garantiza el acceso a internet en zonas marginadas como parte de una política de equidad digital.

Mantiene la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles, sin necesidad de orden judicial, lo que ha generado críticas por su potencial uso como herramienta de vigilancia.

Establece una Comisión Reguladora subordinada a la ATDT, lo que ha sido señalado como un debilitamiento de los contrapesos institucionales.

Aunque se eliminaron artículos polémicos como el 109, organizaciones como R3D y Article 19 advierten que la ley aún permite prácticas de vigilancia y control que podrían derivar en censura indirecta:

La retención de datos (llamadas, mensajes, ubicación) sigue vigente y puede ser consultada por el gobierno sin orden judicial.

Prohíbe la transmisión de propaganda extranjera, salvo en casos culturales o turísticos, lo que algunos consideran una restricción al pluralismo.

La sustitución del IFT por un órgano subordinado al Ejecutivo ha sido vista como un retroceso en la autonomía regulatoria.

En resumen, aunque la ley incorpora avances en inclusión digital y acceso equitativo, persisten mecanismos que podrían facilitar la censura y vigilancia estatal, especialmente si no se regulan con transparencia y contrapesos efectivos.

Tanto legisladores opositores como medios independientes coinciden en que, aunque hubo avances, persisten riesgos estructurales para la libertad de expresión, la privacidad y la autonomía de los medios:

Ricardo Anaya (PAN) calificó la ley como una herramienta de “espionaje y censura”, señalando que permite la geolocalización en tiempo real sin orden judicial y la suspensión de transmisiones bajo criterios vagos.

Manuel Añorve (PRI) afirmó que la ley busca “eliminar la libertad de expresión e imponer autoritarismo digital”, advirtiendo que el gobierno podrá “bajar el switch” a medios críticos.

Alejandro Moreno (PRI) la llamó “una guía de bolsillo para un régimen dictatorial”, acusando que institucionaliza la censura y el control de la vida pública.

Alejandra Barrales (MC), aunque votó a favor, reconoció que la ley original era excesiva y celebró que se hayan reducido las facultades de la nueva agencia reguladora.

Reacciones de medios de comunicación

TV Azteca y otros medios han señalado que la ley podría obligar a los concesionarios a difundir solo información favorable al gobierno, lo que limitaría el pluralismo informativo.

Se critica la exigencia de distinguir entre información y opinión en las transmisiones, algo considerado técnicamente inviable y una forma de control editorial.

El Reuters Institute advierte que el ecosistema mediático mexicano enfrenta una creciente concentración de poder y riesgos para la transparencia, especialmente tras la eliminación del IFT y el INAI.

Ante este panorama, es imprescindible recordar que  cuando los gobiernos escriben las reglas del silencio, el periodismo tiene la obligación de alzar la voz.

eab_elya@yahoo.com.mx

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Por ELVIA ANDRADE BARAJAS

CIUDAD DE MEXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, México, 24 de junio de 2025.- Mientras los focos internacionales se concentran en la tregua forzada entre Irán e Israel —una guerra relámpago de 12 días con saldo de más de 600 muertos—, otra batalla silenciosa se libra en México: la del debilitamiento progresivo de sus instituciones civiles.

El pasado 1 de junio, el país celebró una elección histórica y polémica: los ciudadanos eligieron por sufragio directo a más de 2,600 jueces, incluidos los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia. La medida, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum como un remedio contra la corrupción judicial, ha sido calificada por analistas extranjeros como “una puerta abierta para el crimen organizado y los intereses partidistas”.

Tienen razón.

Uno de los casos que ilustra ese riesgo es el de Silvia Delgado, quien integró el equipo legal del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Hoy, ella es jueza electa en un tribunal penal de Chihuahua.

Su ascenso desde la defensa de un criminal sentenciado por la DEA hasta una silla de poder judicial ha levantado alarmas en medios como The New York Times y The Guardian, que ya refieren el concepto de “narco-jueces” como síntoma de un Estado de derecho en declive.

A esta preocupante deriva se suma otro dato inquietante: el Senado de la República aprobó recientemente una reforma para que los elementos de la Guardia Nacional puedan desempeñar cargos públicos y participar en procesos electorales.

Esta fuerza, compuesta por más de 126,000 efectivos y ya adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, ha sido desplegada extensivamente en operativos de seguridad y migración, y ahora tendrá injerencia civil directa.

Y como si el deterioro institucional no bastara, México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

Este martes, el periodista y fotógrafo Salomón Ordóñez Miranda fue asesinado en Cuetzalan, Puebla, en un ataque directo con arma de fuego.

Su muerte ocurre en medio de la polémica por la llamada “Ley Censura”, una reforma al Código Penal poblano que penaliza el “ciberasedio” y ha sido denunciada por organizaciones como Artículo 19 y la Red Puebla de Periodistas por su potencial para criminalizar la libertad de expresión2.

Con este crimen, ya suman nueve periodistas asesinados en los primeros ocho meses del sexenio de Claudia Sheinbaum, según el conteo de medios independientes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha solicitado declarar inconstitucional la reforma poblana, mientras el gobernador Alejandro Armenta guarda silencio.

Mientras tanto, el mundo observa.

En Medio Oriente, Donald Trump proclamó el fin de la “guerra de los 12 días” entre Irán e Israel, tras una ofensiva que dejó más de 600 muertos.

Un informe confidencial reveló que los ataques estadounidenses apenas retrasaron el programa nuclear iraní unos meses.

La fragilidad de los acuerdos internacionales contrasta con la firmeza con la que algunos gobiernos, como el mexicano, concentran poder en estructuras opacas.

Estos hechos no ocurren en el vacío.

En el mismo escenario global donde potencias disputan el equilibrio nuclear, México parece desmontar su estructura civil en cámara lenta. La elección judicial popular, la militarización institucional y la violencia contra la prensa no son fenómenos aislados. Son eslabones de una cadena que pone en jaque la legitimidad democrática del país.

Mientras Irán mantiene operativas sus instalaciones nucleares tras los ataques estadounidenses y Trump proclama la paz con discursos sobredimensionados, México envía al mundo una señal preocupante: que la democracia puede usarse como coartada para debilitar sus propios pilares.

Hoy, la legalidad no está consolidándose. Está siendo disputada. Y esa es la crisis que el mundo no puede seguir ignorando.

La justicia no se fortalece con propaganda ni con uniformes. Se construye con instituciones autónomas, con jueces probos y con una ciudadanía informada.

Hoy, México corre el riesgo de convertir su sistema judicial en un campo de batalla entre urnas, cuarteles y cárteles.

Y en esa guerra, la legalidad puede ser la primera víctima.

eab_elya@yahoo.com.mx

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Por ELVIA ANDRADE BARAJAS

CIUDAD DE MEXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, México, 16 de junio de 2025.- Un abogado indígena presidirá la Corte Suprema de México, dominada por una mayoría oficialista de izquierda, avalada este domingo por el Instituto Nacional Electoral (INE) en una ceremonia vista como el funeral de la democracia y la imposición de un régimen autoritario en México.

Hugo Aguilar, indígena mixteco, presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, dominada por una mayoría oficialista, con lo que se confirma que el Poder Judicial estará sujeta al presidencialismo, aplastando la democracia en el país, al no haber equilibrio en los poderes de la Nación.

En la ceremonia en la que se entregaron las constancias a jueces y magistrados que fueron elegidos por un 13% de los votantes, se hablaron dos lenguas originarias, además de español.

“La historia de México no se explica sin la participación de los pueblos indígenas y afroamericanos”, aseguró el nuevo presidente de la SCJN.

El oficialismo impulsó la elección popular de jueces, ministros y demás personal del Poder Judicial supuestamente para enfrentar la corrupción en el país.

Sin embargo, al consolidarse el nombramiento de los nuevos integrantes del Poder Judicial se consumo en México el autoritarismo.

Los críticos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum aseguran que ha impuesto un régimen totalitario al servicio del crimen organizado, protegido descaradamente por el gobierno federal, principalmente desde la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, investigado por las autoridades americanas por sus presuntos nexos con el Cartel Sinaloa, de acuerdo con investigaciones de la DEA y del FBI en base a denuncias de políticos mexicanos del PAN, PRI y del extinto PRD.

Significativamente, López Obrador, quien se mantenía oculto desde que concluyó su mandato, sólo se dejó ver en las elecciones del Poder Judicial el 1 de junio pasado, en las que la mayoría de los votantes fueron funcionarios y servidores públicos, así como de simpatizantes comprometidos con MORENA, principalmente de los pueblos indígenas, lo que explica de Hugo Aguilar.  

La nominación del indígena no convence a los escépticos, que lamentan el hecho de que México se haya convertido en un régimen autoritario, en el que se prevé que la ley será impartida a capricho y con un amplio desconocimiento de la ley, que a partir de esta semana será destrozada por los nuevos jueces y magistrados para poner el país a los pies de MORENA.

La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que el nuevo Poder Judicial será más humano y al servicio del pueblo, “no como era antes; en su contra y plagado de corrupción e impunidad en perjuicio de la ciudadanía”.

El golpe del Estado a la ciudadanía esta consumado.

Ahora sabremos quién tiene la razón.

¿Habrá menos corrupción, más democracia o el pueblo de México fue tibio y soportará un gobierno autoritario, que destrozará la Carta Magna para perpetrarse?...

Por lo pronto se vale conceder el beneficio de la duda y observar su trabajo, que esperemos sea para mejorar el país y el bienestar de los mexicanos, de lo contrario, seguramente, aquí empezará la debacle de MORENA.

Por Elvia Andrade Barajas

México, 2 de junio de 2025 – Las primeras elecciones populares para el Poder Judicial en México, celebradas el 1 de junio, dejaron un panorama desolador en las urnas, con una participación ciudadana extremadamente baja, estimada entre el 12.57% y el 13.32%.

Este dato contrasta fuertemente con la actividad en las calles, donde un sector de la sociedad civil y la oposición se manifestó enérgicamente en contra de este inédito proceso, calificándolo de error y un riesgo para la independencia judicial del país.

El Silencio de las Urnas

Desde temprana hora, las casillas para elegir a 881 cargos federales del Poder Judicial, incluyendo ministros de la Suprema Corte y magistrados, lucieron inusualmente vacías.

A diferencia de otras jornadas electorales en México, donde las filas son comunes, en esta ocasión predominó el silencio. El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó más de 1,700 incidentes menores, desde cambios de casilla hasta ausencia de funcionarios, pero nada que explicara la masiva abstención.

La complejidad de las boletas, con miles de nombres de candidatos en su mayoría desconocidos para el electorado, se perfila como una de las principales razones detrás de la apatía.

Sin una campaña que permitiera a los ciudadanos conocer a fondo a los aspirantes, muchos votantes expresaron confusión e indiferencia. "No sabía por quién votar, no conozco a nadie", comentó una votante en Querétaro, reflejando el sentir generalizado.


Mientras las urnas permanecían semi-vacías, las redes sociales y algunos puntos de encuentro vieron el resurgir de consignas claras: "La Justicia no se Vota".

Activistas, académicos y miembros de la judicatura alzaron la voz, argumentando que la elección popular politiza la justicia y compromete la imparcialidad de quienes deben velar por el cumplimiento de la ley.

Organizaciones civiles como "Defensorxs" alertaron sobre candidaturas con historiales cuestionables, incluyendo acusaciones de violencia o vínculos con investigaciones previas, lo que añadió leña al fuego de la indignación.

La preocupación por una posible infiltración del crimen organizado en el proceso también fue un tema recurrente en el debate.

Manifestaciones simbólicas, aunque no masivas en las calles, dejaron claro el rechazo a este modelo electoral.

Frases como "No al fraude judicial" y "No a la dictadura" resonaron, marcando la jornada como un día de luto para quienes ven en esta reforma una amenaza al Estado de Derecho.

Irregularidades en la Sombra

Aunque el INE declaró una jornada "normal" en cuanto a la instalación de casillas, no faltaron las sombras.

La aparición de supuestos "acordeones" o listas preestablecidas con los nombres de candidatos a votar, junto con la centralización del cómputo de votos en las juntas distritales (en lugar de a pie de casilla), generó sospechas de manipulación y falta de transparencia.

La Fiscalía General de la República (FGR) ya ha recibido 23 denuncias por posibles delitos electorales

Con el cómputo de votos aún en curso y la promesa de resultados definitivos para el 10 de junio, estas elecciones dejan más preguntas que respuestas.

La bajísima participación, si bien no es causal de anulación legal, pone en entredicho la legitimidad de los futuros integrantes del Poder Judicial.

¿Representarán realmente a la sociedad los jueces y ministros elegidos con un respaldo tan marginal?

Este inédito proceso electoral abre un intenso debate sobre el futuro del sistema de justicia en México.

¿Es la elección popular el camino correcto para garantizar un poder judicial independiente e imparcial?

La jornada del 1 de junio de 2025, con sus urnas vacías y sus voces de protesta, pasará a la historia como un experimento democrático con resultados polarizados y un futuro incierto.

Por ELVIA ANDRADE BARAJAS

México se prepara para una jornada electoral sin precedentes: la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir, por primera vez en la historia, a los integrantes del Poder Judicial, a nivel federal y en 19 entidades federativas. En total, se elegirán 881 cargos federales, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito, además de aproximadamente 1,800 cargos judiciales locales.

Esta iniciativa, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como parte fundamental de la llamada “Cuarta Transformación”, ha desatado un intenso debate y generado serias preocupaciones sobre sus implicaciones para la independencia judicial y el Estado de Derecho en el país.

Las elecciones judiciales de 2025 en México no son una jornada electoral más.

Representan un experimento democrático sin precedentes que, para muchos, es un riesgo inminente para la autonomía de la justicia y un posible golpe a la ciudadanía al arrebatarle un Poder Judicial independiente y capacitado.

La preocupación por la infiltración del crimen organizado, la politización de los jueces y la debilidad de los filtros de selección son alarmas que la sociedad civil y los especialistas no ignoran.

El futuro del Estado de Derecho en México pende de un hilo en estas urnas, donde la elección de 881 cargos federales y cerca de 1,800 locales no solo definirá quiénes impartirán justicia, sino también la fortaleza y la independencia de uno de los pilares fundamentales de la República.

“Lo que va a ocurrir este domingo es un fraude, una tranza, una estafa para que MORENA tome el control total y absoluto del Poder Judicial.  La Comisión Permanente Nacional ha hecho un llamado a todos los que ocupamos cargos de dirigencia en el Partido Acción Nacional para no ser parte de este fraude vulgar y por lo tanto no salir a votar este en esa elección fraudulenta.

“Por supuesto respetar la voluntad de quien vote libremente. Pero, es gravísimo lo que va a ocurrir este domingo. Termina la República como la conocemos y MORENA tendrá el control total del Poder Judicial”, afirmó el senador Ricardo Anaya, al asegurar:

“No acudiré a este vulgar fraude y por lo tanto no saldré a votar este domingo”, resaltó.

Anaya es una de las muchas voces que han denostado estas elecciones, que otro sector de políticos y analistas califican como un golpe del Estado a la ciudadanía.

Tradicionalmente, los jueces y magistrados acceden a sus cargos a través de un sistema de carrera judicial basado en el mérito, la experiencia y la especialización.

La elección popular, argumentan los críticos, podría transformar la judicatura en una carrera política, donde la lealtad partidista o la popularidad pesen más que la capacidad jurídica.

Esto plantea un escenario preocupante: si los jueces dependen del voto popular para su permanencia en el cargo, podrían sentirse presionados a tomar decisiones que agraden a la mayoría o a los grupos políticos que financiaron sus campañas, en lugar de apegarse estrictamente a la ley y a los principios de imparcialidad.

Para muchos, esto representa un debilitamiento del Poder Judicial como contrapeso a los poderes Ejecutivo y Legislativo, un pilar esencial de cualquier democracia funcional.

Se percibe un riesgo de que el poder se concentre, erosionando los contrapesos que evitan abusos y garantizan el equilibrio democrático.

La Sombra del Crimen Organizado: Un Peligro latente

Uno de los temores más latentes y mejor fundamentados es la infiltración del crimen organizado en este proceso electoral.

Las elecciones de 2024, que precedieron a estas judiciales, fueron las más violentas en la historia reciente de México, con cientos de víctimas de violencia político-criminal.

Se teme que esta violencia se traslade a las elecciones judiciales de 2025.

Organizaciones civiles y analistas han alertado sobre la alta probabilidad de que el crimen organizado busque “capturar” los poderes judiciales, especialmente a nivel local.

¿El objetivo?

Garantizar impunidad para sus operaciones, litigar sus propios asuntos con facilidad y traficar influencias.

Ya se han presentado denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre candidatos con presuntos vínculos con el crimen organizado o con antecedentes penales, lo que enciende las alarmas sobre la integridad de los futuros impartidores de justicia.

La falta de filtros robustos en la selección de los miles de candidatos, sumada a la improvisación del proceso, agrava esta vulnerabilidad.

La infiltración del crimen organizado podría significar la anulación del último "dique de contención” contra sus abusos, consolidando regímenes criminales y elevando los ya alarmantes niveles de impunidad en el país.

¿Un “Golpe de Estado” a la Ciudadanía?

La retórica de que estas elecciones constituyen un “fraude” o un “golpe de estado a la ciudadanía” no se refiere a una manipulación directa de los votos, sino a las profundas implicaciones para el sistema democrático y el derecho de los ciudadanos a una justicia imparcial.

Los argumentos que sustentan esta visión son contundentes:

 * Destrucción de la carrera judicial: La reforma se percibe como un desmantelamiento de un sistema de carrera judicial basado en el mérito, construido con esfuerzo a lo largo de décadas. La pérdida de jueces especializados y experimentados en favor de perfiles políticos podría deteriorar la calidad de la justicia.

 Voto a ciegas

La falta de información clara sobre los perfiles de los 7700 aspirantes y candidatos a los 881 cargos federales y 1,800 locales en 19 entidades, dificultan que la ciudadanía emita un voto informado.

El electorado no los conoce. No saben por quien votarán, dejando la elección a la popularidad o a las influencias externas, más que a las competencias jurídicas.

El Observatorio Electoral Judicial y otras organizaciones han señalado errores en las boletas, restricciones a las campañas y un corto período para que los candidatos se dieran a conocer.

 Existe el riesgo de una participación ciudadana muy baja, lo que restaría legitimidad a los jueces electos y, por ende, a sus decisiones futuras.

Para muchos, esta reforma debilita la división de poderes, un pilar fundamental de la democracia. Se ve como un paso hacia la concentración de poder y una erosión de los contrapesos, que podría tener consecuencias nefastas para el futuro del Estado de derecho en México.

El Gobierno Federal en el Ojo del Huracán

La presidenta Claudia Sheinbaum, al proponer y respaldar activamente esta reforma, ha colocado al Gobierno Federal en una posición de gran compromiso con un cambio radical en la estructura del Poder Judicial.

 Esta iniciativa es vista como una pieza clave para consolidar la agenda de la “Cuarta Transformación” y lograr un mayor control político.

Sin embargo, esta postura también le confiere al gobierno una enorme responsabilidad política.

Si la reforma no logra mejorar la justicia y, por el contrario, genera una mayor politización, corrupción o ineficacia, la legitimidad y el capital político de la administración Sheinbaum podrían verse seriamente afectados.

Además, la reforma ha generado preocupación a nivel internacional, entre gobiernos e inversionistas, quienes observan con atención la independencia judicial como garantía de seguridad jurídica.

El gobierno federal podría enfrentar presiones y cuestionamientos en sus relaciones bilaterales y comerciales, afectando la confianza en el clima de inversión en México.

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Por ELVIA ANDRADE BARAJAS

CIUDAD DE MEXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 25 de abril de 2025.- Gran controversia genera la aprobación del Senado de la República del dictamen con proyecto de decreto de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que por iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, se pretende amordazar la libertad de expresión,  como lo ha hecho con la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial, a los que ha sometido y diseñado a modo consolidando a México como un país con gobierno corrupto y autoritario.

Las voces críticas señalan que la administración de la presidenta Sheinbaum impulsa una serie de modificaciones que, lejos de fortalecer la justicia, la ponen en riesgo e internacionalmente posiciona a México como un país antidemocrático, lo que resulta negativo justo cuando el país está en la mira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras designar terroristas a los carteles de las drogas.

Con estas restricciones, de aprobarse, Sheinbaum se evidencia como cómplice, ya que no sólo pretende evitar que los países extranjeros como Estados Unidos circulen comunicados en los medios informativos de México, como lo hicieron para amenazar a los migrantes de que no crucen la frontera, y si lo hacen serán deportados de inmediato sin derecho a entrar de por vida a la nación americana.

Hasta ahí, bien, pero eso de bloquear los sitios web de Internet y cualquier red social que difundan información adversa al gobierno, es censura a la libertad de expresión, y podría enfrentar demandas incluso internacionales, que ya se preparan ante la ONU.

El dictamen a la iniciativa, enviada ayer al Senado de la República por la presidenta Sheinbaum Pardo, se avaló con 29 votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención.

 Al presentar el dictamen a nombre de las tres comisiones, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, José Antonio Cruz Álvarez Lima, destacó que con esta ley la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) será la encargada de asumir la rectoría de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

En el proyecto avalan que ATDT puede bloquear cualquier plataforma digital, prohíbe a los programadores y operadores de señales, transmitir por sí o a través de concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros, distinta de aquella que tenga fines culturales o turísticos.

También se adjudican el poder de prohibir la transmisión de publicidad engañosa, publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, con lo que amordaza a la Prensa, tal como lo han hecho en países como Venezuela y Nicaragua, donde los presidentes Nicolas Maduro y Daniel Ortega son dueños de los medios de comunicación y personalmente transmiten la información que quieren.

La aprobación de esta ley, sin un debate público y sin escuchar las voces de todos los sectores involucrados, genera sospechas y tendría consecuencias profundas y negativas para México.

A nivel internacional, la imagen del país como una democracia comprometida con las libertades fundamentales se vería gravemente dañada, ya que México ahora es comparado con regímenes autoritarios, como los de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Corea del Sur y otros lo que complicaría que las relaciones bilaterales y debilitaría la posición del país en foros globales e incluso alejaría inversiones.

Internamente, la ley, propuesta por el senador Ricardo Monreal, podría exacerbar la polarización política, generar un clima de desconfianza y limitar la capacidad de los ciudadanos para informarse y participar plenamente en la vida democrática.

México enfrenta serios desafíos en materia de seguridad y Estado de derecho, y restringir la libertad de expresión solo abonaría a la opacidad y dificultaría la rendición de cuentas.

Es crucial que el Senado de la República escuche las voces de alerta que se han levantado desde diversos sectores de la sociedad civil, los medios de comunicación, organizaciones periodísticas y escuelas de periodismo nacionales e internacionales.

La libertad de expresión no es un lujo, sino un derecho fundamental y una condición indispensable para el funcionamiento de una democracia sana.

Aprobar la “Ley Censura”, sería un grave error con consecuencias duraderas para el futuro de México.

La amenaza silenciosa de la censura no debe concretarse.

Es innegable que Claudia Sheinbaum impulsa cambios comprometidos con su antecesor Andrés Manuel López Obrador, a quien protege de sus nexos con el Cartel Sinaloa, que, junto con el Cartel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, entre otros, han orillado a México y a su población a un grave riesgo de seguridad y económico, ante la embestida del presidente Donald Trump, que declaró terroristas a los narcotraficantes de México y otros países.

En su estrategia para salvar a López Obrador, que está escondido huyendo del gobierno americano, se diseñó desaparecer a todos los organismos autónomos, modificar las leyes judiciales y del Amparo, para hacerlas a modo que favorezcan a políticos corruptos, y encarcelar a quienes se opongan a ellos, como pretenden hacerlo con el ex gobernador Silvano Aureoles, que, en la administración de AMLO, lo denunció en EEUU de proteger al cartel Sinaloa, pero ahora, según el gobierno federal, el delincuente es él.

La misma acusación contra López Obrador la han hecho en organismos internacionales los partidos políticos PAN y PRI, así como senadores republicanos estadounidenses que claman bombardear México.

La censura a la libertad de expresión se agravará  con las elecciones del 1 de junio para elegir jueces y magistrados hechos a medida del gobierno de Sheinbaum, para liberar a su gente y encarcelar a los opositores, tal como ocurre en Venezuela y Nicaragua, que también han sometido al Poder Judicial, como lo está haciendo la sucesora de AMLO.

Es evidente que el gobierno federal maneja a su antojo las elecciones de jueces y magistrados, para amordazar el Poder Judicial, como lo ha hecho con la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral y como ahora quiere hacerlo con Internet, para bajar cualquier sitio web no afín a su gobierno autoritario.

Las elecciones de jueces y magistrados del 1 de junio, un proceso que, según los detractores, podría resultar en la designación de funcionarios de baja calidad y manipulables por el gobierno.

La sombra de la injerencia gubernamental se cierne sobre el poder judicial.

La preocupación radica en la posibilidad de que los nuevos jueces y magistrados, en lugar de ser garantes de la justicia y el estado de derecho, se conviertan en meros instrumentos del poder ejecutivo que insiste en amordazar la libertad de expresión en todas sus formas.

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Por ELVIA ANDRADE BARAJAS

Hoy, 4 de abril, celebramos el 19º aniversario de Reportajes Metropolitanos, un medio de comunicación que ha sido testigo y narrador de las historias buenas y malas de las autoridades y nuestra sociedad.

Desde su fundación en 2006,  RM ha sido un faro de independencia, pluralidad y compromiso con la verdad, navegando en el vasto océano del periodismo digital.

En este día especial, también rendimos homenaje a aquellos periodistas que han dejado una huella imborrable en el mundo del periodismo y cuya ausencia se siente profundamente.

Recordamos con respeto y admiración a José Manuel Nava Sánchez, cuya trágica muerte sigue impune; a Manuel Contreras, Mónica Martín y Carlos Ravelo, quienes dedicaron sus vidas a la búsqueda de la verdad y la justicia.

Su legado vive en cada palabra escrita y en cada historia contada, reportaje o artículo de opinión que siguen vigentes en REPORTAJES METROPOLITANOS.

Este aniversario no solo es un momento para mirar hacia atrás y celebrar los logros alcanzados, sino también para renovar el compromiso con los valores que han guiado este proyecto desde sus inicios.

En un entorno mediático donde la independencia y la pluralidad son más necesarios que nunca, Reportajes Metropolitanos sigue siendo un ejemplo de cómo el periodismo puede ser una herramienta poderosa para el cambio y la justicia del mundo.

Asimismo, celebramos y agradecemos las contribuciones de los colaboradores que, con su esfuerzo y pasión, han enriquecido las páginas de este medio a lo largo de los años:

José Mnuel Nava Sánchez +
Mónica Martín +
Mario Campa Landeros +
Carlos Ravelo +
Manuel Contreras +

Ramiro Gómez Luengo
Octaviano Lozano Tinoco
Jose Luis Trizas
Minerva López Méndez
Norberto López Zúñiga
Alfonso Fernández de Córdova M.
Ricardo Herrera Solis
Alberto Estévez Arreola
Rafael Peregrina
María Rita Palomares AEstebán Mayo
Sergio Gil.

Hoy también extendemos nuestro agradecimiento a quienes siguen trabajando con entusiasmo en Reportajes Metropolitanos, dando vida y continuidad a este medio periodístico:

Teodoro Rentería Arroyave
Benjamín Bernal
María Calcagno
Amada María
Paloma Elfride Palomares, Máster web
Elvia Andrade Barajas, fundadora de RM

Durante estos 19 años, Reportajes Metropolitanos ha defendido la libertad de expresión, posicionándose como una voz firme y valiente en la lucha por los derechos humanos, de los periodistas y la verdad.

El esfuerzo constante de todos sus colaboradores le ha valido diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales, consolidando su lugar como uno de los referentes en el gremio periodístico digital.

Además, Reportajes Metropolitanos se enorgullece de pertenecer a agrupaciones periodísticas que respaldan su misión y visión, como Reporteros sin Fronteras, CONAPE Internacional y el Club de Comunicadores y Periodistas de México (COPAC)

Estas asociaciones representan el compromiso colectivo por fortalecer los valores del periodismo y la ética profesional en busca de una vida digna para la humanidad.

A todos los que han formado parte de esta travesía, desde lectores fieles hasta colaboradores incansables, gracias por ser el motor que impulsa RM.
Que los próximos años RM siga siendo testigo de historias que merecen ser contadas por un periodismo libre, independiente, plural y comprometido con la verdad.
Gracias.

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